Los monjes se atrincheran en Cuelgamuros pasando el cepillo tras quedarse sin la ayuda del Gobierno
Nada quedó al azar. Ni tan siquiera la fecha. La llegada de los monjes benedictinos a Cuelgamuros se hizo coincidir con el día del Triunfo de la Santa Cruz, conmemoración de la victoria cristiana sobre las tropas musulmanas en Las Navas de Tolosa. Era 16 de julio de 1958. Y el régimen se preparaba para celebrar por todo lo alto su propia reconquista a sangre y fuego con la inauguración de un complejo monumental que acabaría convertido en mausoleo del dictador. Hoy, sus restos ya no están allí. Tampoco los del fundador de la Falange. Pero quienes sí perviven en el lugar más de sesenta y cinco años después son los religiosos. Lo hacen sobre un andamiaje normativo montado en dictadura que la nueva Ley de Memoria obliga a corregir. Tarea, esta última, que aún sigue pendiente.
La denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha sido quien ha tenido asignada, a través de un decreto-ley de 1957, la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que ha mantenido un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que ha estado dirigiendo "transitoriamente" el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional desde hace cuatro décadas. Y lo ha hecho porque ningún Gobierno ha sido capaz hasta ahora de regular la situación jurídica del complejo monumental levantado por presos políticos, a pesar de que resultaba una obligación legal desde hace más de cuatro décadas.
Dicho decreto-ley, suscrito por el dictador, obligaba entonces al patronato de la Fundación a concertar con la Abadía Benedictina de Silos "el establecimiento" en Cuelgamuros de "una Abadía Benedictina de la 'Santa Cruz del Valle de los Caídos". Y así se hizo. En mayo de 1958, el entonces subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, suscribió un convenio con la primera que, entre otras cosas, recogía las diferentes obligaciones que tenían los monjes para permanecer de manera "indefinida" en el complejo. En caso de incumplimiento, el decreto de 1957 dejaba claro que se tenía que dar cuenta de ello a la Santa Sede para que la misma autorizase la sustitución de la abadía por otra orden o instituto religioso.
El problema es que el Estado no ha ejercido el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así constaba en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional que infoLibre hizo público en el marco de una investigación sobre Cuelgamuros. Aquel documento ponía de relieve que en los archivos del organismo público no constaba "información concreta" de la evolución del número de monjes y novicios de la Abadía en la última década –pese a que la ley obliga a que sean, como mínimo, una veintena–. Y reconocía que no había rastro de "ingresos y gastos" en la última década ni de la llamada Casa de Ejercicios Espirituales ni tampoco de la Hospedería, ese hotel que gestionan los religiosos dentro del complejo monumental.
Una subvención retirada y unos donativos que desgravan
Los monjes recibieron durante décadas un importante respaldo en forma de dinero público para el desarrollo de sus actividades. Desde 2009, 340.000 euros anuales procedentes de Patrimonio Nacional. Pero todo cambió en 2019. En ese momento, el organismo público congeló la ayuda. Lo hizo al entender que los benedictinos no justificaban debidamente el uso de los fondos. "Hasta la fecha, no se ha accedido a la contabilidad íntegra de la Abadía, tal como se ha reclamado reiteradamente", apuntaba en noviembre de aquel año el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en una carta enviada al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera. A día de hoy, los monjes siguen sin recibir dicha subvención, que desde 2021 ya ni se prevé en los Presupuestos Generales.
Tras conocerse la cancelación de estos fondos, los colectivos ultras comenzaron a moverse para intentar montar una caja de resistencia. Por redes sociales empezó a circular un vídeo en el que se solicitaban donativos a una cuenta bancaria para impedir que la "anti España" asfixiase "económicamente" al "Valle" para "profanarlo". También la propia Abadía cuenta en su página web con un botón para donaciones que, al pulsarlo, configura de forma predeterminada la cifra de 25 euros mensual. Una aportación que, tal y como se encargan de recordar, desgrava en la declaración de la renta: "Si indicas tu nombre y apellidos o razón social, tu NIF y la provincia de tu domicilio fiscal, te enviaremos un certificado de desgravación fiscal al correo electrónico que nos hayas indicado".
Este diario ha intentado ponerse en contacto con la abadía para conocer cuáles son sus principales vías de ingresos tras la retirada de la subvención y cómo sobrevive económicamente, así como para conocer cuánto recauda a través de dichas aportaciones económicas. Los correos electrónicos enviados a través de la dirección que figura en la página web no han recibido respuesta alguna. Tampoco la petición de hablar con un portavoz. Pese a dejar los datos de contacto a uno de los monjes que ha atendido el teléfono, ningún responsable de dicha comunidad religiosa ha devuelto la llamada a cierre de esta edición.
La salida de los benedictinos
La expulsión de los religiosos de Cuelgamuros es algo que lleva años dándose por hecho. Su salida ya se dejó caer durante la etapa de Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia. Y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya ha señalado en alguna entrevista que no tiene "sentido" que continúen en Cuelgamuros: "Su función no ha estado dentro del marco de los valores democráticos y los principios constitucionales". Los monjes formaron parte del frente de oposición a la salida del dictador del complejo monumental. Recurrieron la exhumación al Supremo. Y con Cantera al frente, quien en su juventud fue candidato de Falange Española Independiente, trataron de negar hasta el último momento la autorización para acceder a la Basílica.
La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, ya analizó hace más de una década la presencia de los monjes en Cuelgamuros. Y concluyó que el "tiempo transcurrido", la Constitución y la "nueva realidad social" hacían necesaria una adaptación de las "actuaciones civiles y religiosas" al "espíritu" de la "nueva resignificación" que se pretendía dar al complejo. No se rechazaba que hubiera una comunidad religiosa, siempre que fuera respetuosa con el nuevo espíritu. "Lo que teníamos clarísimo es que esta comunidad benedictina no se ajustaba a eso", aseguró hace un año a este diario uno de los miembros de aquel grupo de expertos.
Cuando el Consejo General del Poder Judicial elaboró su informe sobre la Ley de Memoria Democrática en junio de 2021, tres de los vocales del llamado bloque conservador –Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad– emitieron un voto particular en el que ponían en duda que se pudiera prescindir con facilidad de la comunidad benedictina. "Su presencia en la basílica está anclada en el acta de erección pontificia de la Abadía y no puede modificarse sin con ello vulnerar el Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, que declara la inviolabilidad de los lugares de culto", apuntaban. Los monjes, por su parte, no descartan dar la batalla legal antes de salir de Cuelgamuros, según publicó elDiario.es.
En el Ejecutivo mantienen su intención de sacarlos. "La voluntad es que los benedictinos dejen las instalaciones del Valle de Cuelgamuros", apuntan fuentes gubernamentales. Pero no aclaran si se buscará o no otra orden religiosa para sustituirles. Y no lo harán hasta que esté listo, tal y como marca la reciente Ley de Memoria Democrática, el real decreto que establecerá el nuevo marco jurídico aplicable a Cuelgamuros, en el que debe ponerse negro sobre blanco "la organización, funcionamiento y régimen patrimonial" del complejo monumental. Un texto con el que se pretende poner orden tras décadas de descrontrol y que enterrará de una vez por todas el armazón jurídico construido durante la dictadura.
El Gobierno pretende elevar a Consejo de Ministros este mismo año ese real decreto. O así consta, al menos, en el Plan Anual Normativo de 2024. Pero por el momento el nuevo marco jurídico no está listo. "Se encuentra en fase de elaboración", explican las fuentes consultadas, que dejan caer que, de media, la preparación de los decretos suele demorarse "unos seis meses". En cuanto la nueva norma entre en vigor, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, ese ente de carácter excepcional que durante décadas ha tenido asignada la gestión de los bienes que integran el mausoleo y que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha estado dirigiendo "transitoriamente", quedará definitivamente extinguida.
