Presidida por Daniel Portero, hijo de una víctima de ETA y desde 2019 diputado autonómico de Isabel Díaz Ayuso, Dignidad y Justicia se ha convertido no solo en una de las entidades de la constelación de derechas que actúan como ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también en una de las escasas asociaciones agraciadas por la cesión gratuita de inmuebles del Ejecutivo madrileño. Aunque el dato había pasado inadvertido, Dignidad y Justicia –más de 50 asociados, según Portero– tiene cedido como sede y desde junio de 2017 el uso gratuito de un piso en el céntrico distrito de Chamberí, el segundo más caro de la ciudad.
Con su jefe sumado a quienes han enarbolado como una bandera el lema de "¡que te vote Txapote!" –Portero lo gritó a pleno pulmón en la Asamblea de Madrid– y ahora centrada en ejercer la acusación popular en el caso Tsunami con el objetivo de que los disturbios del independentismo catalán en 2019 acaben juzgados como delito de terrorismo, el ejemplo de Dignidad y Justicia se sitúa en las antípodas de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, con 1.800 miembros –según su presidente– y que sigue a la espera de que el Gobierno regional le facilite una sede.
Muy crítica con lo que considera “manipulación” de Telemadrid respecto a cómo se comporta el Gobierno central con las víctimas del terrorismo y cómo actúa el Gobierno de Ayuso, la asociación que defiende a los golpeados por la masacre yihadista de 2004 que en un primer momento atribuyó el PP a ETA está a la espera de que se le proporcione un espacio público gratuito. En cambio, la minoritaria Asociación de Víctimas del 11M dispone de dos inmuebles, situados en calles paralelas según el último inventario patrimonial publicado, el de 2022. Esta asociación no ha respondido a ninguna de las preguntas remitidas el lunes por este diario sobre su número de socios o cómo, cuándo y bajo qué criterio obtuvo la cesión inmobiliaria.
Lo expuesto en los párrafos anteriores enlaza con las respuestas que la directora general de Patrimonio del Gobierno de Madrid, Beatriz Martín, dio el miércoles de la semana pasada a una pregunta de Más Madrid durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid que se puede ver pinchando aquí. Lo que vino a decir Martín se resume así: que para la solicitud de una cesión gratuita de uso de algún inmueble no hay “una tramitación, un procedimiento claramente definido, es simplemente por registro”.
El diputado Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) acababa de interpelarla sobre si existe un protocolo concreto en esta materia después de que la directora general dijese que no le constaba ninguna solicitud efectuada por la Federación de Asociaciones de Vecinos. La conclusión que el parlamentario extrajo de las palabras de Martín quedó condensada este martes en una breve conversación telefónica con este periódico: “Hay una ausencia de protocolo que conduce a una tramitación discrecional y arbitraria” en lo que a cesión de inmuebles públicos se refiere.
Una exigua minoría privilegiada
Por razones que el Ejecutivo madrileño no ha aclarado, la entrega de un piso en Chamberí a Dignidad y Justicia no figura en el inventario autonómico de bienes inmuebles hasta 2020. De los 92 beneficiarios de la fórmula “cesión de uso gratuita”, 40 son ayuntamientos y solo 16 asociaciones, apartado en el que no se encuadran las fundaciones ni las federaciones deportivas ni las organizaciones sindicales o entidades como la Cruz Roja o Cáritas. El Registro de Asociaciones de Madrid cifra en 22.191 las asociaciones registradas en esa comunidad. Es el Gobierno regional el que determina qué entidades merecen acceder a un inmueble público que libre a los cesionarios del pago de un alquiler.
El misterio –dicho sea en sentido estricto– gira en torno a por qué una asociación como la que agrupa a gran parte de las víctimas del 11-M carece de apoyo público inmobiliario mientras que otra de tamaño mucho menor y también focalizada en el terrorismo, Dignidad y Justicia, ha sido bendecida por la Comunidad de Madrid.
Desde luego, Dignidad y Justicia posee mucha más proyección mediática como convocante de la manifestación contra el Gobierno encabezada en enero por la fundación de Alejo Vidal Quadras o por episodios como el que en julio de 2018 y en plena batalla interna por el poder en el PP tras la caída de Mariano Rajoy llevó a Daniel Portero a acusar a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de “favorecer la salida” de presos etarras. Entonces todavía amigo irreductible de Isabel Díaz Ayuso, el aspirante a presidir el partido y rival de Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, permitió que su equipo difundiera en el congreso del PP el comunicado de Dignidad y Justicia.
A preguntas de infoLibre sobre cómo se hizo Dignidad y Justicia con el local, Daniel Portero respondió así: “A lo largo de los años 2015 y 2016 se solicitó vía carta a Dirección General de Patrimonio las necesidades que teníamos como asociación y ellos dispusieron dos años después la concesión de dicho inmueble. Son necesidades de 2 despachos y una sala mínima de Reunión, para los abogados y para reunirnos la junta directiva. Otras asociaciones de víctimas del terrorismo como la nuestra –de implantación principalmente en Madrid– tienen cesión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid [en este caso, a AVT, desde 2012 durante el mandato de Ana Botella]. Nuestros asuntos judiciales se llevan en la Audiencia Nacional –muchas víctimas del terrorismo son de Madrid y visitan la sede para reuniones, aparte del trabajo de la junta directiva y abogados”.
La cesión de uso se realizó para un periodo de cinco años prorrogables. ¿Se amplió entonces otros cinco años en 2022? “Así es tal y como establecía el convenio”, contestó Portero. Tras una larga e infructuosa búsqueda por parte de infoLibre en los registros oficiales de convenios de la Comunidad de Madrid, el equipo de comunicación de la Consejería de Hacienda confirmó que tal convenio nunca existió. “No existe convenio –dijeron sus portavoces– porque la cesión gratuita se aprueba por Orden de la Consejería de Hacienda a propuesta de la DG de Patrimonio y Contratación, previo informe favorable de la Consejería competente [Presidencia] por razón de la materia”. Este diario informó a Portero de que no hay convenio. El diputado guardó en este caso silencio.
Un hueco en el inventario patrimonial
Respecto a por qué la cesión gratuita de uso a Dignidad y Justicia no aparece en el inventario patrimonial de 2019, accesible desde las páginas de transparencia de la Comunidad, la Consejería de Hacienda ofreció la siguiente explicación: “En cuanto a por qué no figura en el listado de 2019, la razón es porque la publicación que se hizo en 2019 corresponde con información de diciembre de 2018. En ese momento la Comunidad de Madrid no disponía de legislación propia sobre transparencia y se regía por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. A partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, que se produjo el 1 de enero de 2020, se empezó a publicar información sobre inmuebles a partir de 2020”.
Pero hay dos peros de relevancia con los que se tambalean tales explicaciones: el primero, que la cesión del local tuvo lugar en mayo de 2017, tal como figura en un boletín oficial finalmente remitido por el Gobierno madrileño, por lo que a partir de ese momento debía constar en el inventario; y el segundo, que si bien el listado que en la web de la Comunidad se titula “diciembre de 2019” aun reflejando datos de 2018 no desvela la identidad del cesionario de cada inmueble, sí detalla qué tipo de entidad es. Y hasta 2020 ni siquiera aparece la dirección donde se localiza la sede de Dignidad y Justicia pese a que la vivienda pertenece al patrimonio público desde 1991.
¿Se trata de un mero error informático compensado tan solo por el anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que desde luego no forma parte del listado de publicaciones más leídas y populares? Este medio carece de datos para resolver esa cuestión. Hay otro dato que
Desde la Consejería de Presidencia de Madrid, responsable de los informes previos a la cesión de uso en lo que concierne a las asociaciones contra el terrorismo, las fuentes consultadas aseguran que la Asociación de Víctimas del 11-M –la minoritaria, antes denominada Ayuda Víctimas 11-M– obtuvo el local en 2021. Según el inventario son dos ubicados en calles paralelas y tal vez conectados entre sí, aunque no ha sido posible verificarlo. Según el catastro, la suma de la superficie de ambos locales roza los 200 metros cuadrados (196 exactamente). Hasta 2021, estaban destinados a otras asociaciones.
"No se adaptan a las necesidades solicitadas"
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Según Presidencia, la mayoritaria Asociación 11-M Afectados del Terrorismo fue “la última” que solicitó la cesión de un inmueble. “Pide –asegura la Consejería– un local con unas características muy concretas (más de 400 m2, recepción, al menos 3 despachos, una sala grande para reunión de la Sala de Juntas…). Los locales que tiene Patrimonio no se adaptan a las necesidades solicitadas. No obstante seguimos pendientes de cuando se van liberando espacios a ver si cumplen esos requisitos”.
El presidente de la asociación, Eulogio Paz, no niega que la solicitud va en esa dirección. Pero se desmarca por completo al subrayar que desde 2020 –y así lo atestiguan artículos publicados en la revista de la asociación sobre reuniones con altos cargos de la Comunidad– han solicitado la cesión de algún inmueble. Y “nunca” –recalca– ha habido una respuesta. “Si no hay de 400 metros pero hay alguno de 200 o lo que sea, que nos lo digan, máxime si se divide en dos plantas y dificulta así el acceso a quienes sufren daños derivados del atentado, como ocurre en el que pagamos nosotros por un alquiler de 1.300 euros al mes que podríamos dedicar a otras actividades. Pero que nos lo digan”.
Cuenta Eulogio Paz que ni el Gobierno de Ayuso ni el Ayuntamiento que capitanea su correligionario José Luis Martínez Almeida han mostrado interés por facilitarles un local. Y para demostrarlo envía la nota de prensa que la asociación difundió el 5 de septiembre de 2019 tras la reunión con el nuevo alcalde. “Le solicitamos –se lee en el escrito– la concesión de un local gratuito para el desarrollo, funcionamiento y gestión de nuestras actividades”. ¿Y les propuso algo el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid), antecesora de Almeida? “La Junta de distrito de Vallecas nos ofreció un local en el que había que realizar una obra cuyo coste no podíamos asumir”, responde.
Presidida por Daniel Portero, hijo de una víctima de ETA y desde 2019 diputado autonómico de Isabel Díaz Ayuso, Dignidad y Justicia se ha convertido no solo en una de las entidades de la constelación de derechas que actúan como ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también en una de las escasas asociaciones agraciadas por la cesión gratuita de inmuebles del Ejecutivo madrileño. Aunque el dato había pasado inadvertido, Dignidad y Justicia –más de 50 asociados, según Portero– tiene cedido como sede y desde junio de 2017 el uso gratuito de un piso en el céntrico distrito de Chamberí, el segundo más caro de la ciudad.