La Fiscalía Anticorrupción acorrala al segundo mayor banco español por la relación empresarial que mantuvo durante años con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. El Ministerio Público ha presentado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita, en el marco de la pieza separada número nueve del conocido como caso Villarejo, la imputación de la entidad financiera “por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios” y que sea requerida para “designar especialmente” a una persona que la represente y comparezca en sede judicial. Tras el paso dado por Anticorrupción, ahora la pelota se sitúa sobre el tejado del magistrado instructor Manuel García-Castellón, que tendrá que decidir si acepta la petición. Mientras tanto, la entidad se limita a decir que su eventual condición de investigada “no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito”.
En el escrito remitido, el Ministerio Público considera que “el análisis de la documentación” incautada en los registros de operación Tándem y la “aportada por el BBVA” acreditarían “la contratación y los pagos presuntamente ilícitos” que la entidad financiera hizo al grupo Cenyt, titularidad del entonces policía en activo José Manuel Villarejo. Dichas contrataciones, prosigue Anticorrupción, habrían tenido por objeto el desarrollo de “múltiples servicios de inteligencia” e “investigación de naturaleza patrimonial” que tendrían un “carácter ilícito” por varios motivos. En primer lugar, explica la Fiscalía, por la “incompatibilidad” de los encargos con la condición de funcionario policial en activo de Villarejo, algo que sería constitutivo de un delito de cohecho activo. Además, prosigue, tales trabajos habrían implicado una “injerencia en los derechos fundamentales de personas” con “seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o documentación bancaria”, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Anticorrupción también explica que de esa relación empresarial podría desprenderse también un delito de corrupción en los negocios. Así, el Ministerio Público sostiene que “alguno de los directivos investigados” habría “percibido dádivas” del entorno del Grupo Cenyt para la facilitación de unas contrataciones que “afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal”. Por el momento, por sede judicial han desfilado como investigados en la pieza separada del caso Villarejo hasta ocho directivos y ex altos cargos del banco, entre los que se encuentra el ex consejero delegado del banco Ángel Cano o el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, cuya firma aparece en los contratos que la entidad firmó con el entramado empresarial de Villarejo. Es decir, el equipo de colaboradores más estrecho del entonces presidente del BBVA, Francisco González. Sin embargo, siete de estos investigados rechazaron colaborar con la justicia y se acogieron a su derecho a no declarar. Sólo uno, el exjefe de Riesgos Antonio Béjar, dedicó diez minutos a responder sólo a las preguntas de su abogado.
“No implica acusación formal por ningún delito”
El BBVA, que entre 2004 y 2017 habría pagado a Villarejo unos 10 millones de euros, ha señalado este miércoles en un comunicado que su eventual condición de investigado “no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito”. Desde que se iniciaron las pesquisas, el banco que dirige Carlos Torres ha intentado desligarse de los movimientos realizados durante la época de Francisco González. De hecho, el BBVA ha presentado un escrito pidiendo personarse en la causa como acusación particular, una solicitud que Anticorrupción ha interesado que se desestime. La defensa del banco, adelantada por El Mundo, pasa por erigirse como una “víctima” de los encargos –y los pagos– realizados a Villarejo, unos trabajos que tenían como objetivo “blindar la posición personal” de González. Por el momento, el expresidente del BBVA no forma parte de la lista de investigados y el comisario jubilado le ha descargado de toda responsabilidad en su última declaración ante el juez, en la que aseguró que nunca se reunió ni conversó con él por teléfono.
En el comunicado, el banco también ha hecho referencia a la famosa investigación interna encargada hace seis meses a PricewaterhouseCoopers (PwC). En este sentido, ha asegurado que está compartiendo con la justicia “de manera proactiva” los hallazgos “relevantes”, una información que descartan hacer pública para no interferir en el proceso judicial. Sin embargo, parece que el famoso informe forensic todavía no está cerrado. “Nuestra investigación del asunto avanza a buen ritmo, aunque no puedo comentar nada porque, como sabéis, está supeditada a la investigación judicial, todavía bajo secreto de sumario”, explicó el lunes el presidente del BBVA a sus empleados en The Pulse, un blog inaugurado como canal de comunicación con la plantilla en el que pidió a todos sus trabajadores que eviten “prejuzgar hechos no constatados” y que mantengan el foco en los clientes, trabajando para “tener un impacto positivo en la sociedad”. En definitiva, las pesquisas internas siguen su curso y el banco va informando al juez de los hallazgos que considera importantes.
La investigación del BBVA se enmarca dentro del artículo 31 bis del Código Penal, que establece que “las personas jurídicas serán penalmente responsables” de “los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”. En caso de ser investigada y condenada, la entidad financiera podría enfrentarse a importantes multas, a las que habría que sumar el enorme daño reputacional. Por todo ello, el Banco Central Europeo no quita ojo al desarrollo de los acontecimientos y está preparado para analizar, si se admite la petición de Anticorrupción, las consecuencias financieras –pérdida de negocio, desplomes en la cotización o fuga de depósitos– de la decisión judicial, según ha informado el diario El País.
De Sacyr a Ausbanc
El juez imputa al BBVA por contratar presuntamente a Villarejo para espiar a Sacyr
Tanto el supervisor europeo como el propio Banco de España han expresado en más de una ocasión su preocupación por la crisis Villarejo y han pedido a la entidad financiera celeridad a la hora de indagar sobre lo ocurrido en la entidad durante más de una década. “Es muy importante que la investigación [interna] se realice con total profundidad y con la mayor prontitud posible para tratar de eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial que podría suponer para la propia entidad”, señaló el pasado mes de enero el gobernador del regulador bancario español, Pablo Hernández de Cos. Unas declaraciones que llegaron pocos días después de que el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos, también metiese prisa a la entidad financiera: “Lo fundamental no es solo la rapidez, sino que sea una investigación en la que se pongan de relevancia todos los elementos que han podido influir”.
La Audiencia Nacional comenzó a indagar en la relación empresarial entre el banco y Villarejo el pasado mes de enero, después de conocerse que la entidad financiera había contratado al comisario jubilado para desactivar el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de entrar en el órgano de dirección del BBVA y forzar la salida de su entonces presidente, Francisco González. La conocida como Operación Trampa consistió en un espionaje masivo para descubrir trapos sucios de los protagonistas de la maniobra de la constructora con el objetivo de filtrarlos posteriormente a los medios de comunicación. Para ello, se realizaron escuchas ilegales e, incluso, seguimientos. Entre los afectados, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe, el exvicepresidente del regulador bursátil Carlos Arenillas, el exministro de Industria Miguel Sebastián o la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.
Pero este espionaje político-empresarial no es el único encargo a Villarejo que está bajo la lupa de la justicia. La Audiencia Nacional también investiga otra supuesta operación orquestada por el comisario jubilado contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, para quien el Ministerio Público solicita 118 años y 5 meses de prisión en la causa abierta a raíz de la operación Nelson por haber ideado “un sistema para exigir la entrega de cantidades dinerarias importantes” bajo las advertencias de “arremeter” contra el “activo reputacional” de entidades financieras “por medio de la publicación de noticias desfavorables” o ejercitando “acciones judiciales”. De hecho, Pineda interpuso hace un par de semanas una querella contra el banco, su expresidente Francisco González, el comisario jubilado y uno de los colaboradores del policía por los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. Una querella que el presidente de Ausbanc tiene pensado ampliar tras la petición de Anticorrupción de imputar al banco.
La Fiscalía Anticorrupción acorrala al segundo mayor banco español por la relación empresarial que mantuvo durante años con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. El Ministerio Público ha presentado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita, en el marco de la pieza separada número nueve del conocido como caso Villarejo, la imputación de la entidad financiera “por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios” y que sea requerida para “designar especialmente” a una persona que la represente y comparezca en sede judicial. Tras el paso dado por Anticorrupción, ahora la pelota se sitúa sobre el tejado del magistrado instructor Manuel García-Castellón, que tendrá que decidir si acepta la petición. Mientras tanto, la entidad se limita a decir que su eventual condición de investigada “no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito”.