Ángel Renieblas era tutor de 5º de Primaria en el Colegio La Senda de Cabanillas del Campo, un municipio de Guadalajara. Los empleados públicos de la Administración autonómica convocaron una huelga para manifestar su oposición a los recortes educativos que el entonces Gobierno conservador de María Dolores de Cospedal estaba llevando a cabo en Castilla-La Mancha. Renieblas decidió secundar el paro, que se celebró el 29 de febrero de 2012, y entregó a sus alumnos una carta dirigida a sus padres en la que informaba de las razones que le llevaban a tomar esta decisión.
Ese hecho le valió una denuncia por parte de la Consejería de Educación, que le sancionó con 30 días de suspensión de empleo y sueldo por dos conductas: utilizar bienes públicos para usos particulares e incumplir el deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Guadalajara, más tarde, ratificó la sanción.
Carta enviada por Ángel Renieblas a los padres de sus alumnos.
Este lunes, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) consideró en un fallo estimatorio el recurso de amparo que presentó el profesor, concluyendo que el único hecho acreditado consistió en que el maestro "informó a los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla". infoLibre entrevista a Ángel Renieblas tras esta decisión.
PREGUNTA. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha le sancionó por una carta que dirigió a los padres de sus alumnos de 5º de Primaria en la que exponía sus razones para apoyar la huelga. Este lunes el Tribunal Constitucional le da la razón y anula el castigo que se le impuso, ¿cómo ha recibido esta noticia?
RESPUESTA. Me llamó el abogado intersindical Javier Donate y me dio la noticia. Primero la recibí con asombro, con satisfacción, muy emocionado. La verdad es que fue una sorpresa porque ya después de tanto tiempo no la esperas, así que se produjo un choque a nivel emotivo. En cuanto se supo, la noticia empezó a correr por las redes, y esto en el momento que empieza a circular no hay quien lo pare. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) siempre ha considerado que no estaban probadas las tesis de los cargos políticos que impulsaron la denuncia, sobre todo porque la sanción ignoraba la instrucción del inspector del centro que, además, fue confirmada por el inspector jefe. Y estos son mis mayores cargos a nivel docente. Yo entregué la carta el día 28 de febrero de 2012 y la huelga era el día 29. El día 2 de marzo ya se personó el inspector en el colegio. Más tarde, el día 19, emitió un informe solicitando el archivo del caso.
P. ¿Cómo se produjo la inspección que realizaron a los pocos días de la entrega de la carta?
R. Dentro del servicio de inspección, cada inspector lleva una serie de centros. Luego, además, tienen un inspector jefe. El servicio pidió que se archivaran las actuaciones, pero los cargos políticos no hicieron caso y continuó el proceso administrativo: me incoaron un expediente y me impusieron una falta leve. Este procedimiento se inició ya en mayo de 2012. En ese momento, yo como funcionario tenía derecho a alegar –así que alegué en el expediente– y a presentar un recurso de alzada. Sin embargo, la resolución del señor Marín [que en aquel momento era consejero de Educación de Castilla-La Mancha del Gobierno de María Dolores de Cospedal, la entonces presidenta autonómica] lo desestimó. Por tanto, en aquel momento comenzó la sanción disciplinaria.
P. ¿En qué consistió la sanción?
R. La sanción disciplinaria me suspendió un mes de empleo y sueldo. A los jóvenes les dejaron sin profesor y a mí me dejaron sin cobrar durante un mes. Esa fue la sanción pero, además, hay que mencionar todo lo que conlleva a nivel profesional: se puso en duda toda mi actuación. La cumplí del 1 al 30 de enero de 2013 y, ya en 2014, el sindicato elevó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que lo admitió en 2016 después de llevar a cabo su estudio. Y hasta hoy, que ya han emitido sentencia. En todo este periodo, además, se celebró un juicio en el Tribunal de lo Contencioso número 1 de Guadalajara, que decidió emitir una sentencia favorable a la Administración.
P. La razón de la sanción era que usted llevó a cabo un "adoctrinamiento" hacia sus alumnos, ¿era esa su intención?
R. Los mismos alumnos lo dijeron. Lo que se puso en duda es mi actuación a nivel profesional como tutor, la libertad de expresión –como el mismo Tribunal Constitucional ha ratificado– y el derecho a huelga. Lo que dijeron es que yo intentaba adoctrinar al alumnado al entregar el documento, una cuartilla. Primero utilicé la asamblea de clase como recurso, porque yo era el tutor, y la agenda escolar como procedimiento para hacer llegar a los padres la carta. Esto no es nada revolucionario, llevo años haciendo uso de ella y por este medio se entregan cantidad de notificaciones del centro. El Constitucional afirma ahora que lo único que considera acreditado es que "el demandante informó a los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla, pero esa circunstancia no denota por sí sola un propósito de adoctrinamiento o, al menos, un propósito de influir de forma tendenciosa al alumnado". Entonces, añade el Tribunal: "No cometió la falta leve por la que fue sancionado, consistente en el incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal".
Me dijeron también que estaba utilizando medios públicos, y yo recuerdo que hice el comunicado y lo fotocopié en mi casa en papel reciclado. Pero, en cambio, me dijeron que utilicé papel del colegio –que era mentira– y que empleé diez minutos de la clase de Matemáticas. En aquellos años recuerdo además que se impartía Educación para la Ciudadanía, una asignatura que suscitó mucho conflicto. En esa materia se estudiaban los Derechos Humanos, la Constitución y, por supuesto, el derecho a huelga. Yo mismo la impartía. Entonces ahora la sentencia considera "que la actuación del maestro, que solo dedicó unos minutos de la clase a explicar a sus alumnos las razones de la huelga y entregó una nota dirigida con la misma finalidad, no tiene encaje en el tipo sancionador dada la naturaleza de la información transmitida y el escaso tiempo que dedicó a ello". Yo no les hice un mitin a los alumnos, porque además tampoco lo necesitaban y sabían de qué iba el asunto. De hecho, cuando testificaron ante el inspector –que se entrevista también con ellos y sus familias– dijeron: "El profe dijo que él quería ir a la huelga para ver si se solucionaban los motivos que explicaba en la carta y porque iba a haber recortes en el presupuesto". Esa era mi intención, y ahora la ha ratificado el Tribunal Constitucional.
P. Desde ese momento hasta que se le notificacó la sanción, ¿recibió quejas por parte de los padres y madres o le mostraron su apoyo?
R. Yo creo que un padre fue uno de los que me denunciaron. Y aquí hago un símil: la cesta de mi denuncia se tejió con muchos mimbres. Es decir, yo era una persona muy conocida en Cabanillas, era coordinador de Izquierda Unida, hicimos la plataforma en defensa de la escuela pública, etc. He sido siempre un activista dentro del terreno sindical y de defensa de la educación. Entonces, intervino la presidenta del AMPA [Asociación de Madres y Padres de Alumnos] en aquel momento; el alcalde de Cabanillas, que era del PP, el señor Celada; y la concejala de Educación, Estela Iturregui. Estamos convencidos de que fueron a por mí porque hubo muchos otros ataques a la libertad de expresión y se criminalizó la protesta social en aquellos años, que fueron muy duros.
P. Entonces, ¿considera que la decisión de sancionarle es puramente ideológica?
R. Yo creo que sí. Ideología también es cuando alguien te dice: "Intentas adoctrinar". Mi sindicato, por ejemplo, defiende la Religión fuera de la escuela porque nosotros estamos convencidos de que se adoctrina. Y todos sabemos qué tipo de ideología defienden las personas favorables a que se imparta Religión en los colegios. Estas personas son las mismas que me dicen a mí que estoy adoctrinando y las que, además, eliminaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La sanción, según dice la propia sentencia, viene de una denuncia presentada por la concejala de Educación del Ayuntamiento de Cabanillas. A mí me consta que hubo una reunión entre el padre que comenté antes, el alcalde, el señor Celada, y Estela Iturregui, la concejala. Luego, un entramado de padres y miembros de la Junta Directiva del AMPA hicieron todo lo posible para que a mí se me denunciara. Por aquel entonces, entre los recortes echaron a 5.000 profesores en toda Castilla-La Mancha, 800 en Guadalajara. Y ahora la señora Cospedal viene diciendo que ella no recortó. Luego, además, la coordinadora provincial de Educación, Cultura y Deporte, Violeta Miguel, y Marcial Marín han recibido el premio de estar de asesores en el Ministerio de Educación.
P. Después de recibir la sanción, ¿por qué decidís presentar el recurso de amparo ante el Constitucional?
R. El sindicato, con Javier Donate a la cabeza, tiene unos servicios jurídicos bastante profesionales. Mis compañeros se solidarizaron conmigo y decidieron que la sentencia del juzgado y de la Administración educativa eran muy rebuscadas y, además, insisto en que se saltaron los informes de la inspección que, aunque se pueden equivocar, son sagrados. Cuando el inspector acude al centro se reúne con el equipo directivo, el alumnado, las familias y el equipo docente. Y los mismos alumnos, al igual que los padres, emitieron su opinión. Y no fueron elegidos, acudieron los que salieron por sorteo. Es decir, estaba toda la comunidad educativa. Los informes se los saltaron, primero la señora Iturregui y luego Violeta Miguel, que eleva la denuncia al entonces consejero, que era, como ya he mencionado, Marcial Marín.
P. ¿Considera que se han puesto límites a su libertad de expresión?
R. Por supuesto. Limitaron la libertad de expresión en el tema de Educación para la Ciudadanía, la libertad de cátedra del profesorado y el derecho a huelga. De alguna forma, con la denuncia y la sanción, lo que hicieron fue limitar el derecho a la huelga que tenemos los profesores, y también la libertad de expresión dentro del aula. Eso está clarísimo y el mismo Tribunal Constitucional lo dice. Es un tema muy serio. ¿Por qué no voy a hablar de los recortes que se están produciendo en nuestro país o del derecho a huelga? Se produjeron casos similares en toda Cabanillas, y nos tenían miedo porque nosotros no teníamos miedo en aquellos momentos. Fueron a por mí porque eso es lo que intentaban, inculcar miedo y, sobre todo, acallar manifestaciones contra los recortes.
P. ¿Continúa manteniendo las opiniones que manifestaba en la carta que entregó a los padres de sus alumnos?
Ver más'Tuitea... si te atreves': Amnistía Internacional denuncia la vulneración de la libertad de expresión en España
R. Hay muchas cosas que han mejorado pero otras se siguen manteniendo. Por ejemplo, el profesorado interino no cobraba el verano, ahora empieza a cobrarlo. Aun así, estos profesores tienen una problemática muy especial a la que no se está dando solución. Por eso, nosotros vamos a seguir luchando desde el sindicato, esté la Administración que esté.
P. Si se produjera la misma situación que en 2012, ¿volvería a actuar de la misma manera?
R. Por supuesto. Siempre lo he dicho, volvería a actuar de la misma manera. Y hay compañeros que lo hicieron después de que me sancionaran a mí. Entregaron la misma carta en sus centros. Yo insisto en que en esta materia se han mejorado muchas cosas, pero no tanto. Pero, por mi parte, si volviera a estar en la escuela, volvería a hacer lo mismo. Por supuesto. Y con este apoyo del Tribunal Constitucional tengo más razones. Este caso sirve para que a muchos compañeros se les refuerce desde el punto de vista moral y, además, es un espaldarazo a la libertad de expresión en las aulas y un espaldarazo al derecho de huelga. Lo que no me devuelve el Tribunal Constitucional son los malos ratos que hemos pasado mi familia y yo. Lo pasamos muy mal, en el pueblo nos señalaban y nos daba la espalda gente que creíamos tener al lado. Por otra parte estuvieron los compañeros del sindicato y los compañeros de Izquierda Unida, buena gente que siempre está dispuesta a ayudarte a salir adelante. La solidaridad, eso es muy importante. Pero hay que seguir luchando.
Ángel Renieblas era tutor de 5º de Primaria en el Colegio La Senda de Cabanillas del Campo, un municipio de Guadalajara. Los empleados públicos de la Administración autonómica convocaron una huelga para manifestar su oposición a los recortes educativos que el entonces Gobierno conservador de María Dolores de Cospedal estaba llevando a cabo en Castilla-La Mancha. Renieblas decidió secundar el paro, que se celebró el 29 de febrero de 2012, y entregó a sus alumnos una carta dirigida a sus padres en la que informaba de las razones que le llevaban a tomar esta decisión.