La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo a Isabel Díaz Ayuso. Este viernes ha presentado una querella contra nueve personas, entre ellas la presidenta madrileña, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el conocido como caso Avalmadrid, que fue destapado por infoLibre en 2019. Ayuso siempre ha negado que existiese cualquier actuación irregular por su parte.
El origen de los hechos se encuentra en un crédito de 400.000 euros que la entidad semipública Avalmadrid concedió a la empresa MC Infortécnica SL, que tenía ocho accionistas, entre ellos los padres de Ayuso. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y los ocho accionistas se convirtieron en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obligaba a responder de la devolución del dinero con todos sus bienes presentes y futuros.
MC Infortécnica tenía que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid el 15 de diciembre de 2011, pero para entonces la empresa ya había quebrado. Solo tres meses después de recibir los 400.000 euros, la compañía dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Y el 23 de septiembre de aquel año, despidió a la práctica totalidad de la plantilla. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso ya era consciente de que la empresa de sus padres no podría devolver el dinero. Así lo puso ella misma por escrito, en un correo que envió al entonces director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid –Carlos Ramos Juárez– el 14 de septiembre de 2011, donde le transmitía la sospecha de que los socios de sus padres habían “montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra [MC Infortécnica]”. Ayuso se había puesto en contacto con Juárez precisamente para enterarse de en qué medida podía afectar el impago del crédito al patrimonio de sus padres. La ahora presidenta era desde aquel verano de 2011 diputada del PP en la Asamblea de autonómica.
Tras asumir que la empresa no podría hacer frente a sus obligaciones con Avalmadrid, los padres de Ayuso y sus hijos orquestaron una donación para transferir a Isabel la propiedad de un piso en el centro de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila. El objetivo era evitar así que los inmuebles fuesen embargados como garantía del crédito. Otros cuatro accionistas de MC Infortécnica SL también se deshicieron de los inmuebles que tenían. Los dos restantes no pudieron desprenderse de sus propiedades porque ya estaban hipotecadas.
Esas operaciones, que según la querella de ALA son constitutivas de un delito de alzamiento de bienes, se realizaron entre el 7 de octubre de 2011 –cuando la familia de Díaz Ayuso escrituró la donación– y julio de 2012. Cuatro de los accionistas transfirieron propiedades a sus hijos, mientras que otros dos los vendieron a terceros. Todas estas transacciones se hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que era público que los morosos estaban traspasando su patrimonio [en esta información se detallan todas las operaciones presuntamente fraudulentas]. En una auditoría elaborada por la propia Avalmadrid tras el estallido del escándalo se admite que su Comité de Morosidad llegó a ocultar la donación del piso a Isabel Díaz Ayuso.
Todos estos hechos se relatan en las 25 páginas de la querella, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre. ALA pide que se tome declaración como investigados a nueve personas en total. A los cuatro accionistas de MC Infortécnica que participaron en el presunto alzamiento de bienes y que siguen vivos: Cristina Ayuso Puente, María del Carmen Angulo López-Cancio, José Luis Marcelino Santamaría y Victoria Suñer Cordero (el padre de Ayuso y uno de sus socios ya fallecieron). Y también a los cinco hijos que se hicieron con las propiedades: la presidenta madrileña, su hermano Tomás, y Covadonga, Guillermo y Paula Pitarch Angulo. La querella se presenta en el Supremo porque Ayuso está aforada ante dicho tribunal.
Además de la declaración de los querellados, ALA solicita que acudan como testigos cuatro personas que en la época en que ocurrieron los hechos eran directivos de Avalmadrid –Eva Piera, Juan Luis Fernández-Rubíes, Carlos Ramos Juárez y Christian de la Torre González–; que se envíen mandamientos a las notarías donde se escrituraron las operaciones de transmisión de los bienes, y que se reclame diversa documentación a Avalmadrid. En todo caso, ALA presenta documentos registrales de todos los presuntos alzamientos realizados. La querella la firma Ángeles Chinarro, presidenta de la entidad de abogados progresistas.
El delito de alzamiento
El delito de alzamiento de bienes se recoge en el artículo 257 del Código Penal. Castiga aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Así lo explica el Tribunal Supremo en múltiples sentencias donde fija su jurisprudencia sobre el alzamiento [por ejemplo, en las SSTS 4396/2005, de 30 de junio, y 1738/2002, de 11 de marzo].
El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico-pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que no se paga es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.
La posible prescripción es un elemento clave en relación con la querella de ALA, que se ha presentado justo un día antes de que se cumplan diez años de la donación de los padres de Ayuso a sus hijos (realizada el 7 de octubre de 2011). Si el Supremo entendiese que la deuda que se trató de eludir era de Derecho privado, los hechos habrían prescrito hace cinco años. Pero si considerase que es de Derecho público, la iniciativa de ALA se habría presentado 24 horas antes de que terminase el plazo de diez años.
Por ello, los querellantes ponen especial énfasis en intentar demostrar que los 400.000 euros que recibió (y no devolvió) MC Infortécnica deben considerarse fondos públicos. En primer lugar, porque Avalmadrid es una empresa con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid, que “ejerce el dominio de manera evidente, tanto por su participación en la titularidad de acciones y capital suscrito, como por su gran presencia e incidencia en los órganos directivos”. En concreto, se indica que la Comunidad dispone del 43,21% del capital y cuenta con tres miembros en el consejo de administración, entre ellos su presidente. A ello, continúa ALA, “se le debe añadir la participación accionarial pública y en los órganos de dirección en otro de sus accionistas, Bankia SA, que representa un 41,90% y dispone de tres consejeros”.
En segundo lugar, ALA explica que los fondos con los que se terminó pagando los 400.000 euros no devueltos por los accionistas de MC Infortécnica tienen un origen mayoritariamente público. En concreto, tal y como desveló infoLibre en su día, el dinero salió de las siguientes entidades:
– 206.123,5 euros los abonó la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que reavaló la mitad del crédito. Como Cersa es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.
– 102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid, que reavaló un 25% del préstamo. En este caso el dinero salió del bolsillo de los madrileños.
– 125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid.
En definitiva, en torno a un 80% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes.
La denuncia que archivó la fiscal Suárez
Instagram restituye la foto de Ayuso en Las Ventas
La querella de ALA es el segundo intento de que la Justicia investigue los hechos protagonizados por la familia de la presidenta madrileña y los socios de sus padres en MC Infortécnica. El primero, protagonizado por Más Madrid, fracasó en la Fiscalía Anticorrupción.
La número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, dictó el 13 de noviembre de 2019 un decreto archivando la denuncia presentada meses antes por el partido político que lidera Mónica García. Dictó ese decreto sin realizar diligencia de investigación alguna. Pero no solo eso: el breve texto de archivo de la fiscal contiene al menos cinco afirmaciones que son falsas. Entre ellas destaca el hecho de que atribuía al Supremo una jurisprudencia sobre el alzamiento de bienes que es exactamente la contraria de la que sostiene el alto tribunal. También sorprende que Suárez mintiese en su escrito sobre las fechas de los correos que Ayuso envió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, un dato que es ciertamente fácil de comprobar.
En todo caso, el archivo de la denuncia de Más Madrid por parte de Anticorrupción ha sido el principal argumento utilizado por el PP para defender que Ayuso jamás realizó actuación irregular alguna. Así lo hizo con insistencia el portavoz de su partido en la comisión de investigación sobre Avalmadrid creada en la Asamblea regional a finales de 2019. También sostuvo que Avalmadrid no es una entidad que tenga carácter público. El dictamen de la comisión, exculpatorio para la presidenta madrileña, finalmente no se debatió en el pleno de la Asamblea al disolverse esta para la celebración de las elecciones del pasado 4 de mayo.
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo a Isabel Díaz Ayuso. Este viernes ha presentado una querella contra nueve personas, entre ellas la presidenta madrileña, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el conocido como caso Avalmadrid, que fue destapado por infoLibre en 2019. Ayuso siempre ha negado que existiese cualquier actuación irregular por su parte.