Tras muchas demoras, llega para el Gobierno de PP y Cs en Andalucía una hora decisiva: la de complacer a su socio parlamentario, Vox, que ya ha comenzado a cobrarse la factura de su apoyo. No ya con promesas, ni con fotos, ni con papeles firmados, sino con medidas concretas. Acaban de tomar forma tres: Una) las ayudas públicas a andaluces fuera de Andalucía para que no pierdan sus raíces en las zonas con "inmersión lingüística", como Cataluña; dos) el teléfono de "violencia intrafamiliar", término que Vox opone al de "violencia de género" en el marco de una batalla semántica y cultural que es en el fondo política; y tres) la introducción de limitaciones inéditas a las asociaciones de memoria. En menos de un año desde el famoso mitin de Vistalegre, en octubre de 2018, Vox ha empezado a convertir sus anhelos radicales en medidas contantes y sonantes que van camino del boletín oficial. Pero estas tres no son las únicas exigencias radicales conquistadas por Vox que toca atender. Y no sólo radicales. También las hay técnica o jurídicamente difíciles de llevar a cabo y competencialmente complicadas de abarcar.
Desde agosto hay tres presidentes del PP investidos gracias a Vox para gobernar en coalición con Cs. Es ya una fórmula. La última fue Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Antes, en julio, Fernando López Miras en Murcia. El primero fue Juanma Moreno, en Andalucía, elegido el 16 de enero, hace ya casi ocho meses. El caso andaluz ofrece la muestra más amplia para analizar lo que implica meter a la ultraderecha en una mayoría política. Y una de las conclusiones es ya evidente: los compromisos que se contraen con Vox, a menudo con el PP y Cs contra las cuerdas, no son luego fáciles de llevar a la práctica. No sólo por la dificultad política de convertir en realidad los anhelos de un partido de ultraderecha, sino también por los desafíos técnicos o competenciales que suponen. Al ser Vox un partido que opera en clave nacional, a menudo presiona para acuerdos sobre materias –como la inmigración– donde los gobiernos regionales tienen poco que hacer.
A raíz de su apoyo a la investidura de Moreno, Vox se desveló como un aliado revoltoso pero leal, disciplinado en fiscalidad, sanidad y educación y díscolo en el terreno simbólico. También ultraliberal lo económico. Un nuevo actor que, además de marcar la agenda político-mediática, ha ido aprendiendo sobre la marcha a imprimir su sello. No en vano, ha hecho valer con mayor eficacia la fuerza imprescindible de sus 12 diputados en el acuerdo presupuestario para 2019 y 2020, que concierne al Gobierno de PP y Cs en su conjunto, que en el pacto de investidura de enero, firmado sólo con el PP. Le faltaba, eso sí, que los logros pasen del papel a los hechos. Ha empezado a conseguirlo. Ahora son ya dos documentos –el acuerdo de investidura de enero con el PP y el acuerdo presupuestario de junio con PP y Cs– políticamente vinculantes los que le permiten pasar cuentas al Gobierno andaluz. infoLibre repasa las medidas ya en marcha o pendientes.
EN TRAMITACIÓN
1. Ayudas contra la inmersión lingüística
El acuerdo PP-Cs-Vox recoge que la Junta debe cambiar las normas que regulan las subvenciones a "comunidades andaluzas" en el exterior para financiar programas contra "los problemas" que origina la "inmersión lingüística", como Cataluña, para que no se produzca un "abandono paulatino de sus raíces culturales y lingüísticas".
Está por ver cómo se articula una línea de ayudas públicas andaluzas para familias residentes en Cataluña o el País Vasco, más aún cuando estas van destinadas a paliar las consecuencias de unas politicas desarrolladas por la comunidad autónoma donde residen. De momento el Consejo de Gobierno aprobó el 3 de septiembre elaborar la orden, que toma como anclaje legal el Estatuto de los Andaluces en el Mundo de 2006.
2. Limitación de ayudas a la memoria
Vox, en su acuerdo de junio con PP y Cs, arrancó una medida contra las asociaciones de memoria histórica que necesitará un encaje normativo ad hoc. El Gobierno andaluz se comprometió a que la normativa reguladora de las subvenciones a estas asociaciones establecerá que nunca más de un 20% del total de la subvención "venga a financiar gastos estructurales de la asociación". Se trata de una medida que parte de la presunción de Vox de que las asociaciones memorialistas son "chiringuitos cazasubvenciones".
El Gobierno empezó este miércoles a dar forma al acuerdo. ¿Cómo? Cultura deberá "modificar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y divulgación en materia de memoria democrática", según el acuerdo alcanzado por el Gobierno que preside Juanma Moreno (PP). El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), aclaró que se limitará el gasto dedicado al funcionamiento "estructural" de las asociaciones un 20% de la subvención. Preguntado acerca de si tenía constancia de irregularidades cometidas por estas asociaciones en este sentido, no hubo respuesta. Se trata de un requisito extra para las asociaciones memoralistas. Nada de esta limitación se dijo, por ejemplo, cuando se aprobó la elaboración de las ayudas a los andaluces en Cataluña.
3. Teléfono de violencia intrafamiliar
El acuerdo del Gobierno andaluz con Vox para los presupuestos de 2019 y 2020 incluye la creación de un “teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar”. Dicho servicio no sustituirá a la atención a las víctimas de violencia de género, sino que estará orientado a menores y personas mayores. Pero lo cierto es que ya existen en la Junta teléfonos de atención a niños y mayores [ver aquí y aquí]. Ahora se ha empezado a concretar esta nueva herramienta. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles su creación, que tomará forma en el presupuesto de 2020. ¿De qué se va a encargar? Por ejemplo, de dar respuesta a la violencia ejercida por "un hijo contra sus padres o abuelos", explicó Bendodo tras la reunión del Consejo de Gobierno. El también portavoz del Gobierno andaluz no aclaró qué aportará con respecto a los teléfonos ya existentes. Está por ver si el servicio lo prestan trabajadores públicos o hay que contratar a una empresa externa. Tampoco fue aclarado su coste.
PENDIENTE
4. Eliminación de zonas educativas
El PP y Vox acordaron en enero por escrito una medida que supondría una drástica alteración del sistema educativo andaluz: "Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo". Aunque tanto PP como Cs y Vox comparten a grandes rasgos un programa liberalizador de la oferta educativa, en Andalucía sólo Vox ha puesto el énfasis en la supresión de las zonas, que en la práctica beneficia a la concertada e incrementa su peso en el sistema y su financiación pública. Durante la primavera y el verano ya ha habido protestas de docentes por el cierre de líneas de educación pública. La eliminación de las zonas sería ir varios pasos más allá. La medida está en el acuerdo del PP con Vox. Ahora bien, la Consejería de Educación está en manos de Javier Imbroda (Cs). Este periódico preguntó por el grado de avance del cumplimiento de este compromiso, sin respuesta.
5. Órgano de colaboración con la Policía
Está recogido en el acuerdo firmado entre PP, Cs y Vox. El Gobierno andaluz se comprometió por escrito con el partido ultraderechista, deseoso de poder dar salida a su discurso de mano dura contra la inmigración, a que la Consejería de Presidencia (Elías Bendodo, del PP) debería tramitar una propuesta de "convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación" en la Junta para garantizar el cumplimiento de dicho convenio. Es decir, se trata de un compromiso que implica: 1) Un nuevo "órgano", cuya creación choca precisamente con la política de supresión de entes que pregonan PP, Cs y Vox; y 2) la firma de un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dependen del Ministerio del Interior.
El acuerdo firmado hace tres meses, con un membrete que aúna los logotipos de PP, Cs y Vox, establece que "los presupuestos para el 2020 procederán a incorporar las dotaciones necesarias" para la cobertura de dicho órgano. La Consejería de Presidencia, consultada por el tema, señala que las competencias de inmigración están residenciadas en la Viceconsejería de Juan Marín (Ciudadanos), titular de Justicia. Y ello a pesar de que el acuedo PP-Cs-Vox vincula a la Secretaría General de Interior, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
6. Inmigración "respetuosa con la cultura occidental"
El PP tiene firmado con Vox otro compromiso peliagudo, por cuanto supone una posible discriminación de inmigrantes en razón de su origen. El punto número 28 del acuerdo de enero entre ambas fuerzas señala que la Junta debe "garantizar una inmigración [...] respetuosa con nuestra cultura occidental". Este sintagma, "inmigración respetuosa con la cultura occidental", es utilizado por la extrema derecha como un eufemismo en toda Europa. Se trata de señalar sin aludir expresamente a africanos o, más concretamente, a musulmanes, que son el grupo contra el que más frecuentemente carga Vox. ¿Cómo se concretará, desde la Junta, esa "garantía" de inmigración "respetuosa con la cultura occidental"? La redacción es tan vaga que el compromiso ha quedado hasta la fecha en agua de borrajas. Pero ahí está, con las firmas del PP (Teodoro García Egea y Juanma Moreno) y de Vox (Javier Ortega Smith y Francisco Serrano).
7. Sustitución de la ley de memoria
"Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica", dice, con mayúsculas y minúsculas así repartidas, el punto 33 del acuero de enero entre PP y Vox. Ha sido una patata caliente para el PP desde su firma. Su cumplimiento se antoja improbable. La actual ley de memoria andaluza fue aprobada en 2017 sin votos en contra. PP y Cs se abstuvieron. Para el PP fue un paso adelante, ya que la norma tiene mayor alcance que la estatal, de 2007, contra la que votó. Ahora, el PP ha dado un paso atrás. Y no –o no sólo– por la presión de Vox. Pablo Casado, desde antes de su elección como presidente del PP en julio de 2018, ya propugnaba la sustitución del paradigma de la "memoria histórica" por el de la "concordia". La nueva fundación del partido, no en vano, se llama Concordia y Libertad. Pero el PP andaluz de Juanma Moreno, menos dado que Casado a las "batallas culturales", no llevó nada de eso en el programa. Vox sí.
8. Comisario de Concordia
El partido ultraderechista peleó por la inclusión de un compromiso de derogación de la actual ley, pero no lo consiguió expresamente. Sí implícitamente, con la "Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica". Ahora bien, el problema para Vox es que Cs se opone a cualquier reforma que no sea por consenso. Y es inverosímil pensar en que el PSOE y Adelante Andalucía pacen una reforma con Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, afirma que la Guerra Civil la empezó el PSOE, y que tiene al menos un parlamentario por Málaga que considera que el franquismo no fue una dictadura. Se trata de un partido de planteamientos revisionaistas en las antípodas de la actual ley, lo cual convierte en un ejercicio de voluntarismo el planteamiento del PP: la búsqueda de un nuevo consenso donde todos estén "cómodos".
Pese a la obviedad de la imposibilidad de la reforma, ahí está firmada, negro sobre blanco, en un papel con los membretes del PP y Vox. Como es lógico, el asunto acarrea tensiones. Y el PP ha hecho cesiones para combatir la impaciencia de Vox. El 12 de febrero, hace ya más de siete meses, el consejero Bendodo anununció tras una reunión del Consejo de Gobierno la creación de un "Comisionado de Concordia" que sustituiría y asumiría las competencias de lo que hasta entonces había sido el director general de Memoria Democrática. Más de medio año después, no ha habido nombramiento. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), ha afirmado en una entrevista en Europa Press que busca a "una persona de consenso entre todos los grupos".
9. Reformulación del antiguo PER
El acuerdo de junio entre PP, Cs y Vox no establece ninguna medida contra el fraude fiscal, pero sí recoge una preocupación del partido ultraderechista: el del supuesto descontrol de las ayudas que llegan a los jornaleros con escasez de peonadas en Andalucía y Extremadura, el PER. Hoy el PER ya no existe como tal, sino que ha sido sustituido por el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Se trata de un programa de ámbito estatal, no autonómico, aunque en su financiación colaboran también las comunidades. El pacto presupuestario entre las tres fuerzas establece: "En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma se implementarán los mecanismos necesarios para mejorar el control de los fondos" del PFEA. Aún está pendiente de aclaración qué mecanismos establecerá la Junta para "mejorar el control" de estos fondos, que de hecho ya son objeto de fiscalización de la Cámara de Cuentas.
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10. Auditoría independiente de todos los organismos
A pesar de la existencia de múltiples medios públicos para hacerlos, entre ellos la Intervención de la Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas, Vox ha arrancado a PP y Cs el compromiso de que en el presupuesto de 2020 se dediquen 2 millones a "auditorías de firmas privadas" sobre el sector instrumental andaluz, así como 1,5 millones para "asistencia jurídica y técnica" para su reducción. Los compromisos alcanzados con Vox tienen elementos genéricos difíciles de precisar –"suprimir la administración paralela", por ejemplo–, pero estos no supondrán problema, precisamente por su vaguedad. Más complicado puede ser para el Gobierno de PP y Cs aterrizar administrativamente la "contratación" de "firmas externas de consultoría y asesoramiento juírdico especializado en derecho laboral y reestructuración de grupos societarios" para concretar la poda del setor instrumental [ver aquí, aquí y aquí informaciones sobre la llamada "administración paralela"]. El PP y, sobre todo, Cs ya han comprobado la dificultad administrativa de llevar a la práctica su anunciado recorte de la estructura pública andaluza.
Además, el PP se comprometió por escrito con Vox a "auditar todas las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas". Está por ver cuándo y cómo.
Tras muchas demoras, llega para el Gobierno de PP y Cs en Andalucía una hora decisiva: la de complacer a su socio parlamentario, Vox, que ya ha comenzado a cobrarse la factura de su apoyo. No ya con promesas, ni con fotos, ni con papeles firmados, sino con medidas concretas. Acaban de tomar forma tres: Una) las ayudas públicas a andaluces fuera de Andalucía para que no pierdan sus raíces en las zonas con "inmersión lingüística", como Cataluña; dos) el teléfono de "violencia intrafamiliar", término que Vox opone al de "violencia de género" en el marco de una batalla semántica y cultural que es en el fondo política; y tres) la introducción de limitaciones inéditas a las asociaciones de memoria. En menos de un año desde el famoso mitin de Vistalegre, en octubre de 2018, Vox ha empezado a convertir sus anhelos radicales en medidas contantes y sonantes que van camino del boletín oficial. Pero estas tres no son las únicas exigencias radicales conquistadas por Vox que toca atender. Y no sólo radicales. También las hay técnica o jurídicamente difíciles de llevar a cabo y competencialmente complicadas de abarcar.