En octubre de 2006, Pasqual Maragall sugirió en el Parlament que CiU cobraba el 3% de comisión por los contratos que adjudicaba el Gobierno catalán. Y se montó un escándalo. Pero Cataluña no era el único lugar donde funcionaba el 3%. Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), en el marco del caso caso Gürtel, ha detectado irregularidades en el pago del 3% del canon de 113,6 millones que el Ayuntamiento de Madrid abonó en 2003 a seis empresas por los contratos de limpieza viaria. Según los pliegos municipales, el 2% del canon tendría que haberse destinado a campañas de concienciación ciudadana y el 1% a sistemas de control. Pero la elección de la empresa que gestionó esa publicidad fue irregular: "La selección de la empresa que tenía que ejecutar la campaña se ha realizado al margen de cualquier procedimiento de contratación administrativa, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia", se explica en el informe del IGAE, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el canon aplicable en los concursos de limpieza viaria, entre el 1 de marzo de 2003 y el final de ese año, en los diez distritos de Madrid el importe del control de calidad y de las campañas de concienciación ascendía a 2,8 millones de euros, pues se trataba del 3% de los 113,6 millones de euros. Los concursos, que se llevaron seis empresas, tenían una vigencia de diez años, que podían ser prorrogables otro más, según los pliegos municipales. El responsable del área de limpieza viaria era el concejal Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel.
La Intervención General del Estado ha detectado las irregularidades tras analizar la documentación que recabaron los funcionarios de este departamento el pasado 17 de julio, al desplazarse hasta el Ayuntamiento de Madrid en busca de la documentación de estos contratos de la limpieza viaria. Así, al contrario de lo que obligaban los pliegos municipales, en los archivos de la dirección general de Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Madrid no había ningún expediente que especificara el nombre de las tres empresas publicitarias que formaban la terna propuesta por el Consistorio, y entre las que las adjudicatarias de la limpieza viaria tendrían que elegir para ejecutar las campañas de concienciación ciudadana. "Tampoco consta documentación que acredite que por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento se haya verificado que las empresas adjudicatarias hayan contratado y abonado este servicio", recalca el informe de Hacienda.
"No es muy correcto"
El trabajo de la IGAE pone de manifiesto que tras las elecciones del 25 de mayo de 2003 el alcalde electo, Alberto-Ruiz Gallardón, apartó a López Viejo de sus responsabilidades en el Ayuntamiento. López Viejo, imputado en el caso Gürtel, y que según un informe de la Policía Judicial cobraba una media del 10% del precio de los actos que facturaba la red Gürtel a la Comunidad de Madrid, estaba considerado como uno de los principales hombres de confianza de la expresidenta Esperanza AguirreEsperanza Aguirre.
Otra de las irregularidades que Hacienda atribuye a la gestión de López Viejo es que el 11 de mayo de 2003, días antes de que se celebraran las elecciones que ganó Ruiz-Gallardón, el hombre de confianza de Aguirre firmó las liquidaciones del primer año de contrato. Éstas fueron efectivas el 30 de mayo, días despues de la cita electoral. Según la IGAE "fijar y liquidar en mayo", cuando del nuevo contrato solo se habían ejecutado dos meses, "no es muy correcto", ya que obliga al contratista a anticipar los fondos correspondientes a las campañas de publicidad respecto de un canon con unos servicios "que no ha prestado, ni certificado, ni cobrado".
Ruiz-Gallardón redujo el canon un 3%
Apenas unos meses después, Ruiz-Gallardón modificó el contrato de la limpieza viaria reduciendo el canon a las empresas un 3%, según destaca un informe interno del Ayuntamiento con fecha de 27 de octubre de 2004, y que justificaba esta decisión. En su punto 13, el documento pone de manifiesto que el nuevo equipo de gobierno, "por motivos de interés general y con el fin de lograr una gestión más eficaz, pretende unificar dentro de la vicealcaldía todas las actuaciones municipales en materia de publicidad [...] con el fin de lograr mayor uniformidad y coordinación de la publicidad municipal". El vicealcalde era Manuel Cobo, que junto con Ruiz-Gallardón entabló años después una batalla en el seno del PP madrileño.
Además, según el informe, el nuevo equipo de Ruiz-Gallardón, con la finalidad de evitar "disfuncionalidades", anunció que los controles de calidad se iban a contratar a través de un concurso público. "Por ello se propone reducir el canon en un 3%". Una decisión a la que SUFI, filial de Sacyr, no puso ninguna objeción pese a que su puesta en práctica suponía una bajada en sus ingresos.
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"Defectos" y "carencias" en las facturas
Precisamente la decisión de modificar los contratos fue objeto de las críticas de los grupos municipales de la oposición. Según el diario El País, el PSOE e IU denunciaron en repetidas ocasiones que durante el mandato de López Viejo se habían autorizado gastos por más de 18 millones de euros, sin que estuvieran suficientemente acreditados, para que las empresas de limpieza hicieran frente a imprevistos. Pese a que Ruiz-Gallardón modificó varios de los contratos adjudicados por el imputado, el ahora ministro de Justicia rechazó investigar su gestión, según la oposición.
La Intervención General del Estado ha constatado importantes "defectos" y "carencias" entre las facturas referentes a los contratos de publicidad de 2003. "No se aporta o detalla el origen de algunas partidas, se permiten compensaciones de derechos de crédito entre el Ayuntamiento y las empresas, dan por válidas facturas por servicios de naturaleza distinta a la contemplada en el contrato, admiten facturas sin verificar que han sido abonadas, e incluso al validar como gasto una mera provisión de fondos", especifica el informe de Hacienda.
En octubre de 2006, Pasqual Maragall sugirió en el Parlament que CiU cobraba el 3% de comisión por los contratos que adjudicaba el Gobierno catalán. Y se montó un escándalo. Pero Cataluña no era el único lugar donde funcionaba el 3%. Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), en el marco del caso caso Gürtel, ha detectado irregularidades en el pago del 3% del canon de 113,6 millones que el Ayuntamiento de Madrid abonó en 2003 a seis empresas por los contratos de limpieza viaria. Según los pliegos municipales, el 2% del canon tendría que haberse destinado a campañas de concienciación ciudadana y el 1% a sistemas de control. Pero la elección de la empresa que gestionó esa publicidad fue irregular: "La selección de la empresa que tenía que ejecutar la campaña se ha realizado al margen de cualquier procedimiento de contratación administrativa, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia", se explica en el informe del IGAE, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda.