La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del PP regional, formación regional presidió durante 12 años. También se solicita la imputación de Cristina Cifuentes, la expresidenta madrileña que dimitió por el caso Máster.
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito de 75 páginas ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa, que se lleva investigando desde 2014, y reduce de 16 a 11 las piezas. Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación, informa Europa Press.
En cuanto a la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, en concreto la número 9, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan a la expresidenta regional en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los conservadores madrileños. Por todo ello, solicita al magistrado instructor que la cite a declarar en calidad de investigada.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este mismo asunto.
Al citado escrito se adjuntan anexos en los que se describen más minuciosamente los hechos correspondientes a las piezas relativas con la contratación de las empresas Cofely y Alfedel; las actuaciones del que fuera secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica; y la presunta financiación irregular de los 'populares' madrileños, en las que la Fiscalía interesa la práctica de más diligencias, como declaraciones de investigados, testigos y la aportación de diferente documentación.
Concretamente, en la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, en concreto la número 9, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado que llame a declarar como investigados a Aguirre, Cifuentes y el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia empresa.
Informe de marzo de 2017
Ya un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica). Todo ello tras analizar la contabilidad 'b' hallada en los pen drives incautados en el domicilio de ex gerente regional Beltrán Gutiérrez.
Los indicios se reforzaron en un informe del pasado mes de marzo que situó a la expresidenta madrileña –sin concretar la fecha ni el papel que desempeñó– en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a las empresas de Daniel Horacio Mercado, uno de los empresarios que realizó trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.
En esas reuniones, según concretaban los informes, "se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación" a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, "entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre", el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Mercado.
La UCO apuntalaba su tesis con la declaración que el exconsejero de Sanidad de la comunidad Manuel Lamela prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo "la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad, la presidenta, la responsable de la Dirección General de Medios de Comunicación y Daniel Horacio Mercado, "donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación".
Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios.
Sobre Aguirre, Mercado señaló por su parte durante declaración que realizó en su día ante el juez García Castellón que s había reunido con ella "muchas" veces aunque "nunca" hablaron del pago de los trabajos. "Yo tuve reuniones con Esperanza Aguirre muchas, pero que ella me diga a mí o a la gente que esté conmigo de que me va a dar una campaña o así, no, no lo recuerdo. Sí es verdad que en los temas de creatividad ella opinaba mucho, participé en muchas reuniones con ella, no era una persona que no se involucraba", afirmó.
La siguiente vez que Aguirre fue señalada expresamente por la UCO fue en junio, cuando otro informe la situó en reuniones del Gobierno autonómico con Indra –antes de la llegada de su actual presidente, Fernando Abril–, que supuestamente habría financiado con 566.497,58 euros la campaña electoral de 2011 a través de contratos falsos.
"Dichos servicios, según documentación de la propia Indra Sistemas, no habrían sido efectivamente acometidos. Además, según las mismas fuentes, esta forma de proceder ya se habría registrado en el año 2008, tras los comicios del año 2007", subrayaba el informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6.
Según la UCO, los fondos que habría aportado Indra fueron a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid y "habrían servido para retribuir los trabajos" que el entramado empresarial había prestado al PP de Madrid, sirviéndose de la empresa pública Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM).
Ese entramado al que se refiere la Guardia Civil son Juan Miguel Madoz, administrador de Swat S.L., y el empresario Óscar Sánchez Moyano, quienes mantenían contactos frecuentes con Ignacio González que fueron reflejados en la agenda del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
A estas reuniones, según la agenda de González, asistían también otras autoridades del Gobierno autonómico del PP, entre quienes se encontraba la propia presidenta Aguirre, el que fuera secretario general PP de Madrid Francisco Granados y otros exresponsables del PP madrileño como Borja Sarasola o Salvador Victoria.
Si el juez instructor acepta investigar a Aguirre, su nombre se sumará a la lista de exdirigentes madrileños imputados por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, como el que fuera su mano derecha Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la Púnica, y su sucesor en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal investigado en el caso Lezo y cuya imputación también se ha pedido en esta causa.
En abril del año pasado, Aguirre reconoció en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP en el Congreso de los Diputados que le gustaría "mucho" que exculparan a Granados y González, además de reconocer que visto lo visto no tiene "dotes de cazatalentos".
Ese día manifestó que cuando llegó a la Presidencia del PP de Madrid no "montó" ningún sistema de financiación, sino que se mantuvo el que ya estaba funcionando entonces. En ese momento, precisó que "no ha habido ninguna financiación ilegal en el Partido Popular de Madrid" hasta donde ella sabía "por lo menos".
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid en 2007. También destacó que era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
Un caso de finales de 2014
La operación Púnica estalló el 27 de octubre de 2014. Treinta y cinco personas son detenidas por su presunta pertenencia a una supuesta trama de corrupción que durante años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros. Entre los detenidos estaban el exconsejero madrileño Francisco Granados (PP); su socio y amigo David Marjaliza; el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP) y seis alcaldes madrileños –cuatro del PP, uno del PSOE y uno del UDMA–.
Aguirre dejó de forma definitiva la política el 24 de abril de 2017. Hasta ese día fue líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Porque su cargo de presidenta del PP de Madrid lo había dejado un año antes. La lideresa abandonaba la política después de que su delfín, su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ingresase en prisión por su implicación en la Operación Lezo. Lo hacía, según señaló, por no haber sabido vigilar a González, el hombre al que puso en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando ella se marchó en 2012. El hombre al que nombró secretario general del PP en sustitución de otro dirigente que también había pasado por prisión, Francisco Granados.
Explicó Aguirre a los medios ese día que desde comienzos de los 80, González había sido de su máxima confianza. Admitió que en esos años algunos medios le atribuyeron actuaciones "incorrectas". Ella le pidió explicaciones, él se las dio. Y ella le creyó: "No vigilé mas", dijo.
La de aquel lunes de 2017 puede considerarse la tercera dimisión de Aguirre en los últimos años. En septiembre de 2012 anunció que se marchaba de la presidencia de la Comunidad y dejaba la institución en manos de González. En febrero de 2016 dejó el liderazgo del PP de Madrid en plena ebullición de la Púnica. Su última aparición pública fue el 15 de junio, cuando acudió a la toma de posesión de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid.
Reacción del PP
El Gobierno de Aguirre dio contratos por cerca de 1 millón de euros al grupo empresarial de los padres de Ayuso
Fuentes de la dirección nacional del PP muestran su respeto a las decisiones judiciales del mismo modo que a la presunción de inocencia.
La petición de Anticorrupción llega en un momento en el que la candidata del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de lograr el apoyo de Cs y Vox para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. El próximo lunes, el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Ciudadanos) abrirá una ronda de contactos con los grupos a fin de que pueda celebrarse un debate a finales de esa semana o a principios de la siguiente.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del PP regional, formación regional presidió durante 12 años. También se solicita la imputación de Cristina Cifuentes, la expresidenta madrileña que dimitió por el caso Máster.