Las asociación mayoritaria de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– y el Foro Judicial Independiente (FJI) se han mostrado este martes contrarias a la proposición no de ley presentada en el Congreso por Podemos para suprimir el delito de enaltecimiento por entender que se trata de una penalización necesaria de una conducta delictiva, según ha informado Europa Press. Asimismo, defienden que no hay ataque a la libertad de expresión porque dicha libertad también tiene límites y cada caso se estudia de forma concreta por los tribunales.
La propuesta, registrada este lunes por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aboga por desarrollar un Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para suprimir el artículo 578, que regula el delito de enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, con el objetivo de reforzar la defensa de la libertad de expresión.
Para Celso Rodríguez, de la APM, la pretensión de Podemos no tiene justificación. "Cualquier enaltecimiento, comprensión y tolerancia hacia el terrorismo no puede justificarse desde un punto de vista jurídico, y el delito de terrorismo supone un castigo del Estado de Derecho a esa conducta", ha señalado a Europa Press.
Rodríguez considera que nadie debe tener ningún temor de que el enaltecimiento se lleve por delante otros bienes jurídicos protegidos como son la libertad de expresión "porque para aquilatar adecuadamente el alcance de cada caso concreto está la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que garantiza siempre la aplicación de las leyes desde una perspectiva constitucional y teniendo en cuenta la ponderación que merecen otros derechos".
Sobre la afectación que está teniendo la aplicación del enaltecimiento a casos de usuarios de Twitter que denuncian que se vulnera su libertad de expresión, el portavoz de la APM ha recordado que en algunos casos se están produciendo absoluciones y en otros condenas, "y ello viene a decir que el delito que pretenden suprimir no se ve de forma generalizada, sino caso por caso".
El portavoz de Francisco de Vitoria (FdV), Raimundo de Prado, ha señalado por su parte que cada uno de los 800 jueces que pertenecen a este colectivo pensará de una manera diferente, pero que no se pronunciarán como asociación porque las modificaciones legislativas corresponden al legislador. "Al final debe ser el Parlamento por mayoría y en este caso debería ser mayoría absoluta, al ser Ley Orgánica", ha apuntado.
Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente (FJI), considera por su parte que el tipo penal de enaltecimiento debe estar previsto en el Ordenamiento y es un delito que existe también en otras legislaciones de nuestro entorno. "Otra cosa es la interpretación de la norma. Pero el Estado español tiene que regular ese supuesto".
Propuesta sesgada y tendenciosa
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Por parte de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) su portavoz, Miguel Pallarés, rechaza que exista un conflicto entre este tipo de delito y la libertad de expresión porque " todo tiene un límite y la libertad de expresión también".
En declaraciones a Europa Press, Pallarés recuerda que el artículo 578, que es el que penaliza el enaltecimiento y la humillación a las víctimas del terrorismo, tiene un gran paralelismo incluso en su estructura con el artículo 510 del mismo Código Penal, que es el que se refiere a los delitos de odio "y Podemos no querrá que se suprima". Por ello, considera que la propuesta presentada en el Congreso es "sesgada y tendenciosa".
"No pueden ampararse en la libertad de expresión mensajes tan fuertes contra las víctimas del terrorismo. Un Estado de Derecho que no proteja los ataques más graves a su forma de funcionar no tiene sentido", ha zanjado.
Las asociación mayoritaria de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– y el Foro Judicial Independiente (FJI) se han mostrado este martes contrarias a la proposición no de ley presentada en el Congreso por Podemos para suprimir el delito de enaltecimiento por entender que se trata de una penalización necesaria de una conducta delictiva, según ha informado Europa Press. Asimismo, defienden que no hay ataque a la libertad de expresión porque dicha libertad también tiene límites y cada caso se estudia de forma concreta por los tribunales.