Las principales asociaciones de jueces defienden la legalidad "absoluta" del cobro de un total de 230.000 euros por parte de 32 jueces y fiscales de Madrid por asesorar en mejoras informáticas.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha venido abonando, según el diario El País, a través de la empresa Indra compensaciones para que funcionarios de justicia ayudaran a la mejora de un sistema informático que se va a implantar en un futuro en la justicia de esta Comunidad Autónoma.
El más categórico a la hora de defender la regularidad del cobro de los altos funcionarios de justicia es el portavoz de la asociación jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero: "La legalidad es absoluta. No entiendo la noticia que es de una falsedad absoluta".
Sexmero asegura que estas colaboraciones pagadas se encuentran dentro del desempeño normal: "Lo que han hecho los magistrados y funcionarios en general se ha hecho en otras Comunidades Autónomas y Madrid está muy retrasada en la informatización de las justicia. Y en este caso se trata de una colaboración técnico-jurídica, pues es imposible que ninguna empresa pueda hacer aplicaciones de gestión procesal sin la colaboración y el trabajo esclavo de los jueces, que tienen que trabajar en casa".
"Algo puntual"
En su defensa de la actuación de los magistrados, Sexmero sostiene también que hasta el momento en ninguna ocasión se ha reclamado una autorización: "Los Consejos no la han pedido, pues han entendido que se trata de algo puntual. Es una colaboración técnico-jurídica y todo está fiscalizado. Es legal y no hay ningún problema de ética ni de estética".
Por su parte, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, destaca que cuando la Comunidad de Madrid lleva a cabo unos trabajos para la informatización de la justicia, hay una parte de este trabajo que no puede ser encomendada a los técnicos: "Y los hacen los jueces, secretarios y funcionarios en general. Se denomina el árbol de secuencias, y tienen que definir cada acto procesal en todas las jurisdicciones. Y por otro lado hay que construir las resoluciones tipo que puedan ser utilizadas por los profesionales".
Sin compatibilidad
Y esta actividad se suele encomendar a pequeñas comisiones de jueces. "Las empresas informáticas estarían incapacitadas por su desconocimiento del acto procesal. Hasta el momento, estos trabajos no han necesitado una compatibilidad, y en este caso la última palabra la tendrá CGPJ".
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que también considera legales los cobros de los magistrados y fiscales, es más crítico con la posible incompatibilidad de estos trabajos: "Hubiera sido conveniente, dentro de un punto de vista ético, que se hubiera solicitada la autorización. Y no haberlo hecho perjudica la independencia judicial. Y perjudica la imagen de independencia, sobre todo porque se cobra un sueldo de una empresa privada. Se tendría que haber hecho para evitar suspicacias y sospechas".
Explicaciones de Vieira
La asociación Jueces para la Democracia ha preferido no hacer declaraciones a la espera de que aclaren las cantidades, si hay contratos y una autorización del Consejo y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, dé alguna explicación.
En este sentido, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, defendió a los funcionarios, y destacó que si el presidente del Tribunal madrileño les encarga un trabajo remunerado en todo momento darían por hecho que no habría problemas de compatibilidad.
Precisamente, el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado de oficio una información previa para averiguar si el propio Vieira y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.
El Gobierno andaluz paga 1.300 euros al mes al presidente del tribunal encargado de investigar a los aforados
Sin autorización
Así lo ha señalado el CGPJ en un comunicado en el que explica que decisión se produce después de que Vieira haya confirmado de que la Comunidad de Madrid había solicitado la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de justicia para el desarrollo de esta herramienta y de que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del CGPJ.
El promotor de la Acción Disciplinaria ha citado para este martes al presidente del TSJ de Madrid en la sede del Consejo General del Poder Judicial.
Las principales asociaciones de jueces defienden la legalidad "absoluta" del cobro de un total de 230.000 euros por parte de 32 jueces y fiscales de Madrid por asesorar en mejoras informáticas.