La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, ha traído desde su planteamiento toda una oleada de polémica por parte de periodistas, asociaciones de jueces y organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos. Este jueves se sumaron a las críticas la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, mediante un comunicado conjunto.
Denuncian que la nueva reforma introduce para la finalización de la instrucción unos plazos de entre seis y dieciocho meses, "según se trate de un asunto sencillo o complejo, y que la nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de la prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción".
Aseguran que "establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal puede resultar absurdo", dado que es el propio juez el encargado de controlar la realización efectiva en función de los plazos marcados por sus propias diligencias procesales, "como es también absurdo otorgar al Ministerio Fiscal, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación".
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incumple directrices internacionales
Las seis asociaciones de jueces y fiscales critican que esto sitúa a los miembros del Ministerio Fiscal y a los jueces de instrucción "en una irresoluble tesitura" puesto que "resulta imposible el cumplimiento del mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad".
Lamentan asimismo la "falta de coherencia de la reforma" y que su entrada en vigor esté prevista para el 5 de diciembre, fecha en la que se aplicará a todos los procedimientos vigentes, por lo que "habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España".
"Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados", concluye el comunicado, seguido de la petición por parte de las organizaciones de la suspensión de la reforma "hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma".
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente publicada en el BOE el pasado día 6 de octubre, ha traído desde su planteamiento toda una oleada de polémica por parte de periodistas, asociaciones de jueces y organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos. Este jueves se sumaron a las críticas la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, mediante un comunicado conjunto.