La hucha de las pensiones sigue vaciándose, no hay pacto educativo, el pacto contra la violencia de género va extremadamente lento, no hay acuerdo sobre financiación autonómica y la reforma constitucional parece imposible... infoLibre elabora una lista de diez asignaturas que quedan pendientes para 2018.
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España suspende en inmigración
España se comprometió, en el año 2015, a acoger a 17.337 refugiados tanto por la vía de la reubicación –es decir, la acogida de personas procedentes de Grecia e Italia– como por la del reasentamiento –el traslado de personas de países externos a la Unión Europea, principalmente Turquía o Líbano–. El plazo terminó el pasado 26 de septiembre y solo habían llegado a nuestro país 1.983 personas. Y esto se repitió en toda la Unión Europea, que solo recibió al 25% del número acordado de refugiados.
Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), falló por unanimidad en octubre que la devolución en caliente de dos inmigrantes en 2014 fue ilegal y, por ello, condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de ellos. Después de este revés, sin embargo, el Senado rechazó, con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE, una proposición de ley de Unidos Podemos que pretendía eliminar la permisividad de los rechazos en frontera contemplados en la Ley de Extranjería.
Además, las continuas quejas por las condiciones a las que están sometidos los inmigrantes en los CIE, el estreno de la prisión de Archidona (Málaga) como centro de internamiento para extranjeros o las continuas muertes en el Mediterráneo han levantado también las voces de organizaciones que no dudan en denunciar las acciones del Gobierno. En este sentido, Rights International Spain (RIS) denunció, en su balance de 2017, que "las autoridades españolas han perdido una oportunidad para cumplir con las deudas pendientes en materia de derechos y libertades civiles".
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El Pacto contra la Violencia de Género no arranca
El año 2017 ha vuelto a ser dramático por las cifras de violencia machista que ha dejado. En estos doce meses han sido asesinadas 48 mujeres, cuatro más que el pasado año 2016. Además, 40.829han sufrido la violencia machista en el tercer trimestre de 2017, lo que supone también un incremento del 14,1% respecto al mismo periodo del año 2016, cuando se contabilizaron 35.784 víctimas de violencia de género, según los datos presentados el pasado 20 de diciembre por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De forma paralela, las denuncias presentadas contra los maltratadores también crecieron. Pasaron de 38.107 en el tercer trimestre de 2016 a 42.571 en el mismo periodo de este año. Es decir, un incremento del 11,7%. En cuanto a las víctimas mortales,
Con este escenario, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de septiembre el Pacto contra la Violencia de Género. El acuerdo finalmente salió adelante con 278 votos a favor, 65 abstenciones –Unidos Podemos declaró que las medidas no eran suficiente– y un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir en cinco años para impulsar sus 213 medidas. Sin embargo, las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciando una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y atrasando la aprobación de los de 2018, puso en seguida en duda la promesa de acompañar el acuerdo de una partida presupuestaria.
En este sentido, el pasado 19 de octubre, el PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a que, "en caso de que se vaya a producir prórroga automática de los PGE", apruebe un decreto ley para su convalidación que contemple el incremento de "al menos 200 millones de euros en 2018 para dar cumplimiento a los compromisos asumidos". Carmen Calvo, la secretaria de Igualdad del partido, criticó que el Pacto "va con mucho retraso" y exigió al Ejecutivo su aplicación inmediata.
De momento, el Congreso ha previsto la creación de una Comisión de Seguimiento a finales de noviembre para controlar la implantación del acuerdo, tal y como recogía el propio documento. La oposición ha reaccionado censurando que el Gobierno únicamente trata de "dilatar los plazos" a poco de cumplirse los dos meses previstos para llevar a cabo las medidas plasmadas en el informe.
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La hucha de las pensiones se vacía
La falta de liquidez para continuar pagando las pensiones y la reiterada quita de fondos de la hucha dedicada a pagarlas se ha repetido este año 2017. El mes de diciembre comenzaba con la noticia que anunciaba que la Tesorería General de la Seguridad Social había dispuesto de otros 3.586 millones de euros del Fondo de Reserva para afrontar tanto la paga ordinaria como la extraordinaria que reciben los pensionistas en el mes de diciembre y agotó los 4.206 millones de euros restantes del préstamo de 10.192 millones que el Estado concedió al sistema en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. El pasado mes de junio, para hacer frente a la extra de verano, la Seguridad Social ya dispuso un total de 5.986 millones procedentes del préstamo.
En 2018, está previsto que el Ejecutivo tenga que volver a pedir un préstamo para no dejar a los pensionistas sin su retribución. El fondo de reserva español no se ha agotado aún, pero apenas cuenta con 8.095 millones de euros, el 0,71% del PIB. Así, se podría decir que ha retrocedido al nivel que tenía en 2003, sólo tres años después de su creación.
Cuando el PP llegó al poder, en diciembre de 2011, la hucha había alcanzado su máximo histórico, 66.815 millones de euros. Por tanto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha gastado el 87,8% del dinero que heredó del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo del PP ha sacado del fondo desde 2011 un total de 74.437 millones de euros, el 90,3% del importe acumulado de la hucha desde que se creó, en el año 2000.
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Sin Pacto educativo
Las leyes orgánicas reguladoras de la legislación educativa se han venido sucediendo con cada cambio de Gobierno. Cuando PP o PSOE alcanzaban el poder, elaboraban una ley de educación nueva mientras se ponía sobre la mesa el debate sobre la necesidad de alcanzar un gran pacto político que diera estabilidad al sistema. Sin embargo, las diferentes posturas que derecha e izquierda manifestaban en este asunto han dificultado desde siempre que llegara a hacerse realidad.
Este año 2017 el pacto se veía más cercano. El pasado 1 de diciembre, la subcomisión creada en el Congreso para lograrlo cumplía un año, pero los debates relativos a la educación privada y concertada –sobre todo referida a los conciertos con escuelas religiosas– provocaron que los primeros seis meses de vida de la subcomisión pasarán sin que se llegara a una sola conclusión.
Ahora, en el mes de diciembre, se desvelaron los primeros ejes que compondrán el pacto, incluyendo temas como los conciertos, la enseñanza de Religión, el modelo de evaluación en el sistema educativo y la inspección de los centros. El guión de trabajo, por tanto, estará formado por quince puntos, basados en los temas prioritarios marcados por los expertos que comparecieron en la Cámara Baja en las primeras semanas de trabajo. Habrá que esperar a ver si el año que viene, en 2018, el pacto se convierte en una realidad.
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Los salarios sufren mientras los agentes sociales no llegan a acuerdos
La negociación salarial entre patronal y sindicatos acabó el pasado mes de julio sin acuerdo. Y ya se ha descartado hablar de la aplicación de cualquier tipo de subida con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero y se ha pasado a negociar, directamente, los sueldos para el próximo año 2018.
Mientras duraron las negociaciones, los sindicatos UGT y CCOO reclamaban una subida de entre el 1,8% y el 3%, además de una cláusula de revisión que garantizase el poder adquisitivo. La horquilla de la CEOE se quedaba entre el 1,2% y el 2%, más medio punto adicional según el sector. La patronal, además, no quería ni hablar de la cláusula de revisión salarial.
“Como la economía y la negociación colectiva funcionan, no habría ningún problema para ponernos ya con los salarios de 2018”, propuso el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña. Por su parte, el máximo responsable de UGT, Pepe Álvarez, auguró un aumento de la conflictividad social si no se consigue un acuerdo con “subidas coherentes con el crecimiento económico”.
No obstante, a pesar de la anunciada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4% en 2018, lo cierto es que, desde 2008, los sueldos que perciben los españoles han descendido un 12%. Para los jóvenes que entran por primera vez en el mercado laboral la caída ha sido todavía más espectacular, pues las retribuciones para ellos han caído hasta un 14,4%. Según los cálculos de Daniel Fernández Kranz, profesor del IE Business School, la brecha entre los asalariados que conservaron su puesto y quienes fueron despedidos y han podido reincorporarse ha aumentado 14 puntos porcentuales entre 2008 y 2013. Entre 2014 y 2015 ese diferencial sólo se ha recortado dos puntos.
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La reforma de financiación autonómica sigue a la espera
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero el grupo de expertos que integraría la comisión encargada de diseñar la reforma de financiación autonómica. Todas las comunidades –exceptuando Navarra y País Vasco, con régimen foral– tenían que enviar sus propuestas al Gobierno. Sin embargo, Cataluña prefirió mantenerse al margen. No obstante, la financiación autonómica fue uno de los aspectos que trataron los partidos en sus programas electorales de cara a las elecciones que se celebraron el pasado 21 de diciembre.
A pesar de Mariano Rajoy se comprometió a aprobar en 2017 la nueva financiación autonómica, lo cierto es que el año termina sin ningún tipo de acuerdo y sin grandes avances en el debate. Este mes de diciembre, con la intención de desencallar la situación, el lehendakari Iñigo Urkullu propuso hacer del concierto económico vasco un “modelo de referencia” para resolver de una vez por todas el problemas de la financiación autonómica. Una propuesta que los expertos consideran inviable.
Se esperaba que, antes de que finalizara el año, tuvieran lugar las comparecencias de la Comisión territorial del Congreso de los Diputados. Sin embargo, en la primera reunión de la mesa que dirige su trabajo, se acordó que estas no comenzarán hasta enero de 2018hasta enero de 2018 cuando, previsiblemente, comience el trabajo para llevar a cabo la reforma.
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La Constitución se acerca a los 40 con mínimos retoques
El debate sobre la reforma de la Constitución EspañolaConstitución Española, que el 6 de diciembre de 2018 cumplirá 40 años, parece ser eterno. Ya en 2006, el Consejo de Estado elaboró un detallado informe en el que defendía la necesidad de abordar cuatro reformas de la Ley Fundamental, pero el documento lleva once años en algún cajón. Con el agravamiento del conflicto territorial, se han acrecentado las voces reclamando una reforma, pero las posiciones políticas y el clima de enfrentamiento entre los principales partidos parecen convertirla en un imposible.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió con el secretario general del PSOE a abordar la reforma en el Congreso en medio de las negociaciones para aplicar el artículo 155 a Cataluña. Pero, poco después, el líder del PP no disimuló en sus declaraciones durante el pasado aniversario de la Carta Magna que la idea no le atrae lo más mínimo y que, además, sólo sería posible con un amplísimo apoyo –"sólo por mayoría no se puede", llegó a decir–.
En enero comenzarán los trabajos en el Congreso de una comisión sobre el modelo territorial, que en teoría debería ser la antesala de otra comisión que se encargase de impulsar la reforma de la ley fundamental. Pero esa comisión territorial nace medio muerta, ya que Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes no piensan acudir a ella, mientras que Ciudadanos la considera inútil. E incluso dentro del PSOE hay dirigentes que son escépticos sobre los resultados de la iniciativa.
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Sin ley sobre el cambio climático
Aunque los grupos parlamentarios ya se encuentran en conversaciones en la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya anunció a los partidos los seis bloques temáticos en los que se articulará la normativa, los alargados plazos han provocado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no pueda ser una realidad en 2017.
Por ello, Unidos Podemos ha decidido presentar su propia ley de cambio climático en el primer trimestre de 2018, decisión adoptada durante el Foro del Clima que celebró el partido los pasados 13 y 14 de diciembre. El PP, por su parte, defiende los plazos de la ley al tratarse de un asunto "complejo", en palabras de su portavoz en la comisión, Belén Bajo, que asegura que Unidos Podemos presentará su propio texto porque "tiene complejo de que le ha tomado la delantera el Partido Popular en esta cuestión".
A pesar de que todos los grupos afirman que el debate, tras quedar pendiente este año, se abordará en 2018, queda por saber la ambición y la intención que se pondrá en él. Por el momento, quedan las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que anunció hace unas semanas un "gran impulso" del Ejecutivo al medio ambiente en 2018.
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La Fundación Francisco Franco aún es legal
Organizaciones que luchan por la memoria histórica llevan tiempo denunciando las actividades llevadas a cabo por la Fundación Francisco Franco. Se trata de una entidad que tiene entre sus objetivos la "proyección del ideario" del dictador "sobre el futuro de la vida española", así como organizar actividades "que conduzcan a enaltecer la figura de Franco y a preservar su legado". Además, desde el año 2009 incumple la Ley de Fundaciones al no publicar sus cuentas.
Por todo ello, infoLibre inició, en septiembre de 2015, una petición de firmas en la plataforma Change.org reclamando a los partidos la ilegalización de las organizaciones que hacen apología del franquismo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entregó a finales de noviembre en el Congreso las 218.600 firmas que se recogieron.
Una semana después, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó, con la abstención del PP, una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se insta a la Xunta de Galicia a rechazar la gestión de las visitas al Pazo de Meirás por parte de la Fundación Francisco Franco, además de instarle a ilegalizar esta entidad y condenar "las manifestaciones de apología del franquismo" realizadas por sus miembros.
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La comisión de investigación por el accidente de Angrois no funciona
Más de cuatro años después de que ocurriesen los hechos, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con los votos en contra del PP, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia en Santiago en julio de 2013, que se saldó con 80 fallecidos, a propuesta de En Marea-Unidos Podemos y el PSOE. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios sobre quién debe presidirla ha provocado el retraso en el inicio de sus trabajos.
España es el sexto país de la UE con mayor segregación en las aulas por motivos socioeconómicos
La comisión de investigación, que tendrá una duración inicial de cinco meses desde su constitución, estará compuesta por cuatro representantes del PP, tres del PSOE, tres de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos y dos del Mixto, uno de ERC y otro del PNV. Pero hasta que los portavoces de los dos grupos mayoritarios, Rafael Hernando y Margarita Robles, no vuelvan a conversar para tratar de cerrar este asunto, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no podrá fijar una fecha para la constitución.
Por este motivo, En Marea acusó al PP y al PSOE de retrasar la constitución de la comisión tratando de buscar un presidente que les permita "controlar" sus trabajos y considera "un escándalo" y "una broma de mal gusto" que, después de tres meses, aún no haya arrancado. En opinión de su portavoz parlamentario, Yolanda Díaz, ni el PP ni el PSOE tienen mucho interés en activar la investigación de un accidente que ocurrió siendo ministra la hoy presidenta del Congreso y secretario de Estado el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que fue puesto en marcha con el exdirigente socialista José Blanco al frente de Fomento.
Por su parte, la Plataforma de Víctimas está trabajando en el listado provisional de comparecientes que, a su juicio, deberían desfilar por la comisión parlamentaria, en el que no figura el nombre del maquinista que conducía el tren, Francisco Garzón Amo. Su intención es diferenciar el cometido de la comisión de investigación del que debe cumplir el proceso judicial, actualmente en fase de instrucción y que terminará con la celebración del juicio.
La hucha de las pensiones sigue vaciándose, no hay pacto educativo, el pacto contra la violencia de género va extremadamente lento, no hay acuerdo sobre financiación autonómica y la reforma constitucional parece imposible... infoLibre elabora una lista de diez asignaturas que quedan pendientes para 2018.