Por tercera vez en dos años, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado al PP como beneficiario directo de operaciones corruptas desarrolladas en torno a administraciones bajo su gobierno. En esta ocasión, ha sido otro de los casos protagonizados por el expresidente balear Jaume Matas, para quien el ministerio público pide ahora cinco años de cárcel, el que ha llevado a Anticorrupción a definir al PP con esa fórmula: "beneficiario" y responsable civil directo, figura equivalente a la del partícipe a título lucrativo subrayaron este lunes a infoLibre fuentes de la investigación balear.
Los dos precedentes en que el PP figura como partícipe a título lucrativo se inscriben en dos piezas del caso Gürtel: la de la llamada Primera Época, que es la que ahora juzga la Audiencia Nacional, y la de relativa al municipio madrileño de Boadilla del Monte, pendiente de fecha para la vista oral. En lo que algunos observadores consideran una paradoja, el partido solo figura en el caso de la caja b, la de los papeles de Bárcenas, como responsable civil subsidiario. Es decir, tendrá que pagar en caso de condena no por haberse beneficiado directamente sino como responsable último de las personas físicas acusadas, Luis Bárcenas en cabeza. Es todavía una incógnita si el PP logrará mantenerse en la condición de responsable civil "subsidiario" en el supuesto de que la investigación sobre los papeles de Bárcenas se reabra tras la petición de la Fiscalía.
En el caso de Baleares, la carga económica que tendrá que asumir el PP en caso de condena es lo de menos: el pago de 18.000 euros por dos facturas sin IVA detectadas durante las pesquisas sobre cómo el PP utilizó dinero público para financiar las campañas autonómicas de Jaume Matas en 2003 y 2007. La clave, subrayan las fuentes consultadas en el caso, es que la investigación ofrece sólidos indicios de que se lucró de los delitos atribuidos a Matas, a su entonces conseller de Interior y a los otros dos acusados. Las pruebas practicadas indican dos cosas: que el PP utilizó en Baleares dinero b y se valió de una empresa con contratos del Govern que se avino a poner en marcha una operativa de facturas falsas con la participación de diversas empresas hoteleras, entre ellas una que pertenecía al antaño presidente de la CEOE, el ahora encarcelado Gerardo Díaz Ferrán.
Esa empresa que ayudó al PP a financiarse de manera ilegal se llamaba Over Marketing. El caso, para cuyo juicio dará ahora los últimos pasos el juez José Castro, es probablemente uno de los últimos cuyo escrito de acusación lleve la firma del fiscal Pedro Horrach, quien el 30 de abril abandonará el ministerio público.
Los métodos de Over Marketing y el resto de las marcas con que operaba la trama eran prácticamente idénticos a los de el grupo de Gürtel. De hecho, sus respectivos jefes, Daniel Mercado y Francisco Correa, mantenían un abierto enfrentamiento. Ambos competían por el mismo espacio. Mercado, que finalmente confesó a cambio de peticiones de pena más benévolas en esta pieza del llamado caso Palma Arena -germen del caso Urdangarin- y en otra en que estaba igualmente involucrado, llegó a declarar que Correa le había amenazado. Over Marketing no solo trabajó en Baleares. En toda España obtuvo de administraciones gobernadas por el PP 32 millones de euros en adjudicaciones entre 2003 y 2008.
Los hechos que centran el escrito de acusación de esta pieza se cometieron antes de que la reforma de 2012 permitiera la persecución penal de los partidos políticos.
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El partido y no los grupos municipales
En enero de 2015, el ministerio público ya situó a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo de los manejos atribuidos a la trama Gürtel en la pieza denominada Primera Época, que es la que ahora está juzgando la Audiencia Nacional. Y bajo esa denominación lo incluyó el juez Pablo Ruz en el auto de apertura de juicio. En octubre pasado, las fiscales encargadas del caso remarcaron al inicio de la vista que fue el partido como tal y no sus grupos municipales el que se benefició de los más de 245.000 euros que reportaron las actividades ilegales presuntamente desarrolladas por quienes durante la etapa examinada (1999-2005) ocupaban la alcaldía de Majadahonda y la de Pozuelo de Alarcón, los acusados Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.
Año y medio más tarde, Anticorrupción endosaba esa misma definición -"partícipe a título lucrativo"- por segunda vez al partido de Rajoy en otra pieza del caso Gürtel, la que analiza los rentables y supuestamente fraudulentos contratos adjudicados a la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte por otro alcalde a quien su apelativo convirtió en uno de los personajes más conocidos del caso desde sus inicios, Arturo González Panero, también conocido como El Albondiguilla. Y, de nuevo, el auto de apertura de juicio oral le asignó a la organización esa categoría y una cifra representativa del presunto lucro: 204.198 euros.
Por tercera vez en dos años, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado al PP como beneficiario directo de operaciones corruptas desarrolladas en torno a administraciones bajo su gobierno. En esta ocasión, ha sido otro de los casos protagonizados por el expresidente balear Jaume Matas, para quien el ministerio público pide ahora cinco años de cárcel, el que ha llevado a Anticorrupción a definir al PP con esa fórmula: "beneficiario" y responsable civil directo, figura equivalente a la del partícipe a título lucrativo subrayaron este lunes a infoLibre fuentes de la investigación balear.