Ayuso debe al Ayuntamiento de Madrid cinco años del IBI

Isabel Díaz Ayuso incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI por un inmueble de su propiedad. La deuda se fue acumulando y todos los intentos de cobro del Ayuntamiento de Madrid han sido infructuosos. infoLibre ha localizado cinco notificaciones publicadas en boletines oficiales reclamando el pago. Sin éxito.

El inmueble que originó la deuda es un local de oficinas de 180 metros cuadrados situado en la calle Antonio López de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás fueron dueños –cada uno tenía el 50% a través de la sociedad Sismédica SL– del inmueble entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017. Ese fue el periodo en el que se generó la deuda tributaria con el Ayuntamiento de Madrid. 

Tal y como desveló infoLibre este martes, Isabel Díaz Ayuso y su hermano aceptaron que su padre les donase a cada uno el 50% de las participaciones de Sismédica SL. La operación, realizada ante notario el 16 de abril de 2012, es sospechosa de alzamiento de bienes ya que en ese momento el padre era avalista solidario de una deuda de 400.000 euros con Avalmadrid que ya estaba en mora. 

Los hermanos Díaz Ayuso terminaron perdiendo el local el 18 de octubre de 2017, cuando el Juzgado de Primera Instancia 31 de Madrid se lo adjudicó a Bankinter. Sismédica SL no había devuelto un préstamo de 175.000 euros que la entidad financiera le había concedido el 20 de octubre de 2010. Ese dinero había ido al grupo empresarial MC, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso, y el inmueble de Antonio López se hipotecó como garantía.

Durante los cinco años que fueron dueños del local de oficinas en Antonio López, Sismédica SL no abonó los tributos locales. En concreto, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que deben pagar anualmente los propietarios de un inmueble.

A preguntas de este periódico sobre por qué no pagó el IBI y si piensa saldar su deuda con el Ayuntamiento de Madrid, un portavoz de Ayuso indicó que el inmueble "estaba en proceso de subasta desde hacía años". En todo caso, se comprometió a completar esta versión en cuanto tuviera más datos.

El responsable del pago del IBI es el titular del inmueble, con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo. Todas las notificaciones publicadas por el Ayuntamiento de Madrid tienen como demandado a Sismédica SL. Esta empresa fue la titular del local de oficinas hasta el 18 de octubre de 2017, en que el nuevo titular pasó a ser Intermobiliaria SA, una filial de Bankinter.

El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio.

infoLibre ha encontrado cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas. Aparecieron en los siguientes boletines oficiales y en las fechas indicadas:

 

 

 

 

 

        

Los impagos del IBI se fueron acumulando año tras año y a la cantidad inicial se fueron añadiendo los intereses de demora. De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.

Por su parte, fuentes jurídicas explican que el hecho de que se publique la notificación de la ejecución con una periodicidad casi anual tiene como consecuencia que la deuda no prescribe. La mayor parte de las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, pero en este caso la última publicación es de agosto de 2017, de forma que la deuda está viva.

Pese a las notificaciones de ejecución, el Ayuntamiento de Madrid nunca llegó a inscribir dicho embargo en el Registro de la Propiedad. 

  El delito de alzamiento

Este martes, a preguntas de los periodistas en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tuvo que pronunciarse por primera vez en público sobre las donaciones de dos inmuebles que aceptó de sus padres, operaciones desveladas por infoLibre y sospechosas de encubrir un alzamiento de bienes. Estas fueron sus palabras: "Sólo tengo que decir que escarbar en cómo arruinaron a mi familia hace ocho años para atacarme hoy políticamente me parece que es un ejercicio absurdo. Es todo lo que tengo que decir. Ustedes están hablando de una familia anónima, de hace más de una década y esto se está haciendo, yo creo, en un momento determinado y yo no tengo mucho más que aportar, salvo que esto se circunscribe a mi familia y pido respeto".

Es el mismo argumento que la dirigente del PP utilizó ante las preguntas que le planteó infoLibre el 20 de junio y el 5 de agosto, antes de publicar las informaciones sobre la donación de una vivienda en Chamberí [puedes consultarla aquí] y de un local de oficinas en la calle Antonio López [puedes leerla aquí]. "En esa etapa su padre estaba gravemente enfermo, su madre jubilada y ella no era una persona relevante en la política", respondió por ejemplo el pasado lunes, a través de un portavoz.

En realidad, es la propia Ayuso quien está escudándose en su familia para no explicar si sabía o no que las donaciones recibidas tenían como objeto evitar que los acreedores de sus padres pudieran cobrar su deuda y, por tanto, si estaba cometiendo o no un delito de alzamiento de bienes. Este periódico jamás le ha preguntado ni por el estado de salud del padre ni por la situación laboral de la madre –algo que evidentemente carece de interés público–, sino por la actuación de la propia Ayuso. Sirvan como ejemplo las preguntas planteadas este lunes: 

 

Saber si la candidata a presidir la Comunidad de Madrid tenía conocimiento del objeto de las donaciones es el elemento clave para dilucidar si ella cometió o no un delito. El artículo 257 del Código Penal castiga como alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. En otras palabras: si Ayuso conocía el propósito de la transmisión, habría sido cooperadora necesaria del presunto delito. En caso contrario, su comportamiento no tendría reproche penal.

El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011 y el 16 de abril de 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público. Uno de los acreedores de los padres de Ayuso era Avalmadrid, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia, cada uno con algo más del 30% del capital.

Leonardo Díaz Álvarez y María Isabel Ayuso Puente eran, desde marzo de 2011, avalistas solidarios de un préstamo de 400.000 euros que le había concedido Avalmadrid a la empresa MC Infortécnica SL. Esta sociedad era propiedad en un 25% de los padres de la dirigente del PP y formaba parte del grupo MC, que entró en quiebra el 23 de septiembre de 2011, tras despedir al 85% de su plantilla y quedar sólo seis personas en nómina. Dos semanas después, los padres de Ayuso donaron a su hija un piso en el barrio de Chamberí de Madrid y a su hijo una vivienda en Sotillo de la Adrada (Ávila). Y medio año después les transfirieron las participaciones de Sismédica SL, propietaria del local de oficinas.

Así que cuando llegó el momento de devolver la primera cuota del crédito de Avalmadrid, el 15 de diciembre de 2011, MC Infortécnica no devolvió ni un euro. Desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Avalmadrid llevó el tema a la reunión que mantuvo su Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y embargar los bienes de los ocho avalistas solidarios –los padres de Ayuso y los otros seis socios de la empresa– hasta cubrir la deuda que le había dejado MC Infortécnica SL.

Avalmadrid inició en 2013 el procedimiento de ejecución sobre el único bien que contaba con garantía hipotecaria: una nave industrial en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada, que había sido tasada antes de la concesión del préstamo en 213.596 euros, aunque la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro adjudicó a Avalmadrid la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en 261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. Una cantidad que sigue creciendo por los intereses de demora.

Pero, en contra de lo que había decidido su propio Comité de Morosidad, Avalmadrid no actuó contra los avalistas. No embargó ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica cuando solicitaron los 400.000 euros, y que ellos mismos valoraron entonces en 2,97 millones de euros. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Ni ejecutó otros posibles bienes que tengan los avalistas. Y así lleva siete años, incumpliendo la decisión del Comité. La absoluta pasividad de la entidad semipública tiene como consecuencia que ahora sea mucho más difícil conseguir la devolución del dinero prestado porque muchas de las propiedades de los avalistas o ya han sido embargadas por otros acreedores o salieron de su patrimonio en operaciones sospechosas de alzamiento de bienes, como las realizadas por los Díaz-Ayuso.

  Las reacciones políticas

Además de la candidata del PP a presidir Madrid, este martes también se pronunciaron sobre el tema otros tres partidos. Ignacio Aguado, que será vicepresidente tras el pacto con el PP y la extrema derecha, salió en defensa de su futura jefa en el Gobierno: se trata de un problema "que afecta a su familia", que "nada tiene que ver con la política autonómica" y las noticias son "un intento de atacar o desprestigiar" a Ayuso. Los dirigentes del PP y de Ciudadanos no desmintieron ninguno de los datos aportados por este periódico.

Muy diferente fue la reacción de Más Madrid y Unidas Podemos. El partido que lidera Iñigo Errejón anunció que llevará el tema a la Fiscalía Anticorrupción. Más Madrid interpondrá su denuncia cuando se reinicie la actividad parlamentaria, según explicó el diputado Eduardo Gutiérrez. Las informaciones desveladas por infoLibre "apuntan a un plan para armar un alzamiento de bienes" que, a juicio de Más Madrid, es "imposible de explicar sin la colaboración y cooperación activa de Isabel Díaz Ayuso, que tiene muchas conductas que aclarar, porque su implicación parece más que contrastada y comprobada como receptora y colaboradora necesaria".

Eduardo Gutiérrez puso también el foco en Avalmadrid, la entidad semipública que prestó los 400.000 euros a MC Infortécnica y que luego no actuó contra los avalistas, pese a que así lo había decidido su propio Comité de Morosidad. "Toda la actual dirección de Avalmadrid ha sido sancionada por el Banco de España por operaciones ilegales", recordó Gutiérrez. Por ello, Más Madrid exige "una renovación" de la cúpula de Avalmadrid, que en la actualidad está presidida por Rosario Rey.

"Nos deja asombrados la falta de vergüenza de Ciudadanos apoyando a esta candidata y al PP, que ya está claro que es un partido estructuralmente colonizado por tramas de corrupción continua y ubicua, como prueban las nuevas imputaciones de Cifuentes y Aguirre que pide la Fiscalía", criticó por último Gutiérrez.

Unidas Podemos, por su parte, quiere que Ayuso dé explicaciones en sede parlamentaria sobre las donaciones de sus padres de las que se benefició y solicitará formalmente que se celebre un pleno monográfico en la Asamblea de Madrid. La iniciativa necesitará el respaldo de Ciudadanos en la Mesa. Isabel Serra, la portavoz de UP, pide al partido de Aguado que no proteja a Ayuso y lamenta la actitud demostrada hasta ahora por Cs, que "ni siquiera ha pedido explicaciones" a quien será su socia de gobierno.

Serra asegura que no le "sorprenden" las revelaciones sobre las actividades de Ayuso y su familia habida cuenta del "historial que tiene el PP de utilizar las instituciones en favor de sus dirigentes" y de que Ayuso es "hija política" de Esperanza Aguirre. "Más allá de las posibles responsabilidades penales, también es muy importante que se explique por qué Avalmadrid dio ese préstamo a la empresa de los padres de Ayuso y por qué no actuó para recuperar el dinero", señala Serra, cuyo grupo ve con buenos ojos la denuncia contra Ayuso que ha anunciado Más Madrid pero también exige que la dirigente dé "explicaciones" públicas sobre el tema.