La Ley de Dependencia no solo acapara titulares por el retroceso a la que la sometió el Gobierno de Rajoy. Pero su aplicación dejó lagunas en otros territorios como el Principado de Asturias, y esas lagunas dejaron deudas de hasta 90.000 euros a familiares de ancianos fallecidos en residencias.
El Gobierno regional achica el agua y se esfuerza por revisar cada expediente y mitigar los daños, pero los familiares se sienten "estafados", "engañados" por la Administración y agobiados por las cifras que les reclaman desde el organismo público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), en el epicentro de un conflicto que quita el sueño a más de mil familias.
El origen del problema se remonta a la legislación autonómica anterior a 2007, que fue el año en el que se aprobó la Ley de Dependencia. El ERA, un servicio público pero no gratuito, establecía con los ancianos un contrato mediante el cual los usuarios pagaban el 75% de su pensión, independientemente del nivel de sus ingresos. Cuando fallecían, si no contaban con ningún ingreso o bien a su nombre, el organismo no les cobraba la deuda.
Pero en 2007 entró en vigor la norma estatal de dependencia, que establece que las comunidades autónomas deberán fijar en un decreto cuál será la fórmula de copago a establecer con las personas mayores a las que legalmente se les reconoció el derecho a tener una prestación o servicio y señala que en todo caso el copago debe ser acorde con la capacidad económica de cada beneficiario.
La cuestión es que entre 2007 –cuando se aprueba la ley estatal– y 2011 –cuando se da luz verde el desarrollo autonómico– el ERA no aplicó el copago a las familias de los usuarios fallecidos porque estaba a la espera precisamente de que se publicara el decreto autonómico que lo iba a fijar. Durante este periodo su residencia siguió, por tanto, regida por el contrato anterior. Y esas facturas llegaron años después, con los beneficiarios ya fallecidos.
1.287 afectados
La Plataforma de Afectados por la Deuda del ERA asegura que no les notificaron ese importante matiz. Ángel Rodríguez es su portavoz y fue de los primeros que, en 2013, comenzó a denunciar lo que considera un engaño. "Cuando fui yo a recoger el papel donde venía reconocido que tenía derecho a la Ley de Dependencia me dijeron que estaba todo cubierto. Después, a los tres años de fallecer mi madre, unos meses antes de que prescribiera, me dicen que tengo que pagar el importe completo. El 100% de la plaza, más allá de lo que ya habíamos pagado", lamenta.
El ERA reconoce a 1.287 personas en esta situación. 1.287 familias que tienen que afrontar pagos de miles de euros, en principio, a la espera de una resolución definitiva del Ejecutivo regional. Hay un caso de 90.000 euros y varios de 50.000, según Rodríguez. "Siempre se nos dijo, desde el colectivo de trabajadores sociales, que no tendríamos que pagar nada", critica. "Es una barbaridad. Hay mucha gente en las asambleas que vamos haciendo y es un cuadro ver a gente llorando, diciendo que los dejan en la ruina, en la calle", añade.
El Gobierno de Asturias ya está en marcha para abordar la situación, según explica la gerente del ERA, Graciela Blanco. En marzo de este año, la Junta General del Principado aprobó una iniciativa de Podemos para suspender las liquidaciones en marcha y auditar la deuda de manera individual.
El organismo elaboró un informe, indica Blanco, que proponía otra solución: revisar el expediente de cada afectado y recalcular la liquidación teniendo en cuenta la capacidad económica de cada uno. "Estuvimos buscando la fórmula jurídica que nos permita abordar esta situación. Está hecho el informe y estamos pendientes de que el Consejo Consultivo de Asturias nos diga que, efectivamente, lo que planteamos es la fórmula adecuada, o nos dé una alternativa", afirma la gerente.
La revisión se está alargando en el tiempo porque, según Blanco, hay que solicitar datos a la Agencia Tributaria y comprobar exhaustivamente en qué situación se encuentran las cuentas de cada afectado: propiedades, ingresos, bienes, etcétera.
Para la Plataforma de Afectados por la Deuda del ERA esta solución tampoco es la ideal. Consideran que establecer como criterio para la renegociación la cuantía de la herencia que recibieron los familiares no es del todo justo. "Le dijimos a la consejera que qué pasa con el que nunca cotizó ni dio un palo al agua, que recibió una herencia y lo quemó todo en vida, y como nada tiene nada paga, y el que tiene un par de pisos que le costó sangre, sudor y lágrimas conseguirlo sí que paga", dice Rodríguez.
La asociación sigue al pie del cañón porque ni están plenamente convencidos ni se fían de la solución que propone el Principado. "No podemos estar con esta incertidumbre hasta que la Administración decida mandar las nuevas liquidaciones. Tenemos que ponernos las pilas y meterles toda la presión del mundo", asegura Rodríguez. "A seguir con la lucha, porque es una barbaridad", sentencia.
La Ley de Dependencia no solo acapara titulares por el retroceso a la que la sometió el Gobierno de Rajoy. Pero su aplicación dejó lagunas en otros territorios como el Principado de Asturias, y esas lagunas dejaron deudas de hasta 90.000 euros a familiares de ancianos fallecidos en residencias.