La Audiencia pone fin a la impunidad de Ignacio González por el campo de golf del Madrid con menos zonas verdes

Han pasado casi catorce largos años desde que varias adjudicaciones hiciesen saltar todas las alarmas. Pero al final, Ignacio González se sentará en el banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este viernes abrir juicio oral contra el sucesor de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo regional y otras cuatro personas –entre ellas su hermano y su cuñado– por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con el campo de golf levantado durante la época de Esperanza Aguirre sobre el Tercer Depósito del Canal, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí. Un proyecto que mantuvo durante años a todo el vecindario en pie de guerra pero que hasta el estallido del caso Lezo nunca había sido investigado en profundidad.

El magistrado pone sobre la mesa los delitos de cohecho, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias en concurso con cohecho. En el auto de apertura de juicio oral, García-Castellón recoge los escritos de acusación de Ministerio Público, CCOO, PSOE, Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Una base sobre la que se ha decidido sentar en el banquillo de los acusados al expresidente regional, a quien fuera director generente del ente público –Ildefonso de Miguel– y a los socios de la empresa Tecnoconcret (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos de la lista son, respectivamente, el hermano y el cuñado de quien fuera líder del Ejecutivo madrileño entre 2012 y 2015.

Chamberí es el distrito de la capital con menos zonas verdes. En el barrio, cada niño menor de 14 años puede disfrutar solamente de 16 metros cuadrados, según datos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid recogidos por elDiario.es.  Por eso, todos los vecinos celebraron cuando en 2003 se puso en marcha el proyecto para la construcción del Parque Islas Filipinas en las instalaciones del Canal de Isabel II. Sin embargo, en 2006, con Esperanza Aguirre recién aterrizada en la Puerta del Sol, los planes cambiaron radicalmente. El Gobierno madrileño consideró entonces que era más importante dedicar aquel enorme espacio sobre el Tercer Depósito a un campo para la práctica de golf en lugar de a un parque para que los chavales pudieran desfogar al salir de la escuela. Una decisión que, desde el primer momento, se encontró con el rechazo frontal de los vecinos del barrio, que dudaron en acudir a los tribunales.

El proyecto de Aguirre pronto se encontró con la primera piedra administrativa en el camino. Corría el mes de octubre de 2006 cuando el Ayuntamiento de Madrid, encabezado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, ordenó la suspensión inmediata de las obras y dio dos meses al Canal de Isabel II para solicitar la correspondiente licencia. Un par de meses después, el 27 de diciembre, la empresa pública decidió adjudicar a un consorcio conformado por Iridium –de Dragados–, Soto Once y Tecnoconcret la explotación del campo de golf por cinco años, prorrogable por otros cinco en caso de que ambas partes se mostrasen de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de conformar una nueva empresa para explotar las instalaciones deportivas que se iban a levantar en uno de los antiguos depósitos. Y así lo hicieron en febrero de 2007. Fue entonces cuando nació Green Canal Golf.

A las pocas semanas, la revista Tiempo desveló [ver aquí en PDF] que Tecnoconcret era propiedad de José Antonio Clemente, un socio del hermano y del cuñado del entonces vicepresidente del Ejecutivo madrileño. En el momento de la adjudicación, González era presidente del Canal de Isabel II, y ni se abstuvo en la votación del Consejo de Administración ni advirtió al resto de consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las adjudicatarias del proyecto. En noviembre de 2008, tal y como desveló Público tres meses más tarde, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros. Clemente, Pablo González y Caballero –a través de su empresa– suscribieron cada uno el 31,6% de las acciones. El hermano y el cuñado del vicepresidente pasaron entonces a controlar la mayoría del capital.

Beneficio indebido

"De todos los asistentes a ese Consejo solo los acusados Ignacio González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo", recoge el magistrado en el auto. Al poco de firmarse la concesión, la UTE subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped por 9.875 euros al mes. Sin embargo, Tecnoconcret carecía de "capacidad para ejecutar ese trabajo". Por ello, lo subcontrató a su vez a la empresa Onlygolf, reduciendo el canon a los 7.941 euros mensuales. Así, por su intermediación, destaca el magistrado, consiguieron un beneficio aproximado cercano a los 124.000 euros.

¿Y a qué se debe esa subcontratación a TCT? Para entender todo esto es necesario remontarse a 2003. En marzo de aquel año, el Canal adjudicó a ACS Proyectos, Obras y Construcciones –Dragados un año más tarde– la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Sin embargo, al año siguiente de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por De Miguel y González, "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso", a pesar de que por las modificaciones que se iban a introducir era necesaria una nueva licitación. Acordaron con Dragados, expone el magistrado, que se le adjudicaría directamente el modificado si subcontrataba determinados trabajos a TCT. 

La firma cumplió con lo apalabrado. Así, firmó con Tecnoconcret un contrato para la ejecución de un hoyo de prueba en el campo de golf –el objeto se ampliaría posteriormente con otros cuatro anejos– cuyo importe total ascendió a 3,06 millones. "Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado", recuerda el juez. Por eso, los subcontrataron con otras dos sociedades, acordando con ellas percibir una comisión del 8% por la intermediación. "En definitiva, la actuación conjunta de los acusados (...), permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", sentencia el auto.

Tres años chocando contra un muro

El paso de la Audiencia Nacional pone fin a la impunidad de la que había gozado González en este asunto. Los vecinos se olieron desde el primer momento la tostada. Por eso, el 8 de mayo de 2007 cuatro centenares de vecinos presentaron un escrito ante la Fiscalía en el que solicitaban que se investigase el caso. Sin embargo, la denuncia fue archivada en solo tres días hábiles y sin realizar ninguna diligencia por el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, quien años después llegaría a ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. "Se acuerda el archivo de las citadas denuncias al no estar acreditado ni siquiera indiciariamente el dato que se denuncia ni su relevancia penal", recogía el decreto de apenas once líneas, desvelado por infoLibre.

Los vecinos volvieron a intentarlo nuevamente en 2009, cuando se conoció la entrada del hermano y cuñado de González en Tecnoconcret y que otras empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño –destacaba Only Golf Planning and Design– se habían quedado con subcontratas del proyecto. Entonces, el colectivo recién constituido Parque Sí En Chamberí presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía. Nueve páginas en las que se acusaba al número dos de Aguirre de varios delitos –prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias–, en las que se adjuntaba documentación oficial del Registro Mercantil y en las que se pedía al Ministerio Público una serie de diligencias de averiguación, entre ellas enviar un oficio a la Agencia Tributaria para acceder al modelo 347 de Tecnoconcret y Only Golf, con la que se podía haber destapado toda la trama.

Pero, de nuevo, chocaron contra el muro. Moix, quien dejó su puesto de fiscal Anticorrupción después de que este diario destapase que era dueño de un 25% en una sociedad en Panamá, decidió dar carpetazo de nuevo al asunto con un escrito en el que señalaba que no existía "indicio o rastro alguno" que permitiese, siquiera, "la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar" por parte de González "a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido". El entonces fiscal superior de Madrid, que no hacía ni una sola referencia a las diligencias de averiguación solicitadas, apuntó que no se apreciaba "ningún tipo de irregularidad" en la adjudicación. "Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado [...] han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso".

Pocos meses después, se llevaron el tercer y último varapalo. Corría el año 2010 y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acababa de dar la razón a los vecinos tumbando la declaración de "excepcional interés público" a la que recurrió el Ejecutivo de Aguirre para saltarse la suspensión de las obras dictada por el Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón y poder continuar con el proyecto del campo de golf. Con esa sentencia a su favor, que dejaba en evidencia el atropello administrativo, Parque Sí En Chamberí trató de abrir de nuevo la vía penal presentando una querella criminal contra Ignacio González directamente ante el TSJM. Un escrito que acabó, de nuevo, en un cajón. Esta vez, fue el teniente fiscal el que se mostró en contra de la admisión a trámite apoyándose en el decreto de archivo de Moix de un año antes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió, finalmente, seguir el criterio del Ministerio Público.