La decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de realojar de forma urgente a las familias de la llamada Corrala Utopía en contra del criterio de la presidenta, la socialista Susana Díaz, que consideró el realojo irregular e incluso llegó a retirar parte de sus competencias al departamento, es sólo la punta del iceberg de una serie de medidas que suscitan fuertes recelos en el el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, en especial, en la banca. De hecho, buena parte de la Ley Antidesahucios andaluza está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central.
La actuación de la Consejería, comandada por Elena Cortés y que es el departamento estrella en manos de IU en el Ejecutivo autonómico, ha incluido iniciativas únicas en España, que otras comunidades –como Cataluña– han comenzado a imitar. Andalucía es también la única región donde se ha abierto expediente sancionador a varios bancos por no informar a la Administración de las viviendas de protección oficial que poseen, así como el único sitio donde se permite, en determinadas circunstancias, que los inquilinos de pisos públicos que no puedan hacer frente al pago de su cuota la cubran haciendo trabajos para la comunidad.
La odisea legal comenzó hace un año, en abril de 2013, cuando la Junta aprobó el decreto ley antidesahucios. Esta norma fijaba, por ejemplo, el marco legal para poder expropiar por un plazo de tres años el uso de las viviendas que tuviesen en propiedad bancos, filiales inmobiliarias o sociedades de gestión de activos con el fin de evitar que las familias en riesgo de exclusión fuesen desalojadas; igualmente, se establecían sanciones de hasta 9.000 euros para los bancos poseedores de viviendas vacías que no las pusiesen en alquiler.
Este decreto ley fue impugnado en junio por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional. Pero no antes de que diese algunos frutos, ya que se iniciaron 12 expedientes para evitar el desahucio de otras tantas familias que, si bien no pudieron continuar adelante hasta la aprobación posterior de la norma antidesahucios como ley –en septiembre de 2013–, consiguieron que los desalojos no tuviesen lugar. Esto fue así, según alegó la Junta en un informe sobre el recurso del Gobierno a la ley, porque el propio Ejecutivo regional inició para estos casos "un proceso de tutela" que "dificulta el desahucio".
La suspensión del decreto duró poco. En septiembre, el Parlamento andaluz volvió a aprobar la norma antidesahucios, pero en esta ocasión como ley aprobada por el Parlamento, por lo que las medidas volvieron a estar en vigor... hasta el pasado diciembre, cuando se repitió la jugada y el Gobierno central recurrió ante el TC, que paralizó la aplicación de la legislación.
No obstante, en los escasos tres meses en que las medidas antidesahucios volvieron a tener vigencia, consiguieron proteger a algunas familias en riesgo de desalojo. En este sentido, y según datos de la propia Junta de Andalucía, la norma "había permitido expropiar 39 viviendas, evitando durante tres años el desahucio de otras tantas familias en riesgo acreditado de exclusión social: 15 en Málaga, seis en Granada, cinco en Sevilla, cinco en Córdoba, tres en Almería tres en Cádiz y dos en Huelva". Sin embargo, la Junta reconoce que de estas 39 expropiaciones del uso, tan sólo dos han sido culminadas, mientras que las otras 37 familias han quedado "en riesgo de desahucio" aunque asesoradas por la Junta.
"De hecho", insiste el Ejecutivo autonómico, "ninguna de las familias acogidas a la expropiación cuyo caso ha llegado al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha sido desahuciada durante la tramitaciónBoletín Oficial de la Junta de Andalucía , incluso durante los tres meses en que la norma (entonces decreto) estuvo suspendida tras el primer recurso del Gobierno. La Consejería de Fomento y Vivienda ha solicitado por escrito a cada uno de los juzgados que llevan estos casos que no desahucien a estas familias hasta tanto no haya una sentencia firme del TC".
Programa de asesoramiento a las familias
Pero más allá del decreto y la ley, en Andalucía se han tomado otras iniciativas para tratar de evitar desahucios. Es el caso, por ejemplo, del programa piloto que se ha puesto en marcha con el objetivo de que las familias residentes en viviendas de alquiler social de la Junta que no puedan hacer frente al pago de las cuotas puedan permanecer en sus casas y no ser desalojados a cambio de ocuparse de trabajos en la comunidad, como arreglos en los patios de los edificios, tareas de pintado de las escaleras y renovación de instalaciones eléctricas.
Cataluña sigue el ejemplo de Andalucía y multará a los bancos con viviendas vacías
De igual forma, la consejería inició en octubre de 2012 un programa de asistencia para las familias en riesgo de desahucio o que ya hubiesen sido desalojadas de sus viviendas, con el fin de proporcionarles información y asesorarles a la hora de negociar con los bancos. En este sentido, la consejera Cortés aseguró el pasado diciembre que en los primeros 15 meses de vida del programa –al que se han sumado una tercera parte de los municipios andaluces– se habían conseguido evitar un total de 4.313 desalojos.
Pero las iniciativas no sólo se han enfocado en parar los desalojos. La Junta también ha abierto expedientes a varios bancos, incluida la Sareb –el conocido como banco malo–, por no haber puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de residencia las viviendas de protección oficial de su propiedad, un requisito que introdujo la Ley Antidesahucios y que no fue recurrido ante el TC. No proporcionar la información al registro supone una falta muy grave, que puede acarrear sanciones que van de 30.000 a 120.000 euros por cada vivienda, lo que en el caso de la Sareb podría suponer que se le impusiese una multa de un máximo de 109,4 millones de euros.
¿Y la vivienda pública? Un portavoz de la consejería argumenta que en Andalucía "no hace falta" construir más casas. Y ofrece un dato: en la región hay 700.000 viviendas vacías. Por ello, según cuenta, las políticas del departamento dirigido por Cortés se están dirigiendo al "mantenimiento" del parque público, una partida en la que se ha pasado de invertir dos millones de euros en 2012 a 46 en 2014. Igualmente, en junio se pondrá en marcha un programa para rehabilitar más de 94.000 viviendas públicas y privadas, lo que servirá, según aseguró en febrero Cortés, para generar empleo en el sector de la construcción, que cuenta con más de medio millón de parados en la comunidad.
La decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de realojar de forma urgente a las familias de la llamada Corrala Utopía en contra del criterio de la presidenta, la socialista Susana Díaz, que consideró el realojo irregular e incluso llegó a retirar parte de sus competencias al departamento, es sólo la punta del iceberg de una serie de medidas que suscitan fuertes recelos en el el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, en especial, en la banca. De hecho, buena parte de la Ley Antidesahucios andaluza está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central.