El pleno de la Asamblea de Madrid aprobará previsiblemente la semana que viene una proposición de ley presentada por Ciudadanos para que se implanten bancos de libros de texto en los colegios e institutos financiados con fondos públicos de la comunidad a partir del curso 2018-2019. Se trata de un sistema de préstamo voluntario al que pueden acogerse los alumnos que hayan aportado "en un adecuado estado de conservación" los libros de texto usados durante el año anterior.
De esta forma, Madrid se unirá al grupo de comunidades que cuentan con sistemas de ayudas para la adquisición o préstamo de libros de texto y material didáctico después de haber eliminado en 2012 todas las becas existentes y haber mantenido desde entonces únicamente una pequeña partida para préstamos a las familias en situación de beneficencia. El proyecto de ley actual tiene su origen en una recogida de firmas a través de la la plataforma Change.org que inició Elena Alfaro, una madre de dos hijas preocupada por el desembolso que suponía para las familias tener que asumir la compra de libros cada inicio de curso.
En un informe específico publicado en octubre de 2013 [consultar, aquí], el Defensor del Pueblo defendió la "generalización progresiva" de los sistemas de ayudas a los libros de texto y, en último término, el acceso plenamente gratuito de todos los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias a los "materiales imprescindibles". En ese mismo documento, la institución constataba la existencia de "diferencias no aceptables" entre unas y otras comunidades autónomas en cuanto al grado de consecución del objetivo de plena gratuidad y proponía la elaboración de un catálogo o carta de servicios mínimos para todas las autonomías.
Los datos contrastados por infoLibre evidencian que esa disparidad de sistemas entre comunidades se mantiene cuatro años después y que, en consecuencia, el gasto para las familias es muy diferente en función de su lugar de residencia. De hecho, Andalucía, Navarra y País Vasco son las únicas comunidades que han mantenido un modelo de gratuidad a través del préstamo y la reutilización con cobertura para todos los alumnos incluso en los años más duros de la crisis. Em estas autonomías los libros son propiedad de los centros. Sus gobiernos sostienen que de esta forma se evita el "factor de desigualdad" que provoca que unos alumnos tengan materiales reutilizados y otros no.
Este es el modelo que defiende la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que representa a 12.000 asociaciones de familias de los centros públicos. De hecho, su portavoz, José Luis Pazos, cuestiona el hecho de que el sistema propuesto para la Comunidad de Madrid sea voluntario porque, a su juicio, "seguirá generando un alumnado de primera y otro de segunda". No obstante, esta organización también aboga por "repensar a fondo el modelo" y mantiene que es momento de buscar fórmulas alternativas a los libros de texto convencionales a través de materiales digitales y otro tipo de recursos.
Cambio de modelo
El análisis de la situación de estas ayudas en las diferentes comunidades confirma que la crisis también ha hecho estragos en los modelos de ayuda para acceder a los materiales didácticos necesarios en la etapa obligatoria. De hecho, hasta cinco comunidades que tenían implantados programas de gratuidad universales los cambiaron en un contexto generalizado de recortes por modelos más restrictivos, aunque siempre ligados a la renta.
Es el caso de Aragón, donde el antiguo Gobierno del PP cambió a partir del curso 2012 ese sistema por otro progresivo de becas que alcanzaba a menos del 15% del alumnado. El actual Ejecutivo PSOE-CHA ha avanzado su voluntad de volver a la gratuidad, si bien por ahora mantiene las becas en forma de cheque –160 euros en Primaria y 230 en Secundaria– para las familias que tienen ingresos anuales inferiores 14.910, 28 euros (dos veces el IPREM). Dedicará a este programa 3,4 millones el próximo curso.
También en Castilla-La Mancha el programa de gratuidad se vio resentido tras las llegada al Gobierno de los conservadores, en 2011. Entonces se cambió por un sistema de becas, que el actual Ejecutivo del PSOE volvió a modificar por otro combinado en el que los colegios públicos reciben una cantidad para comprar libros en función del número de alumnos beneficiarios. En los concertados sí que hay ayudas directas a los estudiantes de entre 90 y 240 euros porque legalmente no se pueden hacer trasvases de dinero fuera de los conciertos. En total, el Gobierno castellano-manchego invertirá el próximo curso en esta cuestión 2,6 millones de euros.
Galicia ha recorrido este mismo camino acabando con la gratuidad universal y apostando por ayudas progresivas, de entre 90 y 170 euros, para el alumnado de primero y segundo de Primaria, cuyos libros no se pueden reutilizar. El resto de escolares a los que se les reconoce el derecho toman los manuales de los bancos de libros de los centros, que también reciben subvenciones con este fin por parte de la Xunta. En total, la inversión prevista para el próximo curso es de 12,4 millones de euros.
La Rioja también suprimió en 2013 el programa de gratuidad y mantiene ahora una convocatoria de ayudas económicas con una horquilla de entre 100 y 160 euros en Primaria y 150 y 245 euros en Secundaria, que se ejecutan a través de los centros y que contarán el curso que viene un presupuesto de 3,7 millones. Algo similar ocurrió en Murcia, donde se pasó de un bono-libro universal de entre 100 y 150 euros para determinados cursos a ayudas monetarias de importe similar que se otorgan directamente a las familias más necesitadas. El importe máximo de la convocatoria del próximo curso es de 3,5 millones de euros.
Préstamo y reutilización
Además de en Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja, el modelo de préstamo y reutilización gestionado por colegios e institutos funciona en otras comunidades. Está vigente en Asturias, donde la subvención por beneficiario es aproximadamente de 105 euros, con un presupuesto para el próximo curso de 1,9 millones de euros; en Castilla y León, con una ayuda valorada en 240 euros en Primaria y 310 en Secundaria y un gasto previsto es de 2,5 millones de euros; en Cantabria, donde el año pasado se cambió el sistema de ayudas directas a las familias por otro en el que los fondos también son gestionados directamente por los centros escolares; o en Canarias, donde colegios e institutos reciben dinero para comprar libros que luego reparten a los alumnos más necesitados.
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En Baleares, por otro lado, son los centros los que tienen que solicitar la adhesión al programa, aunque los públicos están obligados a hacerlo si lo demandan el 10% de los alumnos. Actualmente son 156 los colegios e institutos que participan en el sistema y que recibirán el curso que viene 50 euros por alumno para actualizar su fondo de libros y material didáctico. Si no llega para adquirir todo el material, las familias ponen el resto.
En la Comunitat Valenciana, por su parte, el Gobierno de PSOE y Compromís dedicará el próximo curso 21,6 millones de euros a implantar un modelo universal aunque voluntario similar al que está previsto en Madrid. Se asignará a los centros una dotación económica en función de las necesidades de reposición y renovación de los libros de texto y material curricular comunicadas con unos máximos de 175 euros en Primaria y 278 euros en Secundaria por alumno con el objetivo de que vayan creando sus propios bancos de libros.
Siempre que sea de carácter obligatorio para todos los alumnos el modelo de bancos de libros es el que más convence a Ceapa después de la gratuidad. No obstante, la confederación de padres de la pública cuestiona el hecho de que con este sistema la cobertura no es total, pues no alcanza a la inmensa mayoría del alumnado. Además, en función de la cantidad otorgada a los centros por beneficiario y el número de manuales a reponer, las familias tienen que seguir comprando libros a pesar de tener una renta baja.
El pleno de la Asamblea de Madrid aprobará previsiblemente la semana que viene una proposición de ley presentada por Ciudadanos para que se implanten bancos de libros de texto en los colegios e institutos financiados con fondos públicos de la comunidad a partir del curso 2018-2019. Se trata de un sistema de préstamo voluntario al que pueden acogerse los alumnos que hayan aportado "en un adecuado estado de conservación" los libros de texto usados durante el año anterior.