La Fiscalía Anticorrupción pedirá al grupo Telefónica que precise cuántas empresas del grupo pagaron a Iñaki Urdangarin, a cuánto ascendieron esos pagos, si se desembolsaron como salario o como honorarios profesionales mediante facturas, dónde se abonaron y qué periodo total comprendieron. Urdangarin se incorporó a Telefónica en junio de 2006 y permaneció en la compañía hasta que en el otoño de 2012 fue apartado.
La solicitud de Anticorrupción, avanzada por fuentes jurídicas conocedoras del caso, se produce tras la incorporación al sumario de los movimientos de una cuenta española del yerno del rey en la que Urdangarin recibió en algo más de cinco años transferencias de cuatro sociedades del grupo Telefónica por importe total de 1,25 millones de euros.
Paralelamente, Instituto Nóos y su sucesora Fundación DCIS, las empresas y las pretendidas ONG de la trama Nóos, con Instituto Nóos a la cabeza, obtuvieron 1,09 millones del gigante de las telecomunicaciones entre 2003 y 2009. En total, o eso es lo que indica la documentación incorporada al sumaria hasta el momento, Urdangarin y su conglomerado socioempresarial costaron 2,3 millones de euros al grupo que capitanea César Alierta.
Los traspasos a Urdangarin como persona física procedían de la sociedad española Telefónica Internacional SA, de la mexicana PCS Pegaso SA de CV, de la estadounidense Telefónica Internacional USA (Tiusa) y de la brasileña Telecomunicaçoes de Sao Paulo. Abierta en una sucursal barcelonesa de La Caixa, en esa cuenta tiene firma reconocida la infanta Cristina de Borbón, cuyo posible imputación se plantea el juez del caso, José Castro, aunque su decisión final no se conoce todavía.
En su declaración judicial del pasado 23 de febrero, Urdangarin aseguró que trabajaba para Telefónica Internacional USA (Tiusa) y que percibía sus retribuciones en una cuenta abierta a su nombre en Estados Unidos. La Fiscalía quiere saber si Urdangarin cobró simultáneamente en Washington y en España. O en cualquier otro lugar. En esa misma declaración, el imputado deslizó que Telefónica le había dado unos 200.000 euros para regresar a España.
Desde que el juez impuso en enero a Urdangarin y Torres una fianza civil de 8,2 millones, ahora recurrida ante la Audiencia de Palma, la defensa del duque ha comenzado a remachar el argumento de que su cliente no tiene dinero. Afrontar la fianza, adujo en su recurso, le conduciría a un "injusto empobrecimiento". Los duques de Palma poseen la mansión de Pedralbes, por la que pagaron seis millones en 2004, más tres pisos -dos en Palma y uno en Terrassa- inscritos a nombre de la empresa Aizoon.
Entre los delitos imputados a Urdangarin figura el de delito fiscal por el presunto fraude a Hacienda de medio millón de euros en 2007 y 2008. Cómo se produjo ese fraude, cuya cuantía pueden elevar futuros informes de Hacienda –el primero tuvo carácter urgente y no exhaustivo-, lo explica la propia Agencia Tributaria: reflejando como ingresos de la sociedad Aizoon SL –la que comparte con su mujer- aquellos que tendría que haber contabilizado como rendimientos del trabajo personal.
A diferencia de lo que sucede con Diego Torres, a quien el juez mantiene bloqueada una cuenta en Luxemburgo con 950.000 euros, no ha aparecido aún ninguna cuenta opaca a nombre de Urdangarin en ningún país extranjero. Tanto el juez José Castro como el fiscal anticorrupción Pedro Horrach creen que el marido de Cristina de Borbón utilizó tres depósitos abiertos en Suiza a nombre de otros tantos empresarios para cobrar 140.000 euros de la empresa valenciana Agval por un contrato que jamás se llevó a término.
Pero los tres titulares de esas cuentas –uno de ellos, el imputado Robert Cockx- han remachado ante el magistrado o ante el fiscal y la Policía que ni eran testaferros de Urdangarin ni permitieron que este utilizara sus depósitos como tapadera. Cockx declarará ante el juez el próximo día 20. Otro empresario vinculado a esas cuentas, este el español Álex Sánchez Bollinger, declarará el mismo día.
Según fuentes del caso, el informe encargado por el juez a Hacienda para determinar si alguno de los implicados se acogió a la amnistía fiscal de 2012 ha concluido que ni Iñaki Urdangarin ni Cristina de Borbón lo hicieron. Solo Diego Torres utilizó esa vía, pese a que estaba imputado y como tal inhabilitado teóricamente para ello. Regularizó en torno a 160.000 euros que ocultaba en Luxemburgo, al parecer en una cuenta distinta a la ya bloqueada.
El juez rechaza la nulidad de los mails aportados por Torres exigida por Urdangarin
Los correos se quedan en el sumario
Las fuentes consultadas se preguntan por qué Urdangarin impugnó el requerimiento del juez a Hacienda si no se valió de la amnistía fiscal cuando al hacerlo activaba las sospechas de los investigadores. Ayer, el magistrado José Castro rechazó los recursos de los imputados contra la petición del citado informe tributario.
Simultáneamente, el magistrado ha tumbado otra petición del abogado de Urdangarin: la formulada para que fueran excluidos del sumario los correos electrónicos que Diego Torres ha hecho llegar al juzgado en varias tandas. Esos correos confirman que, en contra de su versión, Urdangarin no se desvinculó de la trama Nóos en marzo de 2006. Los emails destapan asimismo que tanto la infanta como el rey estaban al tanto de las actividades del duque. Y que ambos le prestaron su ayuda.
La Fiscalía Anticorrupción pedirá al grupo Telefónica que precise cuántas empresas del grupo pagaron a Iñaki Urdangarin, a cuánto ascendieron esos pagos, si se desembolsaron como salario o como honorarios profesionales mediante facturas, dónde se abonaron y qué periodo total comprendieron. Urdangarin se incorporó a Telefónica en junio de 2006 y permaneció en la compañía hasta que en el otoño de 2012 fue apartado.