Dos años de bloqueo del CGPJ: la mayoría de los vocales no se plantean dimitir e insisten en seguir haciendo nombramientos

Hace dos años, el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se frustró por un inoportuno mensaje del exportavoz conservador en el Senado Ignacio Cosidó en el que se alegraba de que el pacto, que incluía al magistrado Manuel Marchena como futuro presidente del órgano de gobierno de los jueces, permitiría a su partido controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "desde detrás". Desde entonces, las negociaciones han sido infructuosas debido principalmente a los numerosos procesos electorales de 2019 y el bloqueo que mantiene el partido presidido por Pablo Casado, que cada día pone una excusa distinta para no cumplir con lo que dicta la Constitución.

Los vocales del CGPJ, que van a cumplir siete años de mandato cuando a los cinco –concretamente el 4 de diciembre de 2018– debían haber sido sustituidos, se ven en medio de una pugna política en la que no participan, pero la prolongación de esta situación les ha llevado a ser el centro de la controversia por seguir ejerciendo funciones tan determinantes como hacer nombramientos discrecionales una vez agotado su tiempo. En los últimos meses han sido constantes los rumores sobre un posible acercamiento entre los dos partidos mayoritarios para recabar la mayoría necesaria de tres quintos en Congreso y Senado para renovar el órgano, pero las conversaciones no terminan de cuajar, así que los vocales tomaron la determinación de continuar en sus puestos, ya que la ley no se lo impide expresamente.

El CGPJ está formado por veinte vocales y un presidente –desde 2013, Carlos Lesmes–, todos ellos jueces, magistrados y juristas de reconocida trayectoria cuyo mandato es de cinco años y que son elegidos por mayoría de tres quintos de Congreso y Senado. De los 21 miembros, el presidente y otros siete forman a su vez la Comisión Permanente y sus integrantes tienen dedicación exclusiva, aunque la composición es rotativa. La función del Consejo consiste en realizar nombramientos, ascensos y traslados, además de otras materias como la inspección del funcionamiento de los juzgados y tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial. Según destaca la página oficial del órgano, estas competencias permiten "evitar que otro poder del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, pueda influir directa o indirectamente sobre la independencia judicial". Además, es uno de los órganos consultivos del Gobierno en la presentación de proyectos de ley.

De acuerdo con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se acaba de empezar a tramitar en el Congreso, el año que viene el presidente del CGPJ percibirá un salario anual de 142.510 euros, mientras que el resto de vocales que estén en la Comisión Permanente cobrarán 122.908 euros. En caso de que los grupos políticos lleguen a un acuerdo para la renovación, en aplicación de la última reforma sobre el funcionamiento de este órgano lo que cobran los siete miembros de la Permanente pasará a ser cobrado por todos los vocales de este órgano. Esto se debe a que vuelve a ampliarse a todos ellos la exclusividad en el cargo, la norma que venía imperando en el CGPJ a excepción de estos años de mandato de Lesmes.

Dimisión... ¿sí o no?

Salvo algunas excepciones, los vocales ni se plantean la dimisión en bloque o de una parte del Consejo para presionar a los políticos ante la falta de acuerdo para su renovación. La mayoría sostienen que sería "irresponsable" desatender sus "obligaciones" como consecuencia de una pelea entre partidos y, de hecho, aseguran que continuarán ejerciendo la labor para la que fueron designados, lo cual incluye nombramientos para renovar los órganos judiciales que así lo requieran, mientras la falta de acuerdo persista. infoLibre ha hablado con algunos de los vocales justo cuando se cumplen dos años de bloqueo.

Todos los consultados defienden la gestión del CGPJ tanto en sus cinco años de mandato ordinario como en los dos años en que la renovación ha estado bloqueada, y apelan al compromiso institucional que adquirieron cuando fueron designados por las Cortes allá por diciembre de 2013. A partir de ahí, los vocales difieren en la estrategia que debería seguir el Consejo una vez constatada la falta de acuerdo político necesario para su renovación, pero es mayoritaria la opción de continuar ejerciendo las funciones para las que fueron elegidos, por lo que dimitir, como se les ha reclamado desde diferentes sectores políticos y mediáticos, no entra en sus planes.

"Como miembro de un órgano constitucional, entiendo que está fuera de lugar que lleve a cabo actos de presión, que sería una forma de participación en el conflicto político que subyace a la falta de acuerdo que impide la renovación. Pero sobre todo porque me parece una actitud irresponsable. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es clara cuando establece que, mientras no haya relevo, los vocales tenemos la obligación de continuar en funciones. Dimitir por causa no justificada es faltar al cumplimiento de esa obligación. No consigo entender el planteamiento de quienes opinan que para solucionar un problema lo mejor es crear otro mucho mayor y más grave como es descabezar el gobierno del Poder Judicial. Me parece una actitud que sólo soy capaz de concebir desde planteamientos antisistema", afirma el vocal José María Macías, que fue nombrado a propuesta del PP.

Otro miembro del CGPJ que ha solicitado no publicar su nombre es de la misma opinión y también subraya su "compromiso institucional" a pesar de recordar que el órgano fue renovado por cinco años y no más y a pesar del "sacrificio" personal y profesional que según él le supone seguir ejerciendo de vocal, pues los ocho integrantes que no salen de entre jueces y magistrados lo compatibilizan con su actividad profesional: "Por un elemental sentido de la responsabilidad, no puede dejarse vacante un órgano constitucional y desatendidas sus funciones por el hecho de que los grupos parlamentarios no hayan procedido a su renovación en plazo. La garantía de la independencia judicial a la que sirve el Consejo es continua y no admite interrupciones, como sucede con otros órganos constitucionales".

Juan Manuel Fernández Martínez, cuya candidatura también fue propuesta por el PP, considera a su vez que sería una "irresponsabilidad" dejar el cargo para presionar a los grupos políticos, al igual que Gerardo Martínez Tristán, quien no cree que sea el cometido de los vocales del Consejo, al tiempo que apela a respetar la "voluntad negociadora" de los partidos.

De los vocales consultados, sólo dos se muestran partidarios de dar un golpe en la mesa para obligar a los políticos a reaccionar y renovar el órgano de gobierno de los jueces. Son Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, nombrados a propuesta de PSOE e IU, respectivamente, quienes consideran que sólo una dimisión en bloque conseguiría los efectos deseados. Sáez ya planteó la renuncia del bloque considerado progresista cuando se frustró el acuerdo en noviembre de 2018, pero no obtuvo apoyo por parte de los vocales, y a día de hoy lo sigue pensando. Según ha explicado a infoLibre, un golpe así provocaría "una crisis institucional sin precedentes que abocaría a un acuerdo de renovación inmediato", pero cree que el "sentir general" de sus compañeros "no ha cambiado". "Incluso diría que se ha reforzado", ha apuntado.

Por su parte, Cuesta subraya, dos años después de que se frustrara el único acuerdo que ha tenido posibilidades de prosperar, que algunos vocales se sienten "con gran pesar okupas ope legis", lo cual genera "un descrédito y una degradación de la institución que hay que impedir". "Deberíamos renunciar todos o al menos once vocales" para que no se pudiera constituir el Pleno ni adoptar acuerdos, pues las mayorías reforzadas que exige la LOPJ son la absoluta o de tres quintos, propone este vocal, que cree que lo que no procedería serían renuncias aisladas, porque eso "podría favorecer a los bloqueadores".

Cuesta y Sáez son de la opinión de que un Consejo en funciones no debería llevar a cabo nombramientos discrecionales, tal y como dejaron constancia en sus respectivos votos particulares de los últimos plenos –en los que se designaron 14 plazas en el Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales–, pero este impedimento no está previsto en la LOPJ, por lo que el vocal designado a propuesta del PSOE plantea una reforma de esta norma en la que se establezca un cese de todos los integrantes si el órgano no ha sido renovado en los seis meses siguientes a la expiración de su mandato y tasar “de manera precisa” las competencias del Consejo en funciones.

¿Legitimidad de los últimos 14 nombramientos?

A pesar de todo, ningún vocal de los consultados cree que los nombramientos discrecionales realizados en los plenos de septiembre y octubre carezcan de legitimidad por el hecho de que los haya llevado a cabo un organismo caducado. Tal y como recuerda Sáez, salvo ella en su voto particular “nadie ha cuestionado en tiempo y forma las bases de las convocatorias”, y de todas formas, “en el hipotético caso de que las impugnaciones fueran admitidas, concederles efectos retroactivos es improbable, pues “la certeza y la seguridad jurídica son valores objetivos que se suelen ponderar e imponer”.

“Les asiste la ley en la validez del nombramiento y cumplen los requisitos legales de la convocatoria. He de recordar que nadie ha recurrido dichos nombramientos ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo”, recuerda Cuesta. En todo caso, este vocal recuerda que tras el fracaso del acuerdo de noviembre de 2018, las Cortes fueron disueltas y 2019 fue un año de “vacío parlamentario” por las dos convocatorias electorales. Una vez conformado el Gobierno a principios de 2020, y “en previsión de una renovación”, el Consejo no hizo nombramientos entre enero y septiembre, por lo que considera que los vocales debían haber sido “coherentes con sus propios actos” y seguir en la misma tónica.

Fernández Martínez tampoco cree que las designaciones realizadas en los últimos dos meses carezcan de legitimidad, pues tienen exactamente la misma que los primeros que se hicieron, mientras que Macías insiste en que la LOPJ prevé que lo único que no pueden hacer los vocales en funciones es nombrar nuevo presidente. “Las opiniones que pretenden plantear problemas jurídicos en los nombramientos por la circunstancia de la falta de renovación del Consejo no son serias, obedecen al mero interés, no tienen mayor enjundia que una charla de café o son fruto de la ignorancia. Supongo que el primero que coincidirá con mi opinión es el actual ministro de Justicia, que en los casi dos años que fue miembro de un Consejo con mandato expirado llevó a cabo los nombramientos con absoluta regularidad y habitualidad”, afirma.

Otro vocal recuerda además que el consenso que rodeó a los nombramientos de septiembre y octubre, con 19 votos favorables y dos en blanco –los de Cuesta y Sáez–, un “apoyo tan amplio” y no muy habitual en la historia del CGPJ que otorga, a su juicio, un “plus de legitimidad” y “supone un reconocimiento abrumador de la altísima cualificación de los nombrados y su intachable trayectoria de más de tres décadas”. De la misma opinión es Martínez Tristán, quien considera que el “amplísimo consenso” logrado dota a los 14 últimos nombramientos de una “indudable legitimidad” en caso de que ésta se pusiera en duda en algún momento, que “no lo está”.

Propuesta para rebajar las mayorías

Los plenos de septiembre y octubre en los que se materializaron los nombramientos después de todo un año sin llevar a cabo estas designaciones que son discrecionales por parte del CGPJ no estuvieron exentas de polémica, para empezar porque el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había declarado públicamente que, en su opinión, un órgano con el mandato caducado no debía tomar ese tipo de decisiones. Ante la persistencia del PP a negarse a negociar la renovación del Consejo por la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, el partido morado y el PSOE presentaron en el Congreso una propuesta de reforma de la LOPJ para que los doce vocales del turno judicial puedan salir elegidos por mayoría absoluta de las Cortes si la opción de los tres quintos fracasa.

Esta propuesta fue respondida por la mayoría de asociaciones judiciales y llevó a siete vocales –el número mínimo es cinco– a solicitar al presidente Lesmes la convocatoria de un Pleno extraordinario, que no se suspendió ni cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la paralización de la proposición de ley para dar una nueva oportunidad a las negociaciones con el PP. En todo caso, en ese Pleno se vio una división de los miembros del Consejo, ya que algunos ya no veían objeto a la reunión.

En general, el texto presentado por PSOE y Unidas Podemos no es del agrado de los vocales. Algunos simplemente se remiten al comunicado de la mayoría en la sesión extraordinaria, que aplazaba expresar una “opinión fundada” a la espera de la “evolución de los acontecimientos”, aunque mostraba la preocupación por que la reforma que finalmente se tramite sea “exquisitamente conforme con la Constitución” y “con el Derecho de la UE”. Otros como Fernández Martínez recuerdan que él y otros cuatro vocales votaron en blanco este texto al considerarlo insuficiente, ya que la proposición de ley ya había sido presentada y no hacía falta esperar a hacer un pronunciamiento más contundente.

Macías y Martínez Tristán van más allá al ser preguntados por infoLibre. El primero considera la propuesta de reforma un “despropósito tanto jurídico como político”, ya que, por un lado, lo ve “inconstitucional” y contrario al Derecho de la UE, mientras que, por otro, advierte de “graves consecuencias para la posición de España en Europa como un país democrático creíble, al margen de que nadie puede considerar inteligente que la forma de solucionar un problema o impasse constitucional consista en lanzar la amenaza de romper la Constitución”. El segundo se manifiesta en términos parecidos: el texto “no se ajusta a los estándares europeos, se aparta del espíritu de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia y es muy peligrosa”.

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Cuesta cree que la proposición de ley es “manifiestamente mejorable” porque sigue considerando que la elección por mayoría reforzada de tres quintos es la “fórmula institucionalmente más recomendable”, al tiempo que le parece “absurdo” que el Parlamento “elabore leyes especiales para protegerse a sí mismo” cuando los grupos que lo componen no son capaces de alcanzar un acuerdo.

Sáez, en cambio, opina que puede ser una “fórmula admisible para facilitar la renovación del CGPJ”, toda vez que además, según ha recordado, puede ser susceptible de admitir enmiendas parciales, totales e incluso su retirada durante su tramitación parlamentaria. No obstante, opina que una posible salida sin entrar en las mayorías necesarias –algo que ve inoportuno ahora– para renovar el órgano de gobierno de los jueces habría sido “establecer sólo los límites legislativos a la acción del Consejo en funciones que excluyeran las decisiones de naturaleza política, como los nombramientos discrecionales”, para así obligar a los políticos a darse más prisa para renovar.

Lo que va contra la Constitución, en opinión de esta vocal, es el bloqueo del PP. Lo mismo piensa Cuesta, que además lo ve como una “contribución irresponsable a la degradación institucional”. Pero la opinión de ambos no es mayoritaria: en general, los vocales prefieren no entrar a valorar las peleas políticas por no formar parte del ámbito de sus competencias. Otros como Macías y Martínez Tristán dudan de que la responsabilidad pueda ser atribuida únicamente al PP: el primero cree que la falta de acuerdo pone de manifiesto que la necesaria normalidad política “no existe” y eso “difícilmente se puede achacar a la responsabilidad de un único partido”; mientras que el segundo se limita a subrayar que “casi nadie” tiene la información necesaria como para afirmar tan “tajantemente” que la culpa recae en los conservadores.