El tribunal de segunda instancia de Buenos Aires (la Cámara Nacional de Apelaciones) acaba de anular la orden que, a petición del juez Pablo Ruz, había dictado un magistrado de la capital argentina para bloquear tres cuentas y una caja de seguridad propiedad de La Moraleja SA. Es decir, de la sociedad a través de la cual el extesorero del PP Ángel Sanchís Ángel Sanchísexplota un gigantesco emporio agrícola en el país austral. Ruz considera a Sanchís socio y depositario de parte de los fondos evadidos al extranjero por Luis Bárcenas, el más célebre de todos los extesoreros y exgerentes del PP –cuatro– cuyos nombres aparecen ya grabados en la nómina de imputados del caso Gürtel.
La resolución de la Cámara de Apelaciones, que avala el recurso de los abogados de Sanchís y fuerza a Ruz a partir de cero en su solicitud de ayuda judicial a Argentina, lleva la firma de dos de los tres magistrados de la Sala II del tribunal. Y figura datada el 3 de diciembre. Una semana antes, el último informe policial remitido a Ruz por la Brigada de Blanqueo de la UDEF señalaba a Sanchís como “depositario y custodio” de parte de los fondos evadidos por Bárcenas a Suiza, transferidos desde allí primero a cuentas del HSBC en EEUU, luego a La Moraleja SA y, cerrando el círculo, reenviados de nuevo a cuentas de Bárcenas, el único imputado del caso Gürtel que permanece en prisión y autor de los papeles manuscritos que supuestamente destapan la financiación ilegal del PP.
Según el tribunal federal argentino, de rango inferior a la Corte Suprema pero con competencias para resolver los recursos de alzada planteados en Buenos Aires, el bloqueo de las cuentas de La Moraleja se efectuó sin que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que actuaba a petición de su colega español Pablo Ruz, acreditase previamente “extremos esenciales”. La Cámara de Apelaciones sostiene que Giorgi no sustentó su decisión con datos concretos sobre el monto económico susceptible de embargo ni sobre los terceros que se verían afectados. Y no argumentó “la existencia de una imputación concreta” de los delitos atribuibles a Sanchís.
La resolución, cuyo encabezado no precisa si se trata de un auto o de una sentencia y que consta de solo cinco páginas, ni siquiera menciona la denuncia por blanqueo de capitales que contra Sanchís y otras cuatro personas ligadas a Bárcenas presentó en otoño la Fiscalía Anticorrupción argentina, oficialmente denominada Procuradoría de Criminalidad Económica (Procelac). Al igual que Ruz, la Fiscalía reclamó al juez Martínez de Giorgi el embargo de las cuentas bancarias de La Moraleja SA.
La decisión del tribunal de apelación argentino solo muestra la firma de dos de los tres magistrados que integran la Sala: Martín Irurzun y Horacio Cattani. El tercero, Eduardo Farah, no estampó su rúbrica “por hallarse en uso de licencia”.
Sobre Sanchís, también imputado y que niega al completo las acusaciones del juez Ruz, no pesa ninguna medida limitativa de su libertad. Pero sí una fianza civil de ocho millones para garantizar el pago de las eventuales sanciones que pudieran derivarse de una futura condena por complicidad en los delitos atribuidos a Bárcenas.
Las opciones de Ruz
Precisamente para asegurar que esos ocho millones quedarían de forma efectiva bajo tutela judicial, Ruz pidió a EEUU y Argentina que bloqueasen las cuentas de La Moraleja y de otras compañías de la familia Sanchís, entre ellas las de Brixco. Esa es la sociedad a la que Bárcenas transfirió unos tres millones de euros (3,9 millones de dólares) en 2009: al banco suizo Dredsner Bank le dijo que con el dinero transferido pretendía adquirir participaciones de La Moraleja SA. Sanchís, en cambio, sostiene que Bárcenas se limitó a hacerle un péstamo.
Para evitar el embargo bancario, el antiguo político y hoy empresario lanzó una contraoferta al juez: entregar en depósito acciones de La Moraleja por importe equivalente a cinco millones y aportar en dinero los tres millones restantes. Según fuentes relacionadas con el caso, el magistrado aceptó la propuesta de Sanchís pero demoró la solicitud de levantamiento del bloqueo en Argentina a la espera de que los peritos dirimiesen si los títulos societarios valen realmente cinco millones.
Ahora, y dado el tenor de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, el magistrado tiene dos opciones: dar contraorden y renunciar de manera definitiva al embargo de las cuentas que La Moraleja posee en el argentino Banco Macro o permitir que la familia Sanchís opere de nuevo con esos depósitos pero sin que ello implique abandonar la investigación sobre los negocios de Sanchís en el Cono Sur.
El tribunal de segunda instancia de Buenos Aires (la Cámara Nacional de Apelaciones) acaba de anular la orden que, a petición del juez Pablo Ruz, había dictado un magistrado de la capital argentina para bloquear tres cuentas y una caja de seguridad propiedad de La Moraleja SA. Es decir, de la sociedad a través de la cual el extesorero del PP Ángel Sanchís Ángel Sanchísexplota un gigantesco emporio agrícola en el país austral. Ruz considera a Sanchís socio y depositario de parte de los fondos evadidos al extranjero por Luis Bárcenas, el más célebre de todos los extesoreros y exgerentes del PP –cuatro– cuyos nombres aparecen ya grabados en la nómina de imputados del caso Gürtel.