La justicia mantiene viva una segunda causa que afecta a una de las lugartenientes de Isabel Díaz Ayuso. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido revocar por segunda vez el archivo del procedimiento que se sigue en primera instancia contra la alcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, en el marco de una investigación centrada en un posible delito de falsificación de documentos públicos. Los magistrados han acordado mantener abierto el caso para comprobar si la dirigente conservadora, contra quien la oposición se querelló por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, actuó con diligencia en el caso de un concejal que habría falseado un acta municipal. Un frente judicial que se suma a la investigación por los pagos de un empresario, el llamado caso Neverland.
En un auto dictado hace una semana, al que ha tenido acceso infoLibre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido tumbar el sobreseimiento y archivo libre de la causa que la pasada primavera decretó un juzgado de Navalcarnero respecto de Ana Millán tras considerar que los delitos que se atribuyen a la dirigente conservadora no estaban "mínimamente" acreditados. Lo ha hecho al entender que "no puede considerarse suficiente" la comprobación realizada por la jueza antes de dictar su resolución en relación al papel jugado por la alcaldesa, quien dijo tener documentación que la descargaba de responsabilidad en el caso. "Esto significa que vuelve a estar como investigada a la espera de lo que aporte", explican fuentes jurídicas a este diario.
En concreto, lo que pretende la Audiencia Provincial es que se compruebe, con documentos sobre la mesa, si la regidora hizo llegar a los servicios jurídicos del consistorio el expediente del caso de supuesta falsedad documental sobre el que el Ayuntamiento de Arroyomolinos decidió abrir una investigación. "No se ha facilitado la documentación, que por supuesto acredita que la alcaldesa remitió a servicios jurídicos el expediente, porque la propia juez lo impidió denegando tal prueba a la representación del PSOE. En el momento en que los autos vuelvan al juzgado se presentarán sin necesidad de que la juez lo acuerde o lo solicite", explican a desde el consistorio que dirige Millán.
Un exconcejal del PSOE en el centro
Para entender este segundo caso que afecta a la alcaldesa conservadora hay que remontarse a comienzos de 2019, cuando Millán ni siquiera tenía en sus manos el bastón de mando. Por aquel entonces, el Gobierno local, controlado por Ciudadanos, sacó a concurso el uso de algunas instalaciones municipales. El objetivo era incluirlas en la oferta de actividades de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, un departamento que en esos momentos dirigía un exconcejal y ex teniente de alcalde socialista –Juan Carlos García– que fue expulsado del partido por negarse a abandonar el Ejecutivo municipal tras el estallido en el municipio del llamado caso Enredadera, la misma investigación que había propiciado la dimisión del primer regidor naranja de la localidad, Carlos Ruipérez.
Tras la presentación de los proyectos, debía constituirse en el consistorio una Comisión de Valoración para estudiar, examinar y valorar las distintas propuestas. En teoría, es lo que se hizo a escasas horas de los comicios municipales. Al frente de la misma, García. Y con él, según el supuesto acta que se levantó, dos empleadas municipales. El problema es que las funcionarias no sabían nada de esto. Y, en cuanto se enteraron, denunciaron. El Ayuntamiento de Arroyomolinos, ahora ya dirigido por Millán, abrió una investigación. Y concluyó, en un informe, que podía haber una falsedad documental: "Las actas de la Comisión de Valoración deberían firmarlas todos los componentes de la misma, porque así hay un compromiso vinculado. En este caso, solo fue firmado por uno de sus integrantes, cuando el resto niega que asistieran a tal reunión y, sin embargo, constan sus nombres en dicho acta".
García forma parte en la actualidad del Gobierno local que dirige Ana Millán. Entró a comienzos de abril de 2021 como concejal de Régimen Interior, Contratación y Atención al Ciudadano. Pocos días después, su viejo partido, el PSOE, se querelló contra él por falsedad en documento público en concurso con un delito de prevaricación administrativa. Un movimiento judicial que también dirigieron contra Millán. En su querella, a la que ha tenido acceso este diario, los socialistas deslizaban que la alcaldesa conservadora había dejado de perseguir el delito que se achaca al concejal "por intereses propios, como es mantener el Gobierno local y la Alcaldía". "Pese a que hay indicios suficientes como para creer que cometió un delito (...) le recompensan con la concejalía de contratación", exponían los querellantes.
En la querella se acusaba a la vicesecretaria de Organización del PP de Ayuso de un delito de omisión del deber de perseguir el delito y prevaricación, si bien desde el entorno de la alcaldesa apuntan que el juzgado de instrucción "sigue el procedimiento únicamente" por el primero de ellos. En este sentido, resulta clave, a ojos de la Audiencia de Madrid, comprobar si la alcaldesa hizo caso al informe realizado por el consistorio tras la investigación de lo sucedido, en el que se consideraba procedente que Alcaldía remitiese "el expediente" a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para que estudiasen si procedía o no "interponer la acción penal por falsedad documental".
El juzgado no lo ve
La querella cayó en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero. Pero la instructora nunca vio claro el caso contra la alcaldesa. De ahí que, al principio, acordase la incoación únicamente contra García por el delito de falsedad. La insistencia de Millán como investigada es, más bien, cosa de la Audiencia Provincial de Madrid, quien a comienzos de año decidió revocar un primer auto de sobreseimiento en relación a la alcaldesa al entender que los hechos que se recogían en la denuncia ofrecían "una apariencia delictiva" que requería "una mínima pero suficiente comprobación".
Las pesquisas continuaron entonces cuatro meses más, hasta que el pasado 8 de junio la jueza instructora volvió a acordar otra vez el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra la dirigente conservadora. Lo hizo al entender, a la luz de las declaraciones de los investigados y del examen de la documental, que las posibles irregularidades cometidas no podían ser imputables a Millán y que la regidora no había realizado una dejación de funciones que pudiera encajar en los delitos achacados. "Adopta en el ámbito de sus competencias medidas para esclarecer los hechos", rezaba aquel auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso este diario, tras recordar que el consistorio había abierto una investigación.
Desde el entorno de la regidora defienden que no se ha cometido "delito alguno" y que se trata tan solo de una "querella política". En este sentido, recuerdan que "no por ser alcaldesa es la única obligada a la persecución de delitos". Eso es algo en lo que incidió, justamente, la instructora cuando decidió dar carpetazo al asunto. En aquel auto, apuntaba que carecía de "lógica" la "descarga de la puesta en conocimiento de la autoridad en la mera condición de alcaldesa". "La denuncia de un delito público no es obligación de un concreto representante político, menos la constitución como acusación particular de un ayuntamiento, que podrá valorar según criterios incluso económicos si procede el ejercicio de la acción penal, sino un deber de cualquier ciudadano", resaltaba la jueza.
"Todos y cada uno de los que conformaban el consistorio en la legislatura anterior a 2019, y a partir de la actual, incluyendo a la querellante, estaban obligados a perseguir el delito, y no lo hicieron. La única que hizo algo, precisamente, fue la alcaldesa, remitiendo el expediente a los servicios jurídicos", sostienen desde el equipo de Gobierno local. Esto, la responsabilidad de todos, es algo en lo que también insistió al decretar el sobreseimiento la instructora, quien dejó un recado a la querellante recordándole que acudió al juzgado dos años después de la supuesta comisión del delito de falsedad documental y justo a los pocos días de la entrada en el Ejecutivo local del exmiembro del Grupo Socialista.
La Audiencia de Madrid ordena la reapertura
Ahora, y tras un recurso de la acusación, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido revocar este segundo sobreseimiento. Los magistrados sostienen que la toma de declaración como investigados "no puede considerarse suficiente comprobación". En este sentido, recuerdan que Millán siempre ha mantenido que el asunto se puso en conocimiento de los servicios jurídicos del consistorio y que eso estaba "acreditado documentalmente", incluso con correos electrónicos. Pero esa documentación, continúan, "no se ha aportado". "Se considera relevante conocer si de manera efectiva se remitió el expediente a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento como ha asegurado la investigada, alcaldesa a quien se dirigía el informe en cuestión, y ello antes de resolver sobre la posible tipicidad de su conducta", sostienen los magistrados.
'Neverland', el caso que amenaza con convertir a Ana Millán en la primera 'rana' del PP de Ayuso
A preguntas de este diario, desde el entorno de la alcaldesa explican que si no se ha facilitado esa documentación que acredita la remisión a servicios jurídicos es porque la juez "lo impidió" denegando esa "prueba" a la representación del PSOE. Ahora bien, indican que lo harán en cuanto los autos vuelvan al juzgado de instrucción. "Se va a presentar la documentación que acredita que la alcaldesa remitió a Servicios Jurídicos el expediente sobre el que gira el asunto, que es lo único que pide la Audiencia para confirmar, una vez más, que la alcaldesa no ha cometido delito alguno, y que se trata tan sólo de una querella política", señalan.
Una alcaldesa perseguida por 'Neverland'
La vicesecretaria de Organización del PP de Ayuso lleva en la palestra pública desde el pasado mes de marzo, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero la citó a declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa. En sus pesquisas, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron que Millán había recibido de la empresa Neverland, propiedad de José Vicente Roselló, pagos por más de 44.000 euros entre 2008 y 2012. Y que más o menos en ese mismo periodo, tres de las mercantiles del citado empresario se habían hecho con contratos del Ayuntamiento de Arroyomolinos por más de 600.000 euros.
El empresario siempre ha defendido que los contratos fueron adjudicados a sus firmas "siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente establecido". Y la alcaldesa ha mantenido que los ingresos se corresponden con el pago del alquiler de un ático suyo que tenía en la localidad madrileña. Millán no fue, sin embargo, la única que cobró de Roselló. Su pareja, según un informe de la UCO de comienzos de verano, declaró haber percibido entre 2008 y 2011 rendimientos del trabajo y de actividades económicas por 37.578,04 euros de una unión temporal de empresas conformada por dos mercantiles de las que Roselló era administrador único. Y la hermana de la alcaldesa, según ese mismo informe, habría percibido unos 88.000 euros de las firmas vinculadas al empresario –GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social–.
La justicia mantiene viva una segunda causa que afecta a una de las lugartenientes de Isabel Díaz Ayuso. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido revocar por segunda vez el archivo del procedimiento que se sigue en primera instancia contra la alcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, en el marco de una investigación centrada en un posible delito de falsificación de documentos públicos. Los magistrados han acordado mantener abierto el caso para comprobar si la dirigente conservadora, contra quien la oposición se querelló por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, actuó con diligencia en el caso de un concejal que habría falseado un acta municipal. Un frente judicial que se suma a la investigación por los pagos de un empresario, el llamado caso Neverland.