En enero de 2021, el Tribunal Supremo reprendió al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su intento de imputar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por haberse quedado durante meses con la tarjeta de móvil de su exasesora Dina Bousselham, soporte que resultó dañado hasta el punto de que ella no pudo recuperar su contenido. Los magistrados del alto tribunal devolvieron la causa marcando el camino a seguir en la investigación, pero de todo lo ordenado, el instructor prefirió empezar por lo que consideraba que podría obtener alguna prueba que confirmara sus sospechas: encargar más periciales para averiguar si el exlíder de Podemos fue el responsable directo del deterioro de la mini SD. Casi doce meses después, no ha habido ningún avance y García Castellón no quiere encargar otras pesquisas hasta tener los resultados del informe policial.
La investigación sobre el robo y posterior publicación en medios como Okdiario del contenido de la tarjeta del teléfono de Bousselham es la pieza 10 del caso Villarejo. Tras una instrucción llena de sobresaltos en la que Iglesias pasó de ser considerado por el juez perjudicado primero, luego sospechoso y más tarde perjudicado otra vez –por mandato de la Sala de lo Penal–, el magistrado cerró la causa en octubre de 2020 procesando a tres imputados (Villarejo y dos periodistas de Interviú) y solicitando al Supremo que abriera causa penal al entonces vicepresidente segundo por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos y denuncia falsa.
Tres meses después, a finales de enero de 2021, el Supremo contestó, pero no en la línea de lo que buscaba García Castellón: no sólo descartó imputar a Iglesias, sino que le marcó los pasos a seguir para concluir una instrucción que consideraba no agotada y le reprochó haber abandonado otras líneas de investigación sobre cómo acabaron las fotos, vídeos y conversaciones del móvil de Bousselham en medios de comunicación. Lo que dice el alto tribunal es mandato para el juez, pero éste prefirió empezar por aquellas diligencias con las que poder demostrar el único delito para el que le ha quedado margen para investigar.
Es el ilícito de daños informáticos previsto en el artículo 264 del Código Penal, para el que se prevén condenas de entre seis meses y tres años de cárcel en su modalidad más baja. Los otros delitos que le atribuía el magistrado de la Audiencia Nacional no tienen recorrido a la luz de lo dictaminado por el Supremo: descarta una imputación de denuncia falsa porque no existe sentencia o auto de sobreseimiento de una causa en la que se haya podido producir un testimonio fraudulento y para probar el delito de descubrimiento y revelación de secretos hace falta la denuncia de la víctima, en este caso su exasesora, cosa que no es previsible que ocurra. De hecho, Bousselham ha pedido declarar una vez más desde hace año y medio, pero García Castellón no ha movido ficha de momento.
El informe definitivo
Así pues, poco después de que el Supremo tomara su decisión y devolviera la causa al instructor, éste encargó un nuevo informe sobre los daños en la tarjeta SD, pues el alto tribunal sí consideraba necesaria una ampliación de la pericial informática realizada para precisar las causas que impiden acceder a la información del soporte, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.
El juez encargó pronto el análisis de la tarjeta a la policía judicial, pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando comenzaron a trabajar en el informe, ya que habían tenido que postergarlo porque le faltaban una serie de claves que debía aportar la empresa telefónica, en este caso Samsung. Las conclusiones que arroje ese informe llevarán a García Castellón a tener que tomar por fin una decisión: archivar, si resulta imposible destripar la mini SD, o seguir adelante con la investigación si ve corroboradas sus sospechas de que el soporte se dañó cuando estuvo en poder de Iglesias.
Y es que lo que sospechaba el juez el año pasado cuando envió la exposición razonada al Supremo lo ha seguido sospechando también este año. Para él, "la única explicación posible" a los daños informáticos sufridos por la tarjeta del teléfono móvil de la exasesora, que hacen imposible acceder a su contenido, es que fuera Iglesias quien los provocara. Así lo dijo en un auto del pasado mes de junio, en el que además acusaba al exlíder de Podemos de dañar el soporte con ánimo de hacerlo inservible.
La segunda opción, la de seguir adelante con la investigación, llevaría la causa a los juzgados de instrucción de Madrid, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional no sería competente para investigar al exvicepresidente por un delito de daños informáticos. Tampoco el Tribunal Supremo, pues dejó de ser el órgano judicial ante el que estaba aforado Iglesias en el momento en que dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo.
El alto tribunal también encargó al juez otra importante diligencia, en consonancia con lo que ya había pedido la Fiscalía Anticorrupción en dos ocasiones –y a lo que García Castellón había hecho caso omiso–, en el caso del presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, como es tomar declaración a Dina Bousselham. Iglesias vio el contenido de la tarjeta de memoria del móvil de la exasesora cuando fue a recogerlo a la revista Interviú y además se quedó con ella durante unos meses.
Sin una denuncia de Bousselham, no se puede proceder contra el exvicepresidente por este ilícito. La exasesora de Podemos envió escritos a García Castellón a mediados de 2020 exculpando a Iglesias, pero no volvió a declarar en la Audiencia Nacional. En un primer momento, el magistrado lo consideró innecesario y alegó que debía seguir investigando, pero envió la exposición razonada al Supremo sin hacerlo y casi un año después de que le fuera devuelta la causa, tampoco lo ha hecho.
Según informó Europa Press citando fuentes jurídicas, el sustituto de García Castellón en el Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, insistió a mediados del pasado noviembre que no tomará declaración a Bousselham hasta no conocer el informe pericial sobre la tarjeta SD. Así contestaba a la Sala de lo Penal después de que ésta encomendase al instructor que escuchara a la exasesora y además citara a la pareja de ésta y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
"Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención", justificaba el juez.
Este pronunciamiento del magistrado llegó una vez que la Sala de lo Penal puso orden en esta pieza 10 del caso Villarejo, que estaba partida en dos desde que el Supremo devolvió la parte referida a Iglesias a la Audiencia Nacional. Mientras García Castellón sigue empeñado en demostrar los indicios que, a su juicio, pesan contra el exvicepresidente, por otra parte consideraba agotada la instrucción con respecto a los periodistas y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el acceso al contenido de la tarjeta de memoria.
La Sala reordena la causa
Pablo Iglesias no concibe su imputación en el 'caso Dina': "Es imposible, no va a ocurrir"
Esto último es lo que ha corregido la Sala de lo Penal, que ha revocado el auto de cierre de la instrucción, recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares de Bousselham e Iglesias –ambos perjudicados en esta causa–, y ordena al juez que cite a la exasesora e indague en cómo acabó el contenido de la tarjeta de memoria publicado en medios de comunicación. Por eso le insta a citar a declarar a Pino, ya que fue Villarejo quien mencionó que cuando obtuvo una copia de la SD de manos del entonces director de Interviú, Alberto Pozas, la llevó a la DAO de la Policía.
La Sala explica que, a lo largo de la investigación, Bouselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por Okdiario y que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella. La teoría de García Castellón es que cualquiera podría haberlas hecho llegar a los medios, no sólo Villarejo, si bien los magistrados consideran que hay otra información que fue divulgada que no es la que se ha demostrado que la exasesora pudo hacer circular. La declaración de Bousselham, por tanto, no sólo es pertinente para que diga si perdona a Iglesias por haber visto el contenido de la tarjeta, sino para contribuir al esclarecimiento de la difusión del mismo en los medios.
Un año después de que el magistrado cerrara esta pieza, la investigación, por tanto, se ha vuelto a abrir. Será en 2022 cuando, previsiblemente, tendrá que tomar una decisión sobre Iglesias, mientras que, al mismo tiempo, deberá culminar la instrucción que, tal y como le dijo la Sala de lo Penal, se había quedado a medias sin agotar todas las pesquisas posibles para averiguar cómo acabó el contenido de la tarjeta SD en los medios.
En enero de 2021, el Tribunal Supremo reprendió al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su intento de imputar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por haberse quedado durante meses con la tarjeta de móvil de su exasesora Dina Bousselham, soporte que resultó dañado hasta el punto de que ella no pudo recuperar su contenido. Los magistrados del alto tribunal devolvieron la causa marcando el camino a seguir en la investigación, pero de todo lo ordenado, el instructor prefirió empezar por lo que consideraba que podría obtener alguna prueba que confirmara sus sospechas: encargar más periciales para averiguar si el exlíder de Podemos fue el responsable directo del deterioro de la mini SD. Casi doce meses después, no ha habido ningún avance y García Castellón no quiere encargar otras pesquisas hasta tener los resultados del informe policial.