La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la Sareb, conocida popularmente como banco malo, que podría acarrear a la entidad una sanción de hasta 109,4 millones de euros. La multa se impodrá si la sociedad no acredita haber puesto las viviendas de protección oficial que forman parte de su cartera –la Junta estima que tiene 911 en toda Andalucía– a disposición de los registros de demandantes de vivienda de cada Ayuntamiento para que sean ofrecidas a personas con necesidades de vivienda.
Según informa la Consejería, hasta ahora "la Sareb ha incumplido supuestamente su obligación de comunicar un inventario de dichas viviendas y de ponerlas a disposición de los registros municipales". Ello podría desembocar en una doble sanción que, sumada, alcanzaría casi 110 millones. Así, fuentes de la Consejería explican que el 17 de enero se notificó el comienzo del expediente sancionador a la Sareb por no comunicar su inventario de vivienda protegida en el plazo de un mes. Esa obligación está vigente, de acuerdo con estas mismas fuentes, desde que en abril de 2013 se aprobó el decreto antidesahucios andaluz.
Andalucía: la política de vivienda que enerva a los poderosos
"La Sareb no ha comunicado a la Consejería inventario alguno. En cambio, la Consejería sí ha tenido conocimiento fehaciente de que la Sareb posee viviendas protegidas en su balance", explican. Estas mismas vocen apuntan que ha sido la propia entidad la que, en un informe titulado Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía, desveló ser titular de 6.379 viviendas en la Comunidad, 911 de ellas protegidas. La Consejería añade que en ninguno de los dos recursos del Gobierno central ante el TC, que dejaron sin efecto primero el decreto antidesahucios y más tarde la ley del mismo contenido, se impugnó el apartado que permitiría ahora sancionar al banco malo con 120.000 euros por este motivo.
El grueso de la multa, hasta 109,32 millones, se impondría si se acreditase que además de no comunicar que es titular de esas 911 viviendas protegidas, la Sareb hubiera evitado ponerlas a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda. En ese caso, la administración andaluza estima que habría cometido hasta 911 sanciones muy graves, cada una de las cuales acarrearía una sanción de entre 30.001 y 120.000 euros. En este sentido, apuntan que el pasado 20 de enero se envío un requerimiento oficial de información y documentación para que el banco malo demuestre, si puede, que ha cumplido con esta obligación legal.
Finalmente, la administración andaluza rechaza que los sucesivos recursos del Gobierno central hayan dejado sin efecto los apartados de la Ley Antidesahucios impulsada por la Consejería de Elena Cortés (IU) que le permitirían imponer las sanciones. "Sólo están suspendidos los preceptos impugnados", argumentan, entre los que figuran los artículos que establecen multas para las entidades jurídicas que mantienen viviendas desocupadas y aquellos que regulan la expropiación forzosa del derecho de uso de los inmuebles cuando entidades bancarias quieran desalojar a familias en situación de especial necesidad.
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la Sareb, conocida popularmente como banco malo, que podría acarrear a la entidad una sanción de hasta 109,4 millones de euros. La multa se impodrá si la sociedad no acredita haber puesto las viviendas de protección oficial que forman parte de su cartera –la Junta estima que tiene 911 en toda Andalucía– a disposición de los registros de demandantes de vivienda de cada Ayuntamiento para que sean ofrecidas a personas con necesidades de vivienda.