Si la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) tuviera que cambiar su actual sede de la madrileña Calle de Alcalá bien podría trasladarse a un local cercano a la Audiencia Nacional. Los responsables de las cajas eran los protagonistas de la excepción española a las finanzas europeas, pues ningún país del continente disponía de tantas entidades financieras de carácter público. Pero estos altos ejecutivos han pasado en unos pocos años de ser considerados intocables en cada uno de sus territorios, a tener que escuchar los gritos de los afectados por las preferentes y otras presuntas estafas a su entrada a la Audiencia Nacional. A la que acuden como imputados como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y administración desleal.
Los jueces de la Audiencia Nacional investigan en estos momentos causas en las que presuntamente están implicados los dirigentes de las entidades financieras: Bankia, Caixa Penedès, Novacaixagalicia, Caja Castilla-La Mancha (CCM), Caja del Mediterráneo (CAM) y Banco de Valencia (perteneciente a Bankia). El caso de Banca Cívica, el séptimo, está pendiente de la decisión del juez. Y sí prospera una denuncia presentada hace tres meses por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra Catalunya Banc, los casos analizados en la Audiencia Nacional podrían llegar a ocho. La novena entidad financiera denunciada es Caixabank, aunque en este caso como posible responsable subsidiario al asumir los derechos y obligaciones, fruto de la absorción de Banca Cívica, que formaron Cajasol, Caja de Navarra (CAN), Caja Canarias y Caja Burgos. Pero no por su relación con presuntos hechos delitos, según la denuncia presentada contra los exgestores de Banca Cívica por el secretario general del grupo parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados, Andrés Herzog.
Las entidades financieras se han convertido en la avanzadilla de la crisis, pues el Gobierno español y la Unión Europea se han visto obligados a suministrarles alrededor de 50.000 millones de euros para evitar la quiebra. Pero este rescate no ha impedido que los miembros de los diferentes consejos de administración se atribuyeran sueldos y pensiones millonarias antes de que el dinero público les salvara. Todo en un panorama en el que decenas de miles de personas se sienten estafadas por las participaciones preferentes. Y también por las salidas a Bolsa, que se llevaron a cabo apenas unos meses antes de que se detectaran las pérdidas de solvencia de las cajas.
Estas son las causas que se investigan en la Audiencia Nacional:
Bankia
Entre los casos que se analizan en la Audiencia Nacional destaca el de Bankia, porque implica el mayor volumen de dinero presuntamente malversado. La entidad financiera presidida por el exministro de Economía y expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha tenido que ser rescatada con 23.000 millones de euros por el Gobierno español con el dinero de la Unión Europea. Pero lo curioso de este caso es que unos días antes de la intervención del Ejecutivo, la entidad presidida por Rato presentó sus cuentas con un beneficio de 300 millones. Con la entrada de José Ignacio Gorigolzarri, las cuentas dieron un vuelco con el aval del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pasando a tener unas pérdidas de casi 3.000 millones de euros. Además de Rato, otros ilustres imputados por su paso en Bankia son el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, y el expresidente de Bancaja José Luis Olivas. La salida a Bolsa también está teñida de sospechas, ya que ésta se produjo antes de que se diera el vuelco a las cuentas. El propio Gorigolzarri ha reconocido, a toro pasado, que pudo haber sido “un error”.
Caja del Mediterráneo (CAM)
El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez calificó esta entidad de origen alicantino y murciano como "lo peor de lo peor". Y sus ejecutivos blindaron sus pagas antes de que la caja levantina fuera intervenida por el Gobierno. En su momento, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desveló que toda la cúpula directiva había cobrado 15,5 millones de indemnización tras abandonar sus puestos. Uno de los altos cargos directivos de la caja, Ángel Martínez, abandonó de forma directa el Partido Popular de Murcia para pasar a ser vicepresidente de la CAM. Unos días antes de la intervención, llegó a destacar la solvencia de la entidad. Al igual que en la mayoría de las cajas, el principal problema de la Caja del Mediterráneo se encuentra en la exposición al ladrillo. Josep Oliu, el presidente de Banco Sabadell, la entidad que se ha hecho con el control de la CAM, ha considerado "lógica" la demanda del Gobierno contra los antiguos administradores por el coste al que tuvo que hacer frente el FROB, de unos 2.000 millones, para responder de las pérdidas por la gestión anterior.
Caja Castilla-La Mancha
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la actual dirección de Caja Castilla-La Mancha (CCM) que le remita las actas de la reuniones de la comisión ejecutiva en la que se aprobaron una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, según un informe pericial del Banco de España, pudieron causar en la entidad un agujero de 267 millones de euros, informa Europa Press. En la caja, presidida entonces por Juan Pedro Hernández Moltó, el Banco de España detectó irregularidades en las operaciones de financiación que realizó antes de su intervención, en marzo de 2009. Asimismo, el magistrado investiga también el origen de las preferentes, que una denuncia atribuye a las Islas Caimán.
Banco de Valencia
Uno de los casos que pueden ser considerados como paradigmáticos del descontrol que se ha vivido en las entidades financieras es el del Banco de Valencia, que ha sido adjudicada a Caixabank por el pírrico valor de un euro. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigando hasta ocho querellas que han sido presentadas por el mismo FROB, organismo dependiente del Banco de España. Las siete recientes, admitidas a trámite hace una semana, están dirigidas a la cúpula de la entidad financiera valenciana, al considerar que los integrantes del consejo de administración desarrollaron una gestión desleal. Uno de ellos, José Luis Olivas, también está imputado en el caso Bankia. También han sido objeto de las querellas varios empresarios que presuntamente se habrían beneficiado de la misma, causando un perjuicio patrimonial que se ha cifrado en 500 millones. La presentación de la primera de las querellas dio lugar a la intervención de la entidad por parte del Banco de España el 21 de noviembre de 2011. Hubo que inyectarle cerca de 2.000 millones de euros y otorgarle un aval de otros 1.500 millones para pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) para evitar su quiebra, informa Europa Press.
Caixa Penedés
Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará a los cuatro exdirectivos de Caixa Penedés que van a prestar declaración como imputados por delitos societarios y de apropiación indebida. En la querella se les acusa de haberse adjudicado presuntamente planes de pensiones millonarios. Tanto el exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font como el ejecutivo Santiago José Abella han tenido que prestar sendas fianzas de 11,6 millones de euros y de 1,8 millones, respectivamente, para poder hacer frente a posibles responsabilidades civiles en caso de ser condenados.
Novacaixagalicia
El exdirector general José Luis Pego de la entidad gallega, que fue rescatada por el Gobierno con 1.162 millones de euros, cobró 7,7 millones de euros por prejubilarse con 54 años. Además de Pego también están imputados el que era responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, que ha avalado 1.218.136 euros, y el responsable de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920 euros. El quinto imputado es el expresidente Julio Fernández Gayoso, al que el juez considera responsable civil solidario de las otras cuatro fianzas, que en conjunto superan los 10 millones de euros.
Banca Cívica
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El pasado 5 de marzo, la Fiscalía de la Audiencia solicitó al juez Eloy Velasco que admitiera a trámite la querella presentada por UPyD. El Ministerio Público quiere que el magistrado investigue a los antiguos gestores de Banca Cívica por la fusión de las cuatro cajas de ahorro que dieron origen a la entidad y su posterior salida a Bolsa. Según un informe del Banco de España, sus dirigentes pactaron un bono de 4,2 millones de euros. La Fiscalía sostiene que la salida a Bolsa afectó a la totalidad de los inversores, por lo que quiere investigar si los gestores de Banca Cívica manipularon las cuentas para crear una aparencia de mayor solvencia de la que realmente presentaba la entidad, informa Europa Press. Entre los delitos investigados se incluyen los de apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y falsedad de información de carácter económico, según la querella presentada ante la Fiscalía de Navarra. Ell rescate de Banca Cívica por parte del Gobierno fue de 977 millones de euros.
Catalunya Banc
Esta entidad catalana fue una de las primeras en ser nacionalizadas. El Ejecutivo destinó 1.200 millones de euros para ello. Pese a este importante saneamiento, ninguna entidad financiera ha querido hacerse cargo de ella, al mismo tiempo que el Gobierno ha descartado "malvenderla" o regalarla, como algunos analistas entienden que ocurrió con el caso del Banco de Valencia. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó hace tres meses una querella en la Audiencia Nacional, que todavía no ha sido admitida a trámite.
Si la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) tuviera que cambiar su actual sede de la madrileña Calle de Alcalá bien podría trasladarse a un local cercano a la Audiencia Nacional. Los responsables de las cajas eran los protagonistas de la excepción española a las finanzas europeas, pues ningún país del continente disponía de tantas entidades financieras de carácter público. Pero estos altos ejecutivos han pasado en unos pocos años de ser considerados intocables en cada uno de sus territorios, a tener que escuchar los gritos de los afectados por las preferentes y otras presuntas estafas a su entrada a la Audiencia Nacional. A la que acuden como imputados como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y administración desleal.