El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha sido claro: la región leonesa tiene derecho a convertirse en una comunidad autónoma independiente de Castilla. Porque si hay una comunidad "realmente histórica en España", esa es el Reino de León, dice. "Estamos en esta cosa en la que nos sentimos realmente agraviados desde su inicio", dijo ante los micrófonos de Onda Cero. Por eso los leoneses tienen dos opciones: "Seguircallados y sumisos o reivindicar y pelear que León ocupe dentro de este país el lugar que le corresponde". Y el Ayuntamiento ya ha dado el primer paso en esta dirección. El pasado viernes, los Grupos Municipales de PSOE, Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Podemos-Equo aprobaron en el Pleno remitir a las Cortes de Castilla y León y a las Cortes Generales un escrito reivindicando el derecho de autonomía "que tiene la Región Leonesa conformada por León, Zamora y Salamanca". PP y Ciudadanos, por su parte, no sólo votaron en contra, sino que se mostraron muy críticos.
El debate se prolongó durante dos horas del Pleno. Eduardo López Sendino, portavoz de UPL en el Consistorio, fue el encargado de defender la moción presentada por su partido. Según criticó, Castilla y León "se constituyó a pesar de la oposición de León, sus instituciones y los leoneses". Además, destacó que al mismo tiempo se constituyeron otras comunidades sin tradición histórica "como Murcia, La Rioja o Santander", y que, por tanto, se produjo un "agravio comparativo con el Reino de León" que aparece "en la cuartelada de la insignia de España". Por eso "hay un sentimiento de rechazo a Castilla". Aunque no a los castellanos, matizó. A las puertas del Consistorio, en la plaza de San Marcelo, algunos centenares de personas se concentraban para apoyar la moción.
Concentración leonesista en la plaza de San Marcelo en favor del derecho de autonomía de León. | E.P.
La derecha, por su parte, criticó duramente la iniciativa. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, acusó al PSOE de apoyar la ruptura de Castilla y León y aseguró que le parece "tremendo" que se creen nuevos "agravios y enfrentamientos de forma gratuita e irresponsable". Su compañero de partido y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó que el PSOE se ha convertido al "nacionalismo" y ha tomado una deriva hacia el "localismo" que "perjudica gravemente" a Castilla y León.
Más duro, si cabe, fue el presidente de la Junta, el conservador Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguró que lo ocurrido no era más que un nuevo capítulo de las "aventuras territoriales del socialismo" que "España no puede permitirse". "El bienestar de las personas de Castilla y León en ningún caso pasa por dividir, enfrentar o levantar fronteras", declaró a Europa Press. Y por ello, añadió, el Gobierno que preside "garantiza la unidad y la integración de las personas en Castilla y León frente a los políticos que intentan arrastrar a la sociedad en luchas en las que todos salimos perdiendo". "El proyecto de Castilla y León como Comunidad ha sido y está siendo beneficioso para todas las personas", sentenció.
El ataque de Mañueco a las "aventuras territoriales del socialismo" llama especialmente la atención en este caso. Y es que Alianza Popular —el nombre del PP antes de su refundación en 1990— la formación que defendió a toda costa que León no se uniese a Castilla en una única comunidad. Y llevó su pelea hasta el Tribunal Constitucional.
Alianza Popular y la defensa de la autonomía leonesa
En junio de 1983, 54 senadores de Alianza Popular acudieron al Tribunal Constitucional. Lo hicieron porque no estaban de acuerdo con que León formara parte de la autonomía de Castilla y León, cuyo Estatuto —el último texto en cerrarse entre las autonomías de la denominada "vía lenta"— había sido aprobado por las Cortes un poco antes, en el mes de febrero. Los conservadores no fueron los únicos que se mostraron en contra, aunque sí los que llevaron su posicionamiento más lejos.
La UCD de Adolfo Suárez, principal partido en España entre 1978 y 1982, también se mostró muy reticente a la unión de ambas regiones. Pero un político leonés procedente del franquismo y con un enorme poder entonces, Rodolfo Martín Villa, convenció a sus compañeros y UCD dejó de defender la autonomía para su región. Castilla y León se conformó con el método de "la dedocracia de Martín Villa", afirmó en el Pleno de la semana pasada López Sendino, en referencia a aquel episodio. El PSOE también giró hacia la unidad de la provincia de León con Castilla, a principios de los ochenta, opción que había sido la defendida por el Partido Comunista (PCE) desde el primer momento.
¿Y por qué decidió Alianza Popular llegar hasta el Constitucional? Según defendió, la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Castilla y León había obviado completamente el acuerdo adoptado por la Diputación de León el 13 de enero de 1983, que pedía dejar sin efecto la sesión del 16 de abril de 1980, salir del ente castellano-leonés e iniciar un proceso de autonomía uniprovincial para León.
El TC dejó una puerta abierta a la separación
El 29 de septiembre de 1984, el Diario de León llevó a su portada el siguiente titular: Confirmado: León con Castilla. El Tribunal Constitucional había desestimado el recurso interpuesto por los 54 senadores de AP. Según la sentencia del tribunal de garantías, el acuerdo del 13 de enero de 1983 no podía revocar el firmado en 1980 por el que se aprobó la entrada de la provincia en la autonomía. "En el momento en el que se adoptó, el acuerdo de 13 de enero de 1983 ya no podía privar al de 16 de abril de 1980 de una eficacia que se había agotado tiempo atrás", determinó el tribunal.
Y tampoco se vulneró el Reglamento del Congreso de los Diputados, como defendieron desde Alianza Popular. "Las infracciones de preceptos del Reglamento del Congreso de los Diputados que los recurrentes denuncian no se han producido en absoluto", aseguraba el fallo. Según la formación conservadora, la aprobación del Estatuto había vulnerado los artículos 136 y 207 porque no se habían respetado los plazos para resolver asuntos pendientes de examen. "Es verdad que el proyecto de Estatuto de Autonomía fue remitido a la Mesa del Congreso en la anterior legislatura y, en consecuencia, caducó en aplicación del artículo 207 citado", admitía el Constitucional. "Sin embargo", añadía, " la caducidad puede ser excepcionada por la propia Cámara haciendo suyos los asuntos pendientes cuando así lo permita su naturaleza".
Pero aunque el tribunal fue tajante en cuanto a la legalidad del procedimiento de unión entre Castilla y León, dejó una puerta abierta a la opción de la separación. Y es que el Constitucional no se pronunció sobre si la provincia podría independizarse de la autonomía en un futuro. Ni sobre cómo debería de hacerlo en caso de decidirlo. "La presente sentencia no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la Comunidad Autónoma a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo", dijeron los magistrados.
El caso de Segovia: el deseo frustado de una autonomía uniprovincial
Un colectivo promueve un manifiesto en apoyo de la autonomía leonesa
El problema de León no fue el único que tuvieron que superar los legisladores de entonces para constituir la comunidad autónoma tal y como se constituyó en 1983. Hubo otra provincia cuya integración tampoco fue fácil: Segovia. En la configuración preautonómica se había decidido incluirla dentro de Castilla y León, pero Segovia prefirió mantenerse al margen. Tanto, que en 1981 su Diputación aprobó que la provincia iniciara el camino de la autonomía uniprovincial. Segovia quería ser, por tanto, como La Rioja o Cantabria, que ya habían tomado esa misma dirección. Y según la Constitución podían hacerlo. Tal y como recuerda precisamente el tribunal de garantías en la sentencia sobre León, el artículo 143.2 de la Carta Magna establece que "la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla".
Y el primer requisito lo cumplieron, puesto que la mayoría de los municipios segovianos votaron a favor de iniciar su camino en forma de autonomía independiente de Castilla. Pero había un problema con la segunda condición. Segovia, la capital y el municipio más poblado, sí quería integrarse. Así que las cuentas estaban prácticamente en empate. Iba a ser Cuéllar, la segunda población más grande de la provincia, la que inclinara la balanza.
El Ayuntamiento, por tan sólo un voto de diferencia, decidió que Segovia sería uniprovincial. Pero las dudas sobre los resultados llevaron a repetir la votación. Y es que existían "dificultades para confeccionar el acta de la sesión en que se adoptó dicho acuerdo, debidas, al parecer, a la deficiente calidad de las grabaciones magnetofónicas efectuadas", tal y como publicó El País. En esa segunda votación, en cambio, Cuéllar se decantó por la integración, también por un sólo voto. Y así fue como Segovia se quedó sin Estatuto propio y pasó a estar integrada en Castilla y León.
El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha sido claro: la región leonesa tiene derecho a convertirse en una comunidad autónoma independiente de Castilla. Porque si hay una comunidad "realmente histórica en España", esa es el Reino de León, dice. "Estamos en esta cosa en la que nos sentimos realmente agraviados desde su inicio", dijo ante los micrófonos de Onda Cero. Por eso los leoneses tienen dos opciones: "Seguircallados y sumisos o reivindicar y pelear que León ocupe dentro de este país el lugar que le corresponde". Y el Ayuntamiento ya ha dado el primer paso en esta dirección. El pasado viernes, los Grupos Municipales de PSOE, Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Podemos-Equo aprobaron en el Pleno remitir a las Cortes de Castilla y León y a las Cortes Generales un escrito reivindicando el derecho de autonomía "que tiene la Región Leonesa conformada por León, Zamora y Salamanca". PP y Ciudadanos, por su parte, no sólo votaron en contra, sino que se mostraron muy críticos.