Podría decirse que el punto de inflexión tuvo lugar en el año 2012. La Ley de Dependencia, que llevaba aprobada desde el año 2006, comenzó entonces a sufrir fuertes tijeretazos. Un Real Decreto aprobado por el PP aquel
verano estableció destinar menos dinero para financiar el sistema, pero también aumentó el copago de los servicios y puso las cosas más difíciles a los cuidadores, y sobre todo cuidadoras, no profesionales. La explicación que los conservadores dieron para justificar esas medidas se veía, con total claridad, en el nombre que dieron a su Real Decreto: "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad". En resumen: la crisis. O como también lo denominaron en el texto, "la recesión". Eso fue hace ya ocho años, pero en cuestión de dependencia las páginas del calendario parecen no haberse movido. Así lo denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes presentó en Madrid su XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, con el que denuncia que "el nuevo Gobierno, y el anterior en funciones, exhiben una palabrería progresista en esta materia, pero seguimos con presupuestos en dependencia del año 2012".
"La dependencia se paradependencia". Así de tajante es la organización, que denunció este lunes que la atención a personas dependientes no sólo no se recupera tras el fin de la crisis, sino que empeora. Las causas, según lamenta, radican en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y en "el incumplimiento del Gobierno de España de incorporar 459 millones más de financiación". Las consecuencias están claras: hay más personas en espera de atención, cada vez menos beneficiarios y las prestaciones y servicios son de menor intensidad, "a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia", critica la asociación. Por eso hay que solucionarlo, y debe hacerse mediante la aprobación "por urgencia social" de "un decreto que aumente la financiación de la dependencia". Si no, habrá que asumir "la ignominia de que este año fallezcan más de 30.000 personas en situación de dependencia sin recibir las atenciones a las que tienen derecho". Así ocurrió en 2019.
"2019 ha sido un año preocupante porque hemos entrado en una nueva fase. En el año 2012 se produjeron los grandes recortes y en 2015 se inició un proceso de cierta recuperación", recuerda José Manuel Ramírez, presidente de la organización. Fue en ese momento, dice, cuando el cambio de color de algunos gobiernos autonómicos contribuyó a ello. Pero lo que se avanzaba entonces se frena ahora. "Esa fase que comenzó hace cinco años duró hasta 2018, pero ahora hemos comprobado que en 2019 ha habido una ralentización, una parada", lamenta. "Ha aumentado la lista de espera, se ha reducido el ritmo de crecimiento del número de beneficiarios y los servicios que damos cada vez son más low cost", critica. Y "eso no es idóneo para resolver los problemas de dependencia de las personas dependientes".
426.000 personas en lista de espera: el primer aumento de la cifra desde 2016
Los datos que este lunes presentó la organización que preside en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) avalan sus palabras. En 2019 se sumaron 20.000 personas a una lista de espera de atención que ya era larga. Ahora, por tanto, hay 266.000 personas que tienen derecho a servicios por dependencia pero que, sin embargo, no están disfrutando de ellos. Si a ese número le sumamos las otras 160.000 cuyo grado de dependencia ni siquiera ha sido valorado —30.000 más que en 2018—, el número de personas desatendidas alcanza las 426.000, 50.000 más que hace un año. El 42% de todas estas personas, además, son dependientes de grados III o II, es decir, que tienen necesidades de apoyo extenso y, en ocasiones, continuado.
Pero el problema ya no es sólo que la lista engorde, sino que su capacidad de adelgazar es cada vez menor. Hasta ahora lo había hecho con un ritmo constante, pero en 2019 se ha observado que este se ha ralentizado. Según los datos que maneja la organización, "el incremento de personas atendidas fue un 39% menos que el año anterior". El plazo de tramitación, de media, fue de 426 días. Según aseguró la asociación cuando se hizo público ese dato, entre los motivos de esos "impresentables retrasos" se hallan los recortes en la financiación y el "disparatado y proceloso" entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, "lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".
No obstante, recibir la prestación por dependencia que corresponde tampoco asegura nada. Porque los servicios, denuncia Ramírez, son de bajo coste y, por tanto, insuficientes. "Más de la mitad de las nuevas prestaciones o servicios en 2019 corresponden a prestaciones económicas para cuidados familiares y a servicios como teleasistencia y prevención (55,5% del total)". Un total, continúa el informe, que también se ha visto reducido en 38.000 servicios y prestaciones concedidos menos.
"Las desigualdades territoriales se agravan"
La situación es mala si se mira el mapa de España sin detenerse en ningún territorio. Sin embargo, si enfocamos con una lupa cada comunidad, se observa que no se puede hablar de forma tan catastrofista de todas y cada una de las autonomías. "En este dictamen hemos comprobado que las desigualdades territoriales se están agravando", afirma Ramírez. "Las comunidades autónomas que funcionan bien cada vez van mejor, y las que no funcionan bien cada año registran peores datos", lamenta. Y esto tiene, según dice, dos explicaciones: la "desidia" de algunos gobiernos autonómicos y el modelo de organización del sistema. Las comunidades "que cuentan en el procedimiento con los Servicios Sociales municipales son más eficientes que aquellas que no cuentan con ellos", desarrolla.
Y según esta teoría, ¿cómo es el mapa de la dependencia? Hay comunidades "con atención plena", como Castilla y León, Castilla-La Mancha. Otras comunidades que están "progresando muy positivamente" en los últimos años, como Aragón, Baleares y la Comunitat Valenciana. Otras en una situación "muy preocupante", como Andalucía y Cataluña, y otras que, directamente, han entrado "en retroceso", como Asturias y Extremadura.
- Comunidades "con atención plena". El informe incluye en este apartado a Castilla y León (a la que otorga un 9,3 sobre 10 puntos de nota global) y Castilla-La Mancha (8,6). "Son los territorios que han logrado con su avance que la lista de espera esté ya reducida prácticamente a la gestión normal de altas y bajas sin acumulados", señala el documento presentado este lunes.
Castilla y León, según el informe, tiene una tasa de atención de 4,37 dependientes atendidos por cada 100 habitantes, la más alta del país. Y no sólo eso, en 2019 incorporó, según el estudio, a 11.402 nuevos beneficiarios al sistema. Castilla-La Mancha, por su parte, es la segunda comunidad con la mejor ratio del país, puesto que el 13,81% de las personas potencialmente dependientes son atendidas.
En Ceuta y Melilla, por último, el número de dependientes que accedieron a los servicios aumentó un 5,18%, por lo que ya hay 2.906 personas que perciben la prestación a la que tienen derecho.
- Comunidades que progresan "muy positivamente". "Aún tienen listas de espera abultadas, pero la tendencia es muy positiva, de forma que a este ritmo entrarían en plena atención en menos de dos años", dice el informe. Son Aragón (que obtiene un 5,7), Baleares (5) y la Comunitat Valenciana (3,9).
En 2019, según la organización, Aragón cerró el ejercicio con un saldo positivo de 3.806 beneficiarios más, lo que le hizo alcanzar el récord de 33.000 personas atendidas. Su lista de espera, además, está por debajo de la media nacional. El resultado de Baleares, aunque no es excesivamente positivo, destaca porque, por primera vez en 13 años, aprueba el examen de la asociación. "Es la comunidad que más mejora en el conjunto de los indicadores que se valoran", dice. Y es que en 2019 tuvo el mayor crecimiento de todas las comunidades: el número de personas atendidas aumentó un 19,3%. La Comunitat Valenciana tiene un comportamiento diferente. No aprueba, pero mantiene el "fuerte ritmo de crecimiento", puesto que ha duplicado el número de dependientes que perciben la atención que les corresponde.
- Comunidades "que se estancan". "Parecen haber llegado a un punto en el que no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario, considerando el camino que les queda por recorrer", lamenta el estudio. Son Canarias (que suspende con un 1,8), Cantabria (5,7), Galicia (5,4), País Vasco (6,1), Madrid (5), Murcia (4,3) y La Rioja (6,8).
Canarias aumenta las personas atendidas, pero es que la lista es larga. De hecho, según critica la organización, "un dependiente en Canarias tiene menos de la mitad de posibilidades de recibir una prestación que una persona dependiente en cualquier otra comunidad". El caso de Cantabria es diferente: es la que más invierte, pero está por debajo de la media nacional en la atención y reducción de la lista de espera. Algo parecido a lo que ocurre en Galicia, cuyo sistema, dice la asociación, ha sufrido una "parálisis", ya que tampoco consigue aumentar el número de dependientes valorados y atendidos.
Por su parte, "la moderación" se ha instalado en el sistema vasco, que sigue creciendo desde hace tres años "a la mitad del ritmo" que el resto de CCAA. Algo que también ha experimentado Madrid, con "un parón" en las personas atendidas, sólo incrementadas en un 1,36% respecto al año anterior. Lo mismo que pasa en Murcia, que ni siquiera resuelve la tasa de reposición, y La Rioja, que al ritmo que va necesitaría más de 17 años para atender a su lista de espera.
- Comunidades en situación preocupante. Es decir, donde "el actual ritmo de incremento de atendidos es claramente insuficiente para absorver el 'limbo' de la dependencia que tienen por delante". Se trata de Andalucía (que tiene un 2,4 de nota) y Cataluña (con un 2,1). La primera, según el informe, terminó el año 2019 con un incremento del 3,8% de beneficiarios, una cifra lejos de la media del 6,38%. La segunda, por su parte, necesitaría seis años en poder disminuir una lista de espera que en 2019 se situaba en 76.253 personas.
- Comunidades en retroceso. Aquellas que, como Asturias (con un 1,1 de puntuación) y Extremadura (2,9), "no han sido capaces ni de mantener la tasa de reposición de beneficiarios durante el último año". La primera no sólo obtiene la peor nota a nivel nacional, sino a nivel histórico. Ha sufrido una "involución" del -4,38% con cerca de 1.000 personas dependientes menos atendidas. Extremadura, por su parte, redujo su número de dependientes receptores del servicio al que tienen derecho en un -3,26%, lo que supuso 952 dependientes atendidos menos.
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"Palabrería progresista"
Debido a la situación que afronta la dependencia a nivel general, la organización es clara: urge aprobar un decreto que aporte 500 millones adicionales a la financiación del sistema. "No hubo Presupuestos en 2019, no hubo 'viernes sociales' para la dependencia, y ahora parece que tampoco se prevé nada hasta los todavía inciertos Presupuestos de 2020", se queja la organización, que asegura que "no hay tiempo" para esperar a la aprobación de las cuentas porque eso dejaría "sin atender a 450.000 personas" y condenaría "a más de 30.000 de ellas a fallecer sin recibir la atención a la que tienen derecho reconocido". "El nuevo Gobierno, y el anterior en funciones, exhiben una palabrería progresista en esta materia, pero seguimos con presupuestos en dependencia del año 2012", sentencia el informe presentado este lunes.
"O este mes se convoca al Consejo Territorial y se elabora un decreto que incremente la financiación" o, dice Ramírez, 2020 acabará con 30.000 personas que fallecerán esperando la atención que merecen y con la lista de espera igual de llena que en 2019.
Podría decirse que el punto de inflexión tuvo lugar en el año 2012. La Ley de Dependencia, que llevaba aprobada desde el año 2006, comenzó entonces a sufrir fuertes tijeretazos. Un Real Decreto aprobado por el PP aquel