Isabel Díaz Ayuso aceptó que sus padres le donasen una vivienda en el centro de Madrid en octubre de 2011, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes, como desveló infoLibre el pasado 21 de junio. Pues bien, nuevos documentos en poder de este periódico demuestran que Ayuso participó en una segunda operación similar seis meses después. En este caso el inmueble no se puso a su nombre, sino que la transmisión de la propiedad se hizo mediante la donación de las participaciones de la sociedad Sismédica SL, que era dueña de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en la calle Antonio López de Madrid. La política del PP recibió el 50% de las participaciones de la compañía, mientras que la otra mitad fue para su hermano Tomás.
La donación se realizó el 16 de abril de 2012 y el inmueble perteneció a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano durante cinco años y medio. Lo perdieron el 18 de octubre de 2017, cuando el Juzgado de Primera Instancia 31 de Madrid se lo adjudicó a Bankinter. Sismédica SL no había devuelto un préstamo de 175.000 euros que la entidad financiera le había concedido el 20 de octubre de 2010. Ese dinero había ido al grupo empresarial MC, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso, y el local de Antonio López se hipotecó como garantía.
El artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública.
La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011 y el 16 de abril de 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público. Uno de los acreedores de los padres de Ayuso era Avalmadrid, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia, cada uno con algo más del 30% del capital.
Juristas consultados por este periódico explicaron que, en relación a un presunto alzamiento de bienes, también hay que tener en cuenta el artículo 1297 del Código Civil, que presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos celebrados en fraude de acreedores son rescindibles. El artículo siguiente (1298) estipula que quien "hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas".
infoLibre trasladó este lunes a la dirigente del PP de Madrid dos preguntas para conocer su versión sobre los hechos:
1. En abril de 2012, cuando Isabel Díaz Ayuso acepta la donación del 50% de Sismédica SL que le hace su padre, éste tenía ya deudas impagadas que había avalado personalmente y el Grupo MC estaba en quiebra. ¿Conocía Isabel Díaz Ayuso esa situación?2. En caso de que Díaz Ayuso conociese esa situación, ¿no se planteó que la donación podría ser un alzamiento de bienes y que en ese caso ella estaría actuando como cooperadora?
La respuesta ofrecida, a través de su portavoz, fue la siguiente: "En esa etapa su padre estaba gravemente enfermo, su madre jubilada y ella no era persona relevante en la política". Ayuso evitó, por tanto, responder a las dos cuestiones planteadas, sobre su participación en una donación de la que fue beneficiaria. En cuanto a su papel político en aquel momento, Ayuso acababa de llegar a la Asamblea de Madrid, tras ser elegida en las listas del PP en las elecciones autonómicas de 2011.
La deuda y las donaciones
Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la ahora candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, eran propietarios del 25% de las acciones del Grupo MC. El resto del capital estaba repartido, a partes iguales, entre otros tres matrimonios. Dedicado a la distribución, comercialización y mantenimiento de productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica, a principios de 2011 el Grupo MC estaba formado por 13 sociedades y tenía a 39 personas en plantilla. El importe neto de la cifra de negocios total del grupo en 2010 ascendió a a 12,08 millones de euros y declaró unos beneficios de 148.987 euros. La matriz se llamaba Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL y la filial más importante era MC Infortécnica SL, que facturaba más de la mitad del total del grupo (6,8 milllones en 2010).Todos estos datos constan en las cuentas presentadas en el Registro Mercantil y en diversos planes de negocio para el periodo 2011-2014 que elaboró el equipo directivo del Grupo MC para lograr financiación y a los que ha tenido acceso este periódico.
A principios de aquel año 2011, MC Infortécnica SL solicitó a Avalmadrid un préstamo de 400.000 euros. La crisis económica que entonces estaba en uno de sus peores momentos y la dependencia de la empresa de las adjudicaciones de la Administración Pública, que pagaba con mucho retraso, provocaban "fuertes tensiones de liquidez". Avalmadrid concedió el préstamo, el 15 de marzo de 2011, y con una única garantía hipotecaria–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de MC Infortécnica SL. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.
La empresa debía devolver los 400.000 euros en tres años. El primer pago estaba fijado para el 16 de diciembre de 2011, por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. No pagó un céntimo ni ese día, ni nunca. Y es que para entonces ya había quebrado y prácticamente estaba sin actividad. No sólo MC Infortécnica SL, sino todo el grupo empresarial. Según ha podido saber infoLibre, tras despedir a la mayor parte de la plantilla el 23 de septiembre de 2011, los 39 trabajadores en nómina a principios de año habían quedado reducidos a seis.
A finales de septiembre de 2011, por tanto, los padres de Díaz Ayuso sabían que MC Infortécnica no devolvería el crédito de 400.000 euros porque estaba en quiebra y que Avalmadrid podía intentar recuperar ese dinero ejecutando los bienes de cualquiera de los ocho avalistas. Los movimientos que realizó entonces el matrimonio Díaz-Ayuso fueron los siguientes:
– El 5 de octubre de 2011, Leonardo Díaz Álvarez presentó ante notario su “renuncia irrevocable”como administrador mancomunado de Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, la matriz del grupo empresarial. Lo hizo ante notario mediante una escritura con el siguiente contenido: “Que requiere al notario para que envíe por correo certificado con aviso de recibo a Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL escrito que se inserta por el que notifica su renuncia irrevocable al cargo de administrador mancomunado de la sociedad debido a que todas las gestiones y actuaciones diarias y no diarias de la sociedad son llevadas exclusivamente por los otros dos administradores mancomunados”. Esos otros dos administradores eran José Manuel Pitarch Divar y Juan Carlos Herrero Casasola.
– El 7 de octubre de 2011, los padres de la dirigente del PP donaron buena parte de sus bienes a sus dos hijos, Isabel y Tomás. A ella le correspondió la “nuda propiedad” de una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, cuyo usufructo se reservaron sus padres (ahora lo mantiene la madre, ya que el padre falleció en 2014). A Tomás le dieron el pleno dominio de una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).
– El 16 de abril de 2012, Leonardo Díaz Álvarez donó el 100% de las participaciones de Sismédica SL a Isabel y Tomás. Dicha compañía era propietaria de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en la calle Antonio López de Madrid.
Las dos escrituras de donación de sus bienes y la de renuncia irrevocable al cargo de administrador mancomunado de Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL se realizaron ante el mismo notario de Madrid.
La historia de Sismédica
Sismédica SL se constituyó el 22 de febrero de 1999. El objeto social incluía desde "la realización de toda clase de actividades inmobiliarias" a la "comercialización de aparatos informáticos y hospitalarios". Los accionistas iniciales, que se repartieron el capital a partes iguales, eran los cuatro hombres de los matrimonios dueños del Grupo MC: Leonardo Díaz Álvarez, José Luis Santos Marcelino Santamaría, Juan Manuel Pitarch Divar y Juan Carlos Herrero Casasola. En las primeras cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 1999, la compañía ya declara tener "inmovilizaciones materiales" por 19.255.306 pesetas de la época (115.726 euros).
Pocos años después, en dos escrituras fechadas el 17 de mayo de 2002 y el 11 de diciembre de 2003, Leonardo Díaz Álvarez compra a sus tres socios todas las participaciones de la compañía. Se convierte así en accionista único. Coincidiendo con el cambio en la propiedad, los padres de Ayuso pasan a ser administradores solidarios de la compañía. Una posición que mantuvieron durante más de ocho años. El 16 de abril de 2012, el mismo día que donan la compañía a sus hijos, sus padres también presentan su dimisión como administradores solidarios. Desde ese momento, el administrador único es Tomás Díaz Ayuso.
Poco se sabe de la compañía desde que la dirigente del PP y su hermano se convirtieron en propietarios de la misma. Sismédica SL sólo presentó en el Registro Mercantil las cuentas correspondientes al año 2013. Desde entonces, y pese a ser una obligación legal, no ha vuelto a depositar su contabilidad. Cuando infoLibre descubrió ese hecho y le preguntó a Ayuso, su respuesta fue que "la empresa no tiene actividad y está dada de baja desde hace cuatro años" en Hacienda. Y añadió que ella desconocía los motivos por los que la sociedad había dejado de presentar las cuentas: "Isabel es solo accionista de la sociedad y no tiene responsabilidades en la gestión de la misma", explicó su portavoz. El administrador único es, como se indicó, su hermano Tomás.
En las cuentas de 2013, Sismédica SL valoraba en 91.964 euros su inmovilizado material –las oficinas de la calle Antonio López en Madrid–, declaraba un importe neto de la cifra de negocios de 18.284 euros y unos beneficios de 6.295 euros.
El precio de mercado del inmueble era en realidad mucho más alto. El 20 de octubre de 2010, Sismédica SL había hipotecado el local como garantía de un préstamo de 175.000 euros concedido por Bankinter a la mercantil Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, la matriz del grupo empresarial que hasta aquel momento no había dado ningún síntoma de problema económico.
Ese préstamo se convirtió en un problema irresoluble para los hermanos Díaz Ayuso, ya que Grupo MC no devolvió el dinero y ellos tampoco. El 18 de octubre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia 31 de Madrid dictó un decreto de adjudicación de las oficinas por el que se aprobó el remate de la finca a favor de Bankinter. Esta entidad hizo cesión del remate en favor de su filial Intermobiliaria SA, que es quien figura actualmente como propietaria del inmueble. En otras palabras, ese día Isabel y Tomás Díaz Ayuso dejaron de ser los dueños de las oficinas.
El trato de favor de Avalmadrid
A principios de 2011, el Grupo MC tenía aparentemente sólo problemas de tesorería. Algo que deberían haber ayudado a superar los 575.000 euros que recibió en poco tiempo: 175.000 euros en octubre de 2010 prestados por Bankinter y 400.000 euros en marzo de 2011 concedidos por Avalmadrid. Pero lo cierto es que, meses después, el grupo empresarial había despedido al 85% de su plantilla y estaba en quiebra, sin esperanza alguna de superar la situación económica crítica.
Así que cuando llegó el momento de devolver la primera cuota del crédito de Avalmadrid, el 16 de diciembre de 2011, no devolvió ni un euro. Desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Avalmadrid llevó el tema a la reunión que mantuvo su Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y embargar los bienes de los ocho avalistas solidarios hasta cubrir la deuda que le había dejado MC Infortécnica SL.
Avalmadrid inició en 2013 el procedimiento de ejecución sobre el único bien que contaba con garantía hipotecaria: la nave industrial en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada, que había sido tasada antes de la concesión del préstamo en 213.596 euros, aunque la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro adjudicó a Avalmadrid la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en 261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. Una cantidad que sigue creciendo por los intereses de demora.
Pero, en contra de lo que había decidido su propio Comité de Morosidad, Avalmadrid no actuó contra los avalistas. Y así lleva siete años, incumpliendo la decisión del Comité. La absoluta pasividad de la entidad semipública tiene como consecuencia que ahora sea mucho más difícil conseguir la devolución del dinero prestado porque muchas de las propiedades de los avalistas o ya han sido embargadas por otros acreedores o salieron de su patrimonio en operaciones sospechosas de alzamiento de bienes, como las realizadas por los Díaz-Ayuso.
Durante estos siete años de pasividad, han estado al frente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez, máximo responsable cuando se concedió el préstamo y desde mayo de 2014 consejero de la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV); José María Rotellar, que ocupó el cargo durante un año, y Rosario Rey, que le sustituyó en octubre de 2015. Esta última, que sigue siendo la presidenta, es también directora general de Economía del Gobierno autonómico del PP.
¿Qué ocurrió para que se incumpliese el acuerdo del Comité de Morosidad y no se embargasen los bienes de los ocho avalistas solidarios? ¿Quién dio la orden de no actuar contra los deudores y, por tanto, dar por perdidos 400.000 euros que en una parte significativa habían salido del bolsillo de los contribuyentes? Este periódico planteó ambas cuestiones hace un mes a Avalmadrid, que se niega a responder a cualquier pregunta sobre el préstamo a MC Infortécnica SL.
Como desveló infoLibre, Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica cuando solicitaron los 400.000 euros, y que ellos mismos valoraron entonces en 2,97 millones de euros. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.
En 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre era el principal poder en Avalmadrid. Isabel Díaz Ayuso había trabajado como asesora del Gabinete de Aguirre entre junio de 2008 y marzo de 2009. Después se encargó de la comunicación de un organismo llamado Madrid Network y, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011, pasó a ser diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Allí permaneció hasta que en septiembre de 2017 fue designada viceconsejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño. Antes de los últimos comicios autonómicos, Pablo Casado la nombró candidata a presidir la Comunidad. PP, Ciudadanos y Vox alcanzaron la semana pasada un pacto para hacerla presidenta autonómica, algo que ocurrirá en los próximos días.
Ver másAyuso considera “absurdo” informar de su participación en un posible delito de alzamiento de bienes
En otras palabras: cuando se produjo el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL, Isabel Díaz Ayuso ya era diputada autonómica, y en los más de siete años que Avalmadrid lleva incumpliendo el acuerdo de embargar a los avalistas, ha ido ascendiendo en la escala de poder del PP hasta convertirse en candidata a presidenta madrileña. Díaz Ayuso sostiene que siempre "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia”.
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Puedes consultar en este dosier todas las informaciones de infoLibre sobre el patrimonio y las actividades de Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso aceptó que sus padres le donasen una vivienda en el centro de Madrid en octubre de 2011, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes, como desveló infoLibre el pasado 21 de junio. Pues bien, nuevos documentos en poder de este periódico demuestran que Ayuso participó en una segunda operación similar seis meses después. En este caso el inmueble no se puso a su nombre, sino que la transmisión de la propiedad se hizo mediante la donación de las participaciones de la sociedad Sismédica SL, que era dueña de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en la calle Antonio López de Madrid. La política del PP recibió el 50% de las participaciones de la compañía, mientras que la otra mitad fue para su hermano Tomás.