La anomalía informativa de Galicia: cómo controla la Xunta los medios públicos y pastorea a los privados

La prensa libre es “la garantía de la verdad en el sistema democrático”. El periodismo afronta “grandes retos y amenazas”, por eso “hacen falta grandes profesionales para contar los hechos con credibilidad”.

La frase es de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y candidato del PP a la elección en las elecciones del 18F. La pronunció hace apenas dos semanas y fue recibida como una burla por los periodistas y trabajadores de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). Un grupo de estos profesionales lleva cinco años protestando con ropa negra —los venres negros— para denunciar el comportamiento del PP contra la libertad de información. La semana que viene, dos días ante de las elecciones, se movilizarán de nuevo, y ya son 300 semanas consecutivas haciéndolo, con la esperanza de que las elecciones abran, también para ellos, un tiempo nuevo.

La forma en que la Xunta, a través de la radio y la televisión públicas, pero también distribuyendo de manera arbitraria fondos públicos entre los medios privados, controla la práctica totalidad del ecosistema informativo en Galicia es, desde los tiempos de Manuel Fraga, que fue su inventor, un ingrediente esencial del que se alimenta el aparato de poder del Partido Popular (PP).

Lo sabe bien el colectivo @DefendeAGalega, que representa a los trabajadores que desafían a la Xunta, algunos de los cuales han sido víctimas de represalias por pedir que se cumpla la ley. “Nuestras demandas eran y siguen siendo modestas: que se apruebe el Estatuto Profesional y se ponga en marcha el Consejo de Informativos, las herramientas que contempla la Ley de Medios Públicos de 2011 para ejercer una mínima supervisión profesional sobre la calidad y la independencia de CRTVG”.

Utilización “obscena”

Su protesta contra “la utilización cada vez más obscena de la radio y la televisión gallegas como instrumento de propaganda partidista, y la degradación de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo” ha conseguido el respaldo del Colexio de Xornalistas de Galicia, la organización profesional más relevante de la comunidad, hasta el punto de saber merecido el Premio José Couso, concedido en su edición de 2019 por votación de los periodistas gallegos. Un galardón que, naturalmente, TVG ni siquiera dio a conocer a sus espectadores.

Los ejemplos de manipulación son innumerables. Basta citar aquí algunos recientes al hilo del debate electoral emitido el pasado lunes. En estas imágenes se puede ver cómo el informativo reproduce textualmente el argumentario del PP.

“Alianza da oposición contra Alfonso Rueda” fue el titular de apertura del telediario de mediodía al siguiente del debate. “Toda una declaración de intenciones, impropias de un canal público, que continuó con la presentadora y redactora jefa, Marta Darriba, intentando disfrazar de información una sucesión de frases que, en rigor, constituirían una columna de opinión, que debería firmar el mismo Partido Popular”, denunciaron los sindicatos de la CRTVG. 

Lo primero que mostraron al espectador fueron dos “choques dialécticos, uno en el que el candidato popular relaciona al BNG con ETA y otro, en el que recrimina al candidato socialista estar en el Congreso. Dos temas que interesan a la campaña de los conservadores, sin ningún fragmento posterior que, al menos, equilibre la balanza con un mínimo rigor y sin respeto por la pluralidad”. Para concluir con una traslación al cuerpo de la noticia, durante casi tres minutos, “del ideario de Alfonso Rueda: confusión de una oposición aliada contra la estabilidad que solo ofrece el PP, enfoque en la supuesta relación entre BNG y Bildu e imposición del monolingüismo, y escasa dedicación o incluso ocultación directa de los argumentos esgrimidos por las candidatas del BNG, PSdeG, Sumar y Podemos, mientras que las ideas de los populares fueron reiteradas y subrayadas”.

La política de estricto control político sobre la CRTVG comenzó nada más llegar Feijóo a la Presidencia de la Xunta con el nombramiento a dedo, en mayo de 2009, de su actual director, Alfonso Sánchez Izquierdo. No hubo acuerdo con PSOE o BNG, los otros dos partidos entonces representados en el Parlamento de Galicia. 

Sánchez Izquierdo sigue, quince años después, al frente de la televisión y la radio pública gallegas, pese a que su mandato caducó en 2014. Con el fin de blanquear semejante irregularidad, Feijóo optó por prorrogar su nombramiento de forma interina mediante una cláusula incorporada a los Presupuestos de Galicia de aquel año. Para hacerlo tuvo que saltarse su propia legalidad y no aplicar la ley reguladora de la CRTVG aprobada en 2011. 

Una norma modélica, según todos los especialistas, que prevé la designación de un consejo de administración de siete miembros, uno de los cuales será director general, elegido por mayoría parlamentaria de dos tercios en primera vuelta o de tres quintos en segunda. Y con un mandato de cinco años, para evitar su coincidencia automática con las legislaturas parlamentarias y los gobiernos de turno. Pero que es papel mojado.

De acuerdo con la misma ley, es el Parlamento de Galicia el que tiene que elegir a los siete miembros del Consejo de Administración de la CRTVG entre “personas con acreditada experiencia profesional y reconocido prestigio”. En realidad, lo único que los siete actuales tienen en común es su probada afinidad con los partidos políticos representados en la Cámara autonómica. 

Vínculos políticos

Cuatro de ellos (la mayoría de control del Consejo) han trabajado o lo hacen todavía para el PP o para la Xunta (uno de ellos era hasta hace poco Luis de la Matta, el actual jefe de comunicación de Génova). Lo mismo puede predicarse de los otros tres y de sus vínculos con el PSOE y el BNG.

Mientras tanto, el dinero dedicado por la Xunta a someter a los medios privados hace su trabajo. La cifra alcanzó en los trece años de la presidencia de Feijóo un total de 45 millones de euros, según un cálculo difundido por el diario Público que no incluye el dinero utilizado para el mismo fin a través del entramado de empresas públicas y organismos dependientes de las diferentes consellerías. Abultadas subvenciones que se distribuyen a dedo, sin transparencia ni ningún criterio objetivo. A veces incluso sin una finalidad que justifique, siquiera formalmente, el dispendio.

El modo en que opera este sistema es bien conocido por todos quienes ejercen o han ejercido el periodismo en Galicia, pero pocos han hecho un esfuerzo de sistematización y análisis como Luís Álvarez Pousa, periodista, autor de Medios e políticos, baixo sospeita. 1990-2023 (Laiovento, 2023).

En opinión de Álvarez Pousa, doctor en Historia Contemporánea y director de la revista Tempos Novos, el grado de sometimiento del sistema informativo gallego es de tal importancia que “es difícil encontrar, a escala y en contextos democráticos, un modelo tan acabado de dependencia. Si nos atenemos a los últimos 15 años, podríamos decir que los gobiernos de Feijóo y Rueda vienen practicando una eficacísima estrategia de doma y castración sobre el ecosistema mediático”. 

El PP, a través de la Xunta, no solo “mantiene secuestrada” la ley que regula los medios públicos desde 2011, “negándose a desarrollar sus artículos más democratizadores”, sino que, “mediante la entrega a fondo perdido —sin publicidad y de espaldas al Parlamento— de cantidades millonarias de dinero público, doblega a la mayor parte de las empresas de comunicación privadas, garantizándose el blindaje que ambos dirigentes necesitaron y necesitan para sestear el poder al margen de la opinión pública”. Una situación que además, subraya, garantiza a los conservadores acudir “dopado en la confrontación electoral, lo que explica en buena medida las abultadas mayorías absolutas” que obtiene.

Efecto “anestesiante”

Álvarez Pousa sostiene que “todo lo que entra en lo que se entiende por ‘medios dominantes’ de raíz gallega está bajo el efecto anestesiante del gobierno conservador”. Se puede ver en las cabeceras de prensa tradicionales “cuando ese sistema corrupto de compraventa de información desenfoca, manipula u oculta hechos, adaptándose a las necesidades y urgencias del gobierno de Rueda y del partido que lo sostiene”. 

Hay excepciones, claro, reconoce, aunque con una potencia informativa inferior. “Nós diario, de muy reciente aparición, tres revistas mensuales, unos pocos medios digitales, todos con el denominador común de editarse en gallego, son junto con la edición regional de un digital y una cadena radiofónica madrileñas la excepción que confirma la regla. Con un costo alto: como si fuesen apestados, están institucionalmente discriminados”, denuncia. 

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Lo que no hay, explica Álvarez Pousa, son digitales de extrema derecha como los que integran la fachosfera española y “alimentan a diario los decibelios de la cruzada ideológica que protagoniza el nacionalismo (político, judicial y mediático) español”. Aunque lo que sí existen, advierte, “palmeros regionalistas que militan en esa cruzada desde las páginas de opinión de una parte de la prensa subvencionada y desde los programas de la TVG y de la Radio Galega”.

¿Cuántos medios subvencionados sobrevivirían sin el dinero de la Xunta? “De no estar bajo el paraguas de los dineros públicos que vienen percibiendo desde los tiempos de Fraga Iribarne, pocas de las actuales 11 cabeceras que se editan en castellano hubiesen sobrevivido”. 

Sus niveles de negocio, especialmente durante la crisis económica iniciada en el 2008, alcanzaron “abultadísimos déficits que el poder político aprovechó para atarlas de pies y manos a cambio de subvenciones, publicidad institucional, convenios con todas y cada una de las consellerías, compra de ejemplares en bloque (para esconder la pérdida de lectores y falsear los datos de la OJD), además de por la vía de los contratos de programas de entretenimiento y series que, como una cuota de obligado cumplimiento, firma la TVG con sus respectivas productoras. Siempre siguiendo la ley del más fuerte”, remata Álvarez Pousa.