Le mesa redonda que preside su despacho, en la quinta planta del Ministerio de Igualdad, está repleta de papeles. "Estoy en la fase de empollar todo lo que puedo", dice Antonia Morillas. Acaba de aterrizar en el Instituto de las Mujeres y aunque su experiencia como responsable de formación feminista en Izquierda Unida Andalucía le concede cierto bagaje, lo cierto es que estar al frente de la institución constituye para ella un paso de gigante: "Son palabras mayores". Morillas (Jaén, 1982) recibe a infoLibre para su primera entrevista desde que tomara posesión de su cargo el pasado 26 de mayo.
Su principal objetivo lo tiene claro: la reforma de la Ley 2/2010 de interrupción voluntaria del embarazo. Quiere derogar las modificaciones que el Partido Popular introdujo hace ahora seis años, con el principal propósito de que las menores de 16 y 17 años puedan acceder al aborto sin necesidad de consentimiento paterno. Sobre el derecho al aborto no da nada por sentado: aunque está garantizado, todavía sigue atravesado por desigualdades lacerantes que sólo se resolverán con una sanidad pública fuerte y nutrida. La nueva directora del Instituto de las Mujeres habla también de violencia obstétrica, vientres de alquiler y explotación sexual, consciente de los retos a la hora de legislar con perspectiva feminista.
PREGUNTA: ¿Está garantizado el derecho al aborto en este país?
RESPUESTA: El derecho al aborto está garantizado, lo que tenemos que conseguir es que no haya ninguna mujer en este país que tenga que desplazarse fuera de su provincia ni gastar recursos propios para poder practicarse una interrupción voluntaria del embarazo, es el reto que tenemos por delante. El programa de Salvados lo que vino a hacer fue poner el foco en una realidad terrible: hay provincias donde en los últimos 30 años no se han practicado interrupciones del embarazo y en torno a un 90% se producen en la sanidad privada. Una de las líneas prioritarias desde el Instituto de las Mujeres tiene que ver con garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quitar los obstáculos que existen, terminar con las diferencias territoriales, garantizar que sean en el Sistema Nacional de Salud, que es la manera de garantizar que no hay desigualdad territorial. Ahí vamos a empezar a trabajar desde ya, en un proceso de reforma de la ley 2/2010. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es convocar el foro de organismos autónomos por la igualdad que hay en las comunidades, que en el anterior periodo tuvo ya alguna reunión. Haremos una convocatoria urgente para que se puedan encontrar con el Instituto de las Mujeres y abordar este tema: ver qué está fallando para que no se esté cumpliendo el principio de equidad que plantea la ley y que fue uno de los grandes avances en relación a la del 85, además de garantizar la prestación y el servicio en el marco del Servicio Nacional de Salud. Ahí tenemos que diagnosticar qué está ocurriendo y construir una hoja de ruta compartida que a nuestro juicio pasa por el impulso de una reforma de la ley.
P: ¿Cuáles son las consecuencias para las mujeres de que el 89% de las interrupciones del embarazo se lleven a cabo en centros privados y no en la sanidad pública?
R: Una de ellas es esta desigualdad territorial. Tenemos que conseguir que la interrupción voluntaria del embarazo se produzca de una manera absolutamente segura y gratuita. Y para eso hay que garantizarlo a través de la sanidad pública, pero también desarrollar toda una serie de procesos previos que tienen que ver con la formación de los profesionales, para garantizar que se produzca en las mejores condiciones posibles y no se den algunas de las denuncias que en el programa de Salvados tomaron cuerpo.
P: Las mujeres que participaron en 'Salvados' denunciaban que la ley no se había cumplido. Normalmente, cuando una ley no se cumple, hay consecuencias. ¿Por qué es tan difícil en estos casos?
R: Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido derechos muy peleados. Llegar a la ley de 2010 ha sido consecuencia y fruto de todo un proceso de lucha de muchas mujeres que han muerto o que han estado en las cárceles por someterse al aborto. Por lo tanto cuando llegamos a la ley de 2010 lo hicimos con un recorrido de lucha que ha sido muy peleado. Cuando se consigue una ley, el día de después hay que continuar peleando. Este es otro de los retos desde las instituciones y desde el propio movimiento feminista: articular procesos que permitan defender lo que dice la ley y poner en marcha mecanismos que garanticen que lo que dice la ley se cumpla. Hemos pedido que se ponga en marcha una nueva estrategia nacional de salud sexual y reproductiva. Es fundamental. La última estrategia está desactualizada, tiene que generarse un marco de debate para ver qué elementos no se están cumpliendo o desarrollando como debiera, con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres. En torno a eso, tenemos que hacer un trabajo de la mano del Ministerio de Sanidad y las comunidades para revisar esa estrategia y hacer que lo que dice la ley sea un derecho efectivo.
P: Habla de poner en marcha mecanismos que garanticen que la ley se cumpla. ¿Hoy día no existe ningún instrumento que así lo asegure?
R. Existe el mecanismo de la propia ley, los instrumentos son básicamente las instituciones públicas, el trabajo de fiscalización por parte del Instituto de las Mujeres y otros organismos. Pero insisto: tenemos que poner encima de la mesa la necesidad de reformar esa ley para conseguir que se garanticen esos derechos y hacer un examen exhaustivo de cuáles son los instrumentos que hacen falta para que se cumplan esos derechos, los instrumentos que no existen en la actualidad, los que están contemplados en la ley y no se están desarrollando y los que hay que incorporar.
P: ¿Es el derecho a la objeción de conciencia un problema cuando hablamos de interrupción del embarazo?
R: El derecho a la objeción de conciencia es un derecho individual. Lo que no parece muy creíble es que haya hospitales o territorios enteros donde se produzcan estas situaciones. Lo que tenemos que garantizar es que este derecho, que insisto es individual, no colisione con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si hay casos de objeción de conciencia, tendrán que estar registrados y en cualquier caso la sanidad pública, los hospitales públicos, debe garantizar que no colisiona con los derechos de las mujeres.
P: El PSOE ha registrado una proposición en el Congreso para reformar el Código Penal, de modo que incluya penas de cárcel para quienes acosen a las mujeres y profesionales en las clínicas de interrupción del embarazo. ¿Qué opinión le merece?PSOE ha registrado
R: La semana pasada anunciábamos que, en este proceso de reforma de la ley, tenemos que incorporar este aspecto y que se generen zonas seguras en torno a las clínicas, de manera que se garantice que estas prácticas de acoso, vejaciones, insultos y en última instancia vulneración de los derechos de las mujeres y de los profesionales, sea un delito y se evite. Lo que no puede existir es la impunidad que ha existido hasta ahora y que las mujeres y los profesionales hayan tenido que asistir en muchos casos a situaciones que atentan contra los derechos humanos.
P: ¿Por qué existe esa impunidad?
R: Cuando hablamos de los derechos de las mujeres hablamos de un terreno en disputa y de un terreno en el que hay que pelear. Ese es nuestro compromiso: que el Instituto de las Mujeres sirva como instrumento a disposición de las mujeres para defender su cuerpo y sus derechos.
P: "El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria". Lo dijo Irene Montero después de que el Ministerio de Sanidad publicara un proyecto para impulsar el aborto farmacológico en las nueve primeras semanas de embarazo. ¿Qué opina?aborto farmacológico
R: Coincido plenamente. Tiene que caber la posibilidad de que las mujeres decidan.
P: ¿Potenciar el aborto farmacológico supondría un obstáculo para ese derecho de las mujeres a decidir?
R: Existen las dos posibilidades [aborto farmacológico y quirúrgico]. Lo que nosotras planteamos es que con el acompañamiento médico adecuado las mujeres puedan decidir.
P: ¿Cuáles son los aspectos más novedosos que se incluirán en la reforma de la Ley del Aborto?
R: En primer lugar, un mandato del movimiento feminista desde hace años: derogar las modificaciones del Partido Popular en 2015, relativas a la necesidad de autorización de las mujeres de 16 años. Va a ser la primera cuestión que vamos a introducir. Luego habrá un título que reconozca como forma de violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres la gestación subrogada, como forma de explotación reproductiva, y la violencia obstétrica. Hay un marco internacional definido donde se identifican determinadas prácticas que se producen en los partos y están rutinizadas, como la episiotomía, y que suponen una forma de violencia. Queremos que esta ley introduzca la violencia obstétrica como forma de violencia e impulse mecanismos de prevención y reparación. Luego habrá un bloque relacionado con la educación sexual, tenemos que incorporar ese apartado y fortalecerlo.
P: ¿En qué términos se abordará la violencia obstétrica?
R: Estamos en una fase de estudio, de sentarnos con las asociaciones que vienen trabajando sobre este tema, que lo tienen estudiado y trabajado. A partir de ahí definiremos cuál es el marco y trabajaremos.
P: Quienes han denunciado haber sido víctimas de violencia obstétrica hablan de las dificultades judiciales y de hecho el caso más paradigmático llegó hasta la ONU. ¿Por qué existen tantos obstáculos en los tribunales? ¿Hay que corregir los mecanismos dentro de la justicia?
R: Sin duda. A todos los niveles: desde el ámbito normativo, que es el primero, hasta la justicia. Hay un trabajo por delante ingente. Siempre que hablamos de los derechos de las mujeres el trabajo que hay que hacer es aún mayor.
P: Hay análisis que muestran una correlación entre prácticas como la cesárea o la inducción al parto en vísperas de festivos. ¿Es casualidad? ¿Tiene que ver con una falta de recursos?análisis
R: Hay que hacer un estudio profundo de cuáles son las condiciones que pueden incidir en que se produzcan las distintas formas de violencia obstétrica, desde la organización de los sistemas sanitarios a cuestiones que tienen que ver con un modelo sanitario que todavía no ha aplicado de manera plena un enfoque de género. Habrá que hacer un diagnóstico profundo de cuáles son las razones por las que esto se produce. Hay prácticas muy extendidas y muy normalizadas, tenemos el reto de construir un modelo de salud y de sistema sanitario público que incorpore de manera plena el enfoque de género.
P: En cuanto a la gestación subrogada, ¿se va a perseguir a las agencias? ¿De qué manera?agencias
R: Hay que hacer algunas modificaciones, revisiones normativas en lo que tiene que ver con la instrucción del Registro Civil, pero también hacer valer que los vientres de alquiler son una práctica prohibida en nuestro país. Desde nuestro ámbito competencial lo que haremos es reconocerlo como forma de violencia, lo que implica desplegar un trabajo de sensibilización a todos los niveles en torno a por qué consideramos que es una forma de explotación reproductiva. Luego hay un trabajo en el Observatorio de Imagen de las Mujeres, relacionado con identificar la publicidad que hacen las agencias de intermediación y desplegar acciones de denuncia.
P: Irene Montero repitió hace unos días que el Gobierno es abolicionista. ¿Qué significa y en qué debe materializarse?
R. Un gobierno abolicionista es un gobierno que considera la prostitución una forma de violencia, una forma de explotación sexual y una forma de vulneración de los derechos humanos. Y que a partir de ahí despliega toda una serie de políticas que en algunos casos tienen que ver con el ámbito punitivo, pero que fundamentalmente están relacionadas con el despliegue de estrategias y planes que ofrezcan alternativas vitales a las mujeres que se encuentren en contextos de prostitución. Esas son las dos principales líneas que tiene que desplegar el Gobierno y ya se han dado algunos pasos: recuperar la tercería locativa en la ley de sólo sí es sí, que se considere una forma de violencia la prostitución o que se persiga el proxenetismo coactivo y no coactivo. El de perseguir a la industria proxeneta es el principal objetivo que una política abolicionista debe desplegar, junto a un plan de inserción sociolaboral que dedique recursos a brindar alternativas a las víctimas de trata y a las mujeres en contextos de prostitución. Esto es clave. Sin políticas activas que den alternativas a las mujeres no estaremos hablando de un proceso de abolición real.
P: ¿Por tanto afirma que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres?
R: La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, es una forma de explotación sexual y es una clara vulneración de los derechos humanos.
P: ¿Qué opinión le merece la sentencia del Supremo sobre el sindicato OTRAS? ¿Es un paso atrás en el camino hacia la abolición de la prostitución?sentencia
R: En su contenido la sentencia afirma que "la prostitución por cuenta ajena, máxime cuando la misma no aparece contemplada en los estatutos, y con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo". Por tanto, queda claro que la prostitución no puede ser concebida como una relación laboral, porque su objeto es ilegal. Nos reafirmamos en nuestra posición abolicionista y continuaremos trabajando por acabar con la impunidad de la industria proxeneta y brindar salidas sociolaborales a las mujeres en contextos de prostitución.
P: Hablaba antes de educación afectivo-sexual. Algunos estudios plantean que hoy día ese terreno está cubierto por la pornografía. ¿Qué consecuencias tiene entre los adolescentes y cómo se va a luchar contra ello?
R: Tenemos la tarea de poner en marcha instrumentos de educación sexual. Cuando la principal fuente de educación afectivo-sexual es la pornografía, la educación se produce en parámetros patriarcales y que habitualmente propugnan una cultura de la violación y de la violencia. Esto tiene consecuencias en cómo socializan los chavales y en cómo se entiende la sexualidad. El principal antídoto es poder desplegar políticas activas de educación sexual a todos los niveles, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo.
P: ¿Teme que la extrema derecha entorpezca estos objetivos a través de estrategias como el veto parental?
R: La derecha está en un proceso absolutamente negacionista que es necesario que se combata desde las instituciones, desde las feministas que estamos en las instituciones y desde el feminismo a todos los niveles. O somos capaces de poner en marcha una gran alianza política, social e institucional feminista frente al negacionismo, u obviamente la política pública y los derechos conquistados están en peligro.
P: Dos de las grandes apuestas del Ministerio de Igualdad, la Ley de Libertad Sexual y la Ley Trans, no consiguen salir adelante. ¿Por qué?
R: Los procesos de elaboración normativa son largos, en general. Y en concreto, cuando se están introduciendo marcos normativos que suponen cambios profundos y sustanciales respecto a cuestiones como el reconocimiento del consentimiento o de la libre determinación del género, esos procesos son dilatados y requieren de diálogo, negociación y construir consensos.
P: Uno de sus compromisos es el diálogo permanente con el movimiento feminista. Una parte importante de las organizaciones de mujeres es muy crítica con la autodeterminación de género. ¿La Ley Trans pone en riesgo los derechos de las mujeres? ¿Va a atender a las demandas de ese sector del feminismo?
R: Lo que borra a las mujeres son los ataques de los negacionistas. Lo que vulnera los derechos, es no dejar que se hagan efectivos aquellos que las mujeres tenemos reconocidos. En un momento en que cuestiones como la feminización de la pobreza o el número de asesinatos machistas están en los niveles que están, atribuir un borrado de las mujeres a una ley que lo que pretende es ampliar derechos, es osado. Nosotras lo que planteamos y en lo que vamos a institir es en que tenemos que trabajar en torno a lo que nos une, queremos fortalecer los espacios de participación y diálogo con todas las feministas. Es mi principal compromiso: que el Instituto de las Mujeres se convierta en un espacio de diálogo y participación. En otros periodos históricos, el feminismo a pesar de las divergencias en torno a temas cruciales, ha sido capaz de ponerse de acuerdo, construir una agenda común y seguir avanzando. Eso tenemos que cogerlo como referencia.
P: Hace unas semanas el sindicato Intersindical logró un permiso de flexibilización menstrual para las trabajadoras del Ayuntamiento de Girona. ¿Qué le parece? ¿Cree que es un debate que se debe abordar desde los poderes públicos?permiso de flexibilización menstrual
R: En el ámbito laboral tenemos un buen número de debates que tenemos que abordar, que tienen que ver con la división sexual del trabajo, con la asunción de las mujeres del trabajo no remunerado y cómo afecta a la calidad de vida de las mujeres, a cómo acceden y permanecen en el mercado laboral. Hay que abrir un debate profundo que culmine con cambios normativos para garantizar aspectos como que los cuidados sean políticas públicas, que se puedan aplicar en el diseño de las jornadas laborales y en sus condiciones, impulsando criterios que faciliten la conciliación, que permitan que la realidad laboral ponga encima de la mesa que hay otros trabajos que hacen las mujeres y que no están contemplados, y que hace falta una política activa de conciliación. Por supuesto, también en lo que tiene que ver con la disposición del cuerpo, con un enfoque de salud.
P: Hoy día el asunto de los indultos está de plena actualidad, ¿Juana Rivas debería ser indultada?
Tras la ley trans y la del 'solo sí es sí', Igualdad prepara para diciembre la reforma de la ley del aborto
R: Por supuesto que sí.
P: ¿Por qué?
R: En primer lugar porque ningún maltratador es un buen padre. Esto que ya hemos incorporado en la nueva Ley de Infancia es un cambio de paradigma y tiene mucho que ver con el caso de Juana Rivas. Lo que no se puede permitir ni tolerar es que en un país que se dice feminista, una mujer que ha hecho lo indecible por defender a sus hijos acabe en la cárcel. Juana Rivas tiene que ser indultada.
Le mesa redonda que preside su despacho, en la quinta planta del Ministerio de Igualdad, está repleta de papeles. "Estoy en la fase de empollar todo lo que puedo", dice Antonia Morillas. Acaba de aterrizar en el Instituto de las Mujeres y aunque su experiencia como responsable de formación feminista en Izquierda Unida Andalucía le concede cierto bagaje, lo cierto es que estar al frente de la institución constituye para ella un paso de gigante: "Son palabras mayores". Morillas (Jaén, 1982) recibe a infoLibre para su primera entrevista desde que tomara posesión de su cargo el pasado 26 de mayo.