El Pleno del Parlament de Cataluña aprobó este miércoles, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pactadas la semana pasada por ambos grupos y que reiteran la apuesta por una desconexión del Estado con carácter unilateral. El Tribunal Constitucional advirtió en un auto el pasado día 20 que las instituciones catalanas debían paralizar cualquier iniciativa que conculcara la Carta Magna, e indicó que las conclusiones de la comisión "contravenían claramente" anteriores resoluciones del tribunal de garantías. Pese a ello, la mayoria independentista forzó que se votara en el Pleno y aprobó el texto.
El documento, que recibió luz verde primero en la comisión y después en el Pleno, consta de once puntos. El primero subraya que el "marco jurídico constitucional y legal español" no deja margen para "el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán", de modo que la única vía para ejercerlo es la "desconexión" y la "activación de un proceso constituyente propio". Los siguientes reafirman la legitimidad del "pueblo de Cataluña" como sujeto para emprender ese proceso constituyente, subrayan que la experiencia de otros países avala esa vía y recuerdan la necesidad de que el proceso dé cabida a todas las "sensibilidades ideológicas".
El texto salido de la comisión gracias al acuerdo de Junts pel Sí y la CUP describe además tres fases hacia la independencia: el proceso participativo, la "desconexión con el Estado español" y la "convocatoria de elecciones constituyentes" para formar una asamblea que redacte una constitución catalana que sea finalmente aprobada en referéndum. Esa Carta Magna catalana comenzaría a trabajarse en un "foro social constituyente" con participación directa de la ciudadanía, mientras que en la fase de desconexión las conclusiones establecen que se hará caso omiso del "control, suspensión o impugnación" de cualquier otro "poder, juzgado o tribunal".
La comisión parlamentaria que aprobó en primer término las conclusiones a las que el Pleno dio luz verde este miércoles se constituyó en enero con los votos a favor de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot. Fuentes de esta última candidatura consultadas por infoLibre señalaron que tenían la esperanza de que durante estos meses se debatiera "en profundidad" sobre un "proceso constituyente" amplio que no versara únicamente sobre una independencia de Cataluña. "No queríamos hablar sólo del modelo territorial, pero al final la comisión ha estado al servicio de la idea de la independencia y la unilateralidad", lamentó un cargo de la formación en conversación con este diario.
Otros partidos, como el PSC y Ciudadanos, rechazaron formar parte de la comisión desde el inicio. Fuentes socialistas señalaron que ya sabían "desde un principio" que no habría "opción a defender otras opciones" en la comisión: "Todo iba a ser hablar del proceso para la secesión", resumió un diputado socialista, que manifestó a este diario que el PSC trató de advertir a Sí que es Pot de que los grupos independentistas iban a "monopolizar" el debate. "Estaba claro desde un principio que esta comisión iba a ser inconstitucional", manifestó por su parte un parlamentario de la formación de Albert Rivera.
Inclusión a última hora
La aprobación de estas conclusiones se incluyó en el orden del día del Pleno en el último momento. La pasada semana, la Junta de Portavoces –donde Junts pel Sí tiene mayoría absoluta–, demandó que se incluyera en el Pleno del Parlament de esta semana, pero la Mesa de la Cámara –también controlada por el grupo independentista–, lo rechazo. Este miércoles, Junts pel Sí y la CUP solicitaron su inclusión e invocaron para ello una posibilidad contemplada en el reglamento del Parlament, que establece que puede modificarse el orden del día si dos grupos o una quinta parte de los diputados así lo piden, tal como sucedió.
Para el PSC y Ciudadanos, ese modo de proceder encierra una maniobra política para tratar de librar de toda responsabilidad a los miembros de la Mesa, a excepción de su presidenta. La razón es que el Constitucional advirtió al órgano de Gobierno del Parlament que debía frenar la votación que se celebró este miércoles. Por ello, razonan los grupos de la oposición, la Mesa no incluyó ese punto en el orden del día. Posteriormente, los grupos independentistas pidieron su inclusión a última hora, y la decisión de aceptar o no esa petición dependió exclusivamente de la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell. "Han tratado de difuminar las responsabilidades", dice un diputado del PSC. "Han conseguido evitar la responsabilidad del resto de miembros de la Mesa, pero es evidente que Forcadell ha traspasado la línea roja que le marcó el Constitucional", señalan fuentes de Ciudadanos.
De hecho, antes de introducir en el orden del día este punto, la propia Carme Forcadell advirtió a los portavoces de los grupos de Junts pel Sí y la CUP de la existencia del auto del Constitucional que manifestaba expresamente que las autoridades catalanas y especialmente la Mesa del Parlament debían frenar cualquier iniciativa que quebrantara el orden constitucional o conculcara otras resoluciones del TC. Sin embargo, los líderes parlamentarios de ambas formaciones pidieron seguir adelante y Forcadell aceptó incluir la votación sobre el documento de la comisión en el Pleno. En esa votación definitiva hubo 72 votos a favor y 11 en contra, los de Catalunya Sí que es Pot. Los diputados del PSC permanecieron en sus escaños pero no votaron. Los parlamentarios de Ciudadanos y el PP se ausentaron del hemiciclo en señal de protesta.
Debate tenso
Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí, defendió que el proceso constituyente es un "ejercicio democrático para desconectar" del Estado que garantiza transparencia y participación ciudadana. "No hay que esperar un aval del Estado que no llegará nunca", agregó. Gabriela Serra, diputada de la CUP, invocó por su parte "el camino de la desobediencia" y proclamó: "No tenemos miedo".
Los grupos de la oposición se mostraron críticos. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, calificó la aprobación de las conclusiones de "golpe a la democracia", y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, señaló que nadie tiene derecho a ponerse por encima del Estado de derecho y criticó que se llame "desconexión" a la "independencia" para "hacerlo más asumible". Xavier García-Albiol (PP) calificó la votación de "acto antidemocrático" y el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, acusó a los independentistas de llevar adelante una "estafa política para mantenerse en el Govern".
Reacción del Gobierno
Tras conocerse la aprobación en la Cámara catalana, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, dio instrucciones a la Abogacía del Estado para que actúe y contactó con los principales partidos para informarles de los pasos que va a dar. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estudió la posibilidad de elevar al Consejo de Ministros del viernes un acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a presentar ante el Constitucional un incidente de ejecución contra la resolución aprobada en el Parlamento catalán. El Ejecutivo considera que la resolución de la Cámara catalana "vulnera radicalmente" anteriores sentencias del tribunal de garantías.
Por su parte, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría garantizó que el Gobierno seguirá defendiendo "el orden constitucional" frente a "un paso más, reiterado, contumaz y muy grave" en la senda de vulneración de la ley que han iniciado el Gobierno y la Cámara catalanas. En ese sentido, Sáenz de Santamaría advirtió que el Gobierno estará "muy pendiente" de las decisiones que se adopten en Cataluña y subrayó que la resolución de este miércoles abunda en la ya "reiterada vulneración de la legalidad constitucional" y que supone además "algo más" por "la contumacia" con la que está actuando el Parlament y su presidenta, Carmen Forcadell.
Sin efectos concretos
De lo aprobado este miércoles en el Parlament no se derivan, por ahora, efectos concretos. De hecho, fuentes parlamentarias recuerdan que las conclusiones de la comisión ya estaban aprobadas en ese órgano, de modo que la votación en el Pleno no añade ninguna consecuencia tangible en el corto plazo. "¿Alguien se cree que nos acostaremos con la ley española y nos levantaremos con la catalana?", se preguntó retóricamente durante el debate el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, el diputado Joan Coscubiela. Fuentes de este grupo señalan que lo ocurrido es un "gesto simbólico" para "ratificar el compromiso" de Junts pel Sí y la CUP con "la independencia unilateral": "Es un movimiento que simplemente alimenta el relato independentista, nada más", apunta un cargo de la candidatura participada por Podemos.
Muy similar es en este aspecto el diagnóstico, también, de Ciudadanos y el PSC. Un diputado del partido naranja considera que la votación "únicamente busca la confrontación" entre las instituciones catalanas y el Estado. "Es un tensionamiento deliberado e innecesario, porque no tiene ningún efecto. Los independentistas no han hecho nada concreto y saben, en su mayoría, que a largo plazo esto no va ningún lado, pero se han permitido alardear de la desobediencia al Tribunal Constitucional", añade. "Es una escalada en un conflicto institucional innecesario", dicen fuentes socialistas, que coinciden en que Junts pel Sí y la CUP han buscado el "choque" y dejar patente su capacidad de, "por primera vez, desobedecer al TC".
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El futuro de Puigdemont
Varios grupos de la oposición consideran, finalmente, que la votación de este miércoles tiene una última derivada vinculada al futuro del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien se someterá el 28 de septiembre a una moción de confianza. Para superarla y continuar en el poder, necesita la mayoría simple de los votos emitidos. En caso contrario, según el reglamento de la Cámara catalana, cesará en el cargo, quedará en funciones y se iniciará el proceso de investidura de un nuevo presidente. Para ello habría dos meses, tras los cuales se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones si nadie resultara elegido. Todas las fuentes consultadas señalan que su única opción es contar con los votos de la CUP, porque ningún otro grupo está dispuesto a apoyarle.
"Con la votacion de este miércoles hay un objetivo de facilitar que la CUP lo respalde en la moción de confianza", pronostican fuentes del PSC. "Puigdemont está buscando el apoyo de los antisistema para la moción de confianza y los próximos presupuestos", coincide un parlamentario de Ciudadanos. También un cargo de Catalunya Sí que es Pot cree que el "gesto" de este miércoles es una "vía para contentar a la CUP". Los tres grupos coinciden, en este sentido, en que Junts pel Sí ha tratado de escenificar nuevamente su compromiso con la vía hacia la independencia para facilitar que el grupo independentista de izquierdas le conceda una "prórroga" y le permita seguir al frente de la Generalitat más allá de septiembre.
El Pleno del Parlament de Cataluña aprobó este miércoles, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pactadas la semana pasada por ambos grupos y que reiteran la apuesta por una desconexión del Estado con carácter unilateral. El Tribunal Constitucional advirtió en un auto el pasado día 20 que las instituciones catalanas debían paralizar cualquier iniciativa que conculcara la Carta Magna, e indicó que las conclusiones de la comisión "contravenían claramente" anteriores resoluciones del tribunal de garantías. Pese a ello, la mayoria independentista forzó que se votara en el Pleno y aprobó el texto.