Verónica Rubio se quitó la vida hace un año. El suicidio fue la última consecuencia, pero antes la trabajadora tuvo que soportar una cadena de violencia, que se prolongó por cinco años, producto de la difusión de un vídeo íntimo compartido sin su consentimiento. La mujer, que apenas superaba la treintena, trabajaba en una planta de Iveco en San Fernando de Henares (Madrid). Las imágenes viajaron de pantalla en pantalla, sostenidas por un contexto de silencio cómplice. La muerte de la trabajadora puso de relieve la responsabilidad de las empresas en los casos de acoso sexual, las muchas formas que adopta la violencia contra las mujeres y la ausencia de una pedagogía sólida en materia de igualdad.
Un año después de su suicidio, el juzgado penal número cinco de Alcalá de Henares (Madrid) ha sobreseído el caso. Sin denuncia por parte de la trabajadora, sin indicios de que fuese víctima de extorsión y sin autores claros del posible delito, la jueza ha decidido archivar el caso. Tal y como han confirmado a infoLibre fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el archivo se dictó el 27 de enero de este año. El procedimiento se inició por la presunta comisión de dos delitos: uno por descubrimiento y revelación de secretos y otro por infligir a otra persona a un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. "La jueza archiva el caso ante la falta de autor conocido en el primer delito y ante la falta de denuncia en el otro, requisito obligatorio para seguir adelante".
Verónica llenó titulares, abrió un debate interesadamente enquistado sobre los planes contra el acoso sexual en las empresas y aupó un grito feminista por la libertad sexual de las mujeres. Pero lo hizo cuando las consecuencias eran irreversibles. Un año después de su fallecimiento, las raíces que la llevaron a quitarse la vida quedan soterradas.
El contenido íntimo que había sido difundido entre los trabajadores de su fábrica ya había sido utilizado contra ella, años atrás. Volvía a emerger ahora, como una suerte de mal sueño que ponía contra las cuerdas a la mujer, la culpabilizaba y la sentenciaba. "Las personas que compartieron el vídeo de Verónica cometieron un delito porque no tenían su consentimiento para hacerlo, pero en ningún caso podemos acusar a la mujer por haberse grabado en vídeo", escribía entonces la autora María Llopis en este artículo.
Pero en el plano social se generó otra respuesta: la del movimiento feminista. Frente a aquello, las mujeres salieron a la calle para expresar su apoyo a la víctima. "Mi cuerpo es mío y yo decido", decían algunas de las pancartas. Otras hablaban de complicidad. Tere Sáez es fundadora de la organización feminista Lunes Lilas. En conversación con este diario recuerda que "esta sociedad sigue juzgando con una doble vara de medir a hombres y a mujeres". A ellas, reflexiona, no se les permite ser libres en ningún contexto, ni decidir "a quién le enseñan su cuerpo, cómo, ni de qué manera". El juicio de valor, entiende, queda reforzado porque va acompañado siempre de una sanción social. Es ahí donde surge el debate en torno a la "complicidad de quienes están al lado, quienes apoyan, jalean y aplauden". No es sólo "quien comete los actos, sino también quien los consiente". Ante este contexto, continúa, "son muchas las mujeres valientes que no aguantan" porque "la presión es terrible". Y es algo que "nos apela como sociedad", asevera la activista, quien llama a ser "activos en todo lo que se refiere a la violencia contra las mujeres".
Pero la palabra violencia pesa. Lo hace tanto que tiende a ser camuflada y por eso algunos compañeros de Verónica hablaban de "broma".La burla que esconde acoso, lo justifica, lo normaliza y lo hace casi invisible de tan cotidiano. Aunque los avances en la lucha contra la violencia machista son incontestables, otros muchos frentes han quedado en el camino. "La violencia sexual, pero sobre todo el acoso, está todavía muy metido en el armario y además en quienes hay que confiar, las propias empresas y los comités, tienen escasísima formación".
Un mundo de trabajo sin violencia
Verónica sí acudió a los responsables de la empresa para denunciar. Pero la compañía respondió que "era un tema personal y no laboral", tal y como expusieron en su día los servicios jurídicos de Comisiones Obreras. El sindicato denunció a la empresa ante la Inspección de Trabajo por no haber asumido su responsabilidad. Ahora está estudiando el caso, dicen fuentes de la organización, para sopesar el camino a seguir.
Todas las empresas, con independencia del número de personas que integren su plantilla, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La no adopción de estas medidas supone una infracción del ordenamiento jurídico. Pero a diferencia de los planes de igualdad, los protocolos contra el acoso no tienen que estar necesariamente registrados. Este es uno de los motivos por los que el recuento de dichos protocolos se hace complejo, lamentan los sindicatos.
Libertad sin cargos para el exnovio de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión de un vídeo de contenido sexual
Al plano laboral apunta Glòria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y directora regional de Europa, Norte de África y Oriente Medio de la International Association of Women Judges. Se centra especialmente en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya ratificación aún no se ha producido pero sí está entre los planes del Ministerio de Trabajo. El texto, explica la jurista, "protege el derecho de toda persona a un mundo de trabajo sin violencia ni acoso", de manera que se entienden tales comportamientos como una vulneración de los derechos humanos. La clave del convenio radica en que "la protección se extiende a todo suceso que ocurra durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo".
"Desde el punto de vista laboral existía un vacío en la mayoría de protocolos de acoso: la violencia conectada con el trabajo que hasta ahora no había sido abordada o prevista", subraya la magistrada. El convenio, confía, puede suponer una importante herramienta hacia un cambio de paradigma. "Es un convenio rompedor porque va mucho más allá del centro de trabajo" y además aborda "todo tipo de violencia y acoso", incluido todo aquel que guarde relación con las nuevas tecnologías. La importancia del convenio es clave, incluso sin ser ratificado, porque "se trata de criterios internacionales que quien interpreta las normas debe tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta a la protección de las víctimas".
Verónica no dio el paso de denunciar en comisaría. Su expareja fue investigada, pero las autoridades descartaron su autoría. A finales de enero, la Agencia Española de Protección de Datos diseñó una herramienta para solicitar la retirada de contenido íntimo de la red. Los destinatarios de la campaña "no son únicamente las víctimas, sino todos aquellos conocedores de la situación y que incluso contribuyen a difundir esos vídeos, imágenes o audios", señala el organismo. El canal nace, en parte, de aquella trágica historia que finalmente no ha obtenido reparación. Hoy, un año después y con la impunidad como sobremesa, se entreteje como un grano de arena más para no dejar a ninguna víctima atrás.
Verónica Rubio se quitó la vida hace un año. El suicidio fue la última consecuencia, pero antes la trabajadora tuvo que soportar una cadena de violencia, que se prolongó por cinco años, producto de la difusión de un vídeo íntimo compartido sin su consentimiento. La mujer, que apenas superaba la treintena, trabajaba en una planta de Iveco en San Fernando de Henares (Madrid). Las imágenes viajaron de pantalla en pantalla, sostenidas por un contexto de silencio cómplice. La muerte de la trabajadora puso de relieve la responsabilidad de las empresas en los casos de acoso sexual, las muchas formas que adopta la violencia contra las mujeres y la ausencia de una pedagogía sólida en materia de igualdad.