El Gobierno madrileño decretó hace unos días la ley del silencio alrededor del contrato sanitario del que se benefició el hermano de la presidenta en los momentos más duros de la pandemia. Una máxima que se ha respetado al milímetro este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En la primera sesión de control tras el estallido del caso Ayuso, la líder del Ejecutivo regional ha evitado aclarar todas las dudas que existen alrededor de esa adjudicación. "[Lo he explicado] mil veces", se ha limitado a decir a los grupos de la oposición. Sin embargo, se ha esforzado por mover, una vez más, el marco del debate hacia otro lado. Y lo ha hecho anunciando que su grupo llevará a la Fiscalía Anticorrupción una docena de contratos del Gobierno central valorados en más de 326 millones de euros.
La oposición esperaba con ganas la celebración de este Pleno. Básicamente, porque era el primero en el que iban a poder apretar a la presidenta madrileña con la adjudicación de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas que la Consejería de Sanidad otorgó a una firma administrada por un empresario amigo de la familia, licitación de la que también se benefició el hermano de la líder del Ejecutivo regional, Tomás Díaz Ayuso. Desde que estalló el escándalo, Ayuso no ha estado presente en el hemiciclo. La pasada semana, porque asistió al Comité de las Regiones. Y la anterior porque no había sesión en la Asamblea de Madrid.
"Usted no está dando explicación por los contratos de emergencia. La única forma de tener respuestas va a ser desalojarla en las urnas en 2023 para poder abrir todos los cajones y ver hasta dónde han llegado todos sus chanchullos", ha señalado la portavoz de Unidas Podemos Carolina Alonso. La oposición lo intentó durante toda la sesión de control. Incluso, planteando de forma directa preguntas concretas. "¿Quién decidió y por qué motivos que se le adjudicara a esa empresa? ¿Qué hizo exactamente su hermano para cobrar ese dinero? ¿Puede garantizarnos que su hermano no ha hecho más negocios con la Comunidad de Madrid? ¿Por qué hay documentos firmados a mano, otros sin código seguro de verificación y otros con dobles sellos?", puso sobre la mesa el portavoz del PSOE, Juan Lobato.
Los 38 millones atribuidos en falso a una firma granadina destapan los agujeros en la contratación de Madrid
Pero no hubo manera. Durante todas sus intervenciones, la presidenta se limitó a seguir exactamente el mismo guion al que se ha agarrado desde el estallido del caso Ayuso. Repitió que no ha tenido nada que ver con la adjudicación, que nunca ha intervenido en esos negocios y que lo único que se está haciendo es perseguir y "ensañarse" con su familia. "[Lo he explicado] mil veces. (...) Lo que pueden hacer es una comisión que se llame Isabel Díaz Ayuso, y así ya me hacen una fiscalización completa", ha aseverado la presidenta regional.
Y, a partir de ahí, ha contraatacado. Lo ha hecho intentando trasladar el foco del debate hacia el Gobierno central. "Ahora vamos a empezar a investigar todo lo que han hecho ustedes", ha señalado la líder del Ejecutivo madrileño. Y, luego, ha anunciado que su grupo parlamentario llevará a la Fiscalía Anticorrupción una docena de contratos de la pandemia de siete empresas "relacionadas con el PSOE, con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa y la vicepresidenta del Gobierno".
Adjudicaciones que, apuntó, superaron los 326 millones de euros. "Se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25% y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento. Van a tener que dar ustedes muchas explicaciones", ha sentenciado.
El Gobierno madrileño decretó hace unos días la ley del silencio alrededor del contrato sanitario del que se benefició el hermano de la presidenta en los momentos más duros de la pandemia. Una máxima que se ha respetado al milímetro este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En la primera sesión de control tras el estallido del caso Ayuso, la líder del Ejecutivo regional ha evitado aclarar todas las dudas que existen alrededor de esa adjudicación. "[Lo he explicado] mil veces", se ha limitado a decir a los grupos de la oposición. Sin embargo, se ha esforzado por mover, una vez más, el marco del debate hacia otro lado. Y lo ha hecho anunciando que su grupo llevará a la Fiscalía Anticorrupción una docena de contratos del Gobierno central valorados en más de 326 millones de euros.