La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Judicial han sido los encargados de suministrar al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz las pruebas iniciales para imputar por un delito contra la Hacienda Pública al responsable de la remodelación de la sede central del PP en la madrileña Calle Génova, 13, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, según confirman dos autos y una providencia firmados por el juez.
Todas estas pruebas contrastan con la declaración efectuada este lunes por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en las que volvía a defender la legalidad de las cuentas de su partido, en entredicho por tres instituciones del Estado, como son la Fiscalía, Hacienda y la Policía.
Además de los documentos obtenidos en el registro de la empresa llevado a cabo el pasado 27 de septiembre, el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde el pasado 27 de junio, aseguró que al menos el 30% del total de la obra había sido abonado en negroel 30% del total de la obra por parte de los responsables de la tesorería del PP, en la que Cristónal Páez fue gerente. Precisamente, dijo que Páez había sido quién había negociado las condiciones del pago en negro, pero también el encargado de realizar el seguimiento de las obras y de visar las facturas de la empresa Unifica. Por eso, el magistrado, en el auto del pasado viernes, anuncia que Bárcenas y Páez serían imputados en calidad de cooperadores necesarios. Pues habrían sido ellos los que pagaron en negro a Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba las obras de la sede del PP.
Diferencias en la contabilidad
En el primero de los autos en los que se habla de las pruebas, firmado el 30 de septiembre, Ruz explica que un informe realizado por dos funcionarios de la Agencia Tributaria destaca la existencia de diferencias entre la contabilidad enviada al Tribunal de Cuentas y la que se hizo llegar al Juzgado Central de Instrucción número 5. En concreto, se trata del pago de la remodelación de la sede central del PP correspondiente a los años que van de 2007 a 2010. Así, la Agencia Tributaria informaba de la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública en el impuesto de sociedades de 2008 por un importe global de 888.000 euros, por lo que la cantidad a ingresar superaría los 120.000 euros, "alcanzando en consecuencia el umbral del delito fiscal [...] y la prescripción no lllegaría hasta el 27 de julio de 2014".
La detectar los funcionarios de Hacienda este posible delito, fue la Fiscalía Anticorrupción quién solicitó la declaración como imputado del arquitecto Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba. Pero también fue el responsable del Ministerio Público quién solicitó al juez que decretara la entrada y registro de la sede de Urquijo: Unifica Servicios Integrales para obtener toda la documentación contable "relacionada con las operaciones de las que resultan los indicios delictivos".
Fue entonces, tras la solicitud de la Fiscalía tras recibir el informe de la Agencia Tributaria, cuando el magistrado Pablo Ruz accedió a registrar la sede de la empresa que remodeló la sede del PP. La Policía Judicial tuvo 24 horas para elaborar el registro de la firma y acceder así a la documentación. Los agentes tardaron casi dos meses en elaborar un informe, que fue aportado el 21 de noviembre al Juzgado Central de Instrucción número 5 identificado con el número 104.720/13, en el que se describen y analizan las pruebas que fueron requisadas a Urquijo Fernández de Córdoba.
Correlación con los papeles de Bárcenaslos papeles de Bárcenas
En el antecedende de hecho del auto del pasado 22 de noviembre, Ruz destaca que el informe policial realiza a petición suya un análisis compativo entre los documentos obtenidos en el registro de la empresa, las facturas aportadas por el PP el 12 de agosto tras el requerimiento judicial y los apuntes de los papeles de Bárcenas en los que figura el nombre de Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba. Y es entonces cuando los agentes descubren que los pagos de las obras de la sede del PP se dividieron en plantas: "Se puede concluir la existencia de una correlación directa entre los hechos económicos subyacentes en términos cuantitativos, temporales y subjetivos por lo que respecta a la ejecución y certificación de las obras en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta de la reforma de la sede central del PP. Además, existen elementos indiciarios respecto a la planta baja que permiten inferir una relación del mismo sentido, que se une a la dinámica de facturación expuesta", reseña la Policía.
"Por lo que respecta a las plantas segunda, cuarta y quinta también se ha detallado la dinámica seguida en el proceso de facturación que abunda en lo ya expuesto.", resaltan los agentes en el informe remitido al magistrado. Es decir, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía constatan una correlación entre las facturas requisadas en la empresa constructora y los papeles de Bárcenas, porque coinciden las cantidades, el día y las personas implicadas: "En el periodo 2006 a 2008 resulta una aplicación de fondos por un montante de 1.072.000 euros (184.000 euros en 2006 y 888.000 en 2008".
Despacho de Mariano Rajoy
Y es la propia Policía Judicial la que le pide al magistrado que reclame a la empresa Unifica Servicios Integrales las facturas, presupuestos, certificaciones finales y todos los documentos que posean de los trabajos realizados y cobro de los mismos en 2006 en la anterior sala de prensa, unciad en la segunda planta, y el despacho de la dirección de la séptima planta, que es el que ocupa el presidente Mariano Rajoy.
La Policía Judicial sostiene, además, que los adelantos en el pago de la obra no fueron descontados en el abono final de la misma. También indican que en las facturas figuran las frases "anulado" o "devuelto". Los agentes aportan en su trabajo las pruebas de los pagos en negro por plantas, que infoLibre transcribe:
- Segunda planta de Génova, 13: Una factura del 2 de enero de 2008 con un importe de 195.000 euros (IVA incluido) coincide con un recibí de fecha 14 de enero del mismo año. El 28 de enero de 2008 los papeles de Bárcenas incluyen una salida de fondos de 195.000 euros cuyo beneficiario es "Gonz. Urquijo", en referencia a Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba.
- Tercera planta. Una factura con fecha del 15 de julio de 2008, por un importe de 232.000 euros (200.000 euros sin IVA) indica que el PP pagó la certificación final de la obra de la tercera planta de la sede madrileña del PP. Los papeles de Bárcenas tienen un asiento contable de 235.000 euros bajo el concepto "G.U.", en referencia a Urquijo.
- Planta cuarta. Una factura del 27 de octubre de 2008 con un importe de560.895 euros incluye una anotación manuscrita en el reverso del cuaderno hallado en el despecho de Gonzalo Urquijo que dice textualmente: "He recibido de Luis Bárcenas la cantidad de 200.000 euors en concepto de pago complementario de la factura, de la planta cuarta con la que queda cancelada dicha factura". En la contabilidad B de Bárcenas también aparece un apunte de salida de fondos de 200.000 euros, en diciembre de 2008, bajo las iniciales "G.U.".
- Planta quinta. Un recibí del 13 de marzo de 2008 emitido por la empresa Unifica detalla que la sociedad de Urquijo recibió por la reforma de la quinta planta de la sede del PP 258.000 euros. Al igual que en el resto de plantas de la sede del PP, los papeles de Bárcenas incluyen un apunte, en este caso por un importe de 258.000 euros. La fecha es la misma que la de la factura, el 13 de marzo y el concepto es "Gonzalo (arquitecto)".
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Tras constatar el juez Ruz la existencia de estas pruebas, el magistrado incluyó en su auto un párrafo en el que confirmaba, "a nivel indiciario" la veracidad de las salidas reflejadas en los estados contables de los papeles de Bárcenas con las referencias "Gonz. Urquijo", "Gonzalo (arquitecto) y "G.U." por un importe global de 888.000 euros, por lo que existen indicios, en opinión del magistrado "indicios suficientes de la comisión de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública".
Falsedad documental
Además de la responsabilidad del arquitecto, Pablo Ruz indica que Bárcenas y Páez podrían ser cooperadores necesarios en los delitos. "Sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de los indicios reflejados en el informe Hacienda respecto de la falta de concordancia o descuadre advertidos entre la facturación de los servicios ejecutados por la mercantil para el PP [...] en lo referente a determinados pagos anotados como anticipos a cuenta, y que posteriormente no aparecen descontados en las facturas finales que, en principio, deberían reflejar dicha minoración, lo que pudiere, amén de la eventual responsabilidad tributaria, conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental", especifica el juez en su auto, que apunta a la posible responsabilidad del PP o sus dirigentes por pagar en negro las obras de la sede del PP de la Calle Génova, 13.
La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Judicial han sido los encargados de suministrar al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz las pruebas iniciales para imputar por un delito contra la Hacienda Pública al responsable de la remodelación de la sede central del PP en la madrileña Calle Génova, 13, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, según confirman dos autos y una providencia firmados por el juez.