Las ayudas que puso en marcha la Comunidad de Madrid para respaldar en el pago del alquiler a aquellos afectados por la pandemia de coronavirus siguen sin llegar a los solicitantes. Fuentes de la Consejería de Vivienda confirman a infoLibre que se están encontrando con un atasco en la tramitación de las miles de solicitudes recibidas y que todavía, a día de hoy, no se ha “ejecutado” ningún “pago”. “Estamos cribando los expedientes y se están subsanando los múltiples errores en la formulación de la petición por parte de los particulares”, completan a preguntas de este diario. Desde el Sindicato de Inquilinos señalan que esto supone “un problema” porque la gente “cuenta con esa ayuda” en un momento como el actual. En total, el Ejecutivo regional, que espera tener resueltos casi dos millares de expedientes antes de que finalice el año, ha destinado a esta materia unos 38 millones de euros, una parte importante de estos fondos procedentes del Ejecutivo central.
El Consejo de Gobierno autorizó a finales de mayo un gasto de 15,9 millones de euros destinado a la concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social derivado de la pandemia de coronavirus en los alquileres de vivienda habitual. “Es un presupuesto del Gobierno de España que tenemos que gestionar desde las comunidades autónomas”, explicó por aquel entonces el vicepresidente y portavoz, Ignacio Aguado. No obstante, el Ejecutivo madrileño siempre defendió que esta cantidad era “absolutamente suficiente” y no llegaba para “cubrir todas las demandas” trasladadas por los ciudadanos. Por eso, la fueron incrementando. Al fondo se sumaron otros 17,3 millones de euros procedentes de la partida de ayudas al alquiler de 2019. Y 5 millones más que se quedó la Consejería de Vivienda de los fondos covid que el Gobierno central fue repartiendo a las distintas comunidades autónomas. “El montante final es de más de 38 millones de euros para afrontar las ayudas al alquiler”, explican desde la Consejería de Vivienda. Por aquel entonces, Aguado hablaba de la intención de disponer de unos 50 millones de euros.
Las ayudas estaban destinadas a todas aquellas personas que a partir de marzo pasasen a estar en situación de desempleo, en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), hubiesen reducido su jornada por motivo de cuidados u otras circunstancias que hubieran desembocado en una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando el conjunto de la unidad familiar, con carácter general, el límite de 3 veces el Iprem –que puede incrementarse en función de cada hijo a cargo o cada mayor de 65 años–. La cuantía establecida puede alcanzar la totalidad del pago de la renta hasta un máximo de 900 euros al mes, sin incluir otras obligaciones que pudieran estar ligadas al contrato, como gastos comunitarios, tasas o impuestos. Y por un máximo de seis meses. Es decir, que en el mejor de los casos el respaldo procedente del Ejecutivo regional puede alcanzar los 5.400 euros. El plazo para presentar las solicitudes arrancó el pasado 13 de mayo. Y se cerró el 30 de septiembre, cuando se recibieron los últimos expedientes. A lo largo de esos cuatro meses, a la Consejería de Vivienda llegaron varias decenas de miles de peticiones.
Pero, a día de hoy, los solicitantes de estas ayudas siguen esperando a que el Ejecutivo regional comience a hacer los pagos. Fuentes de la Consejería de Vivienda explican que “se han tramitado más de 20.000 solicitudes, de las cuales han tenido que ser requeridas para subsanaciones casi 19.000”. “Tenemos admitidas provisionales cerca de 2.000”, continúan. Sin embargo, ni siquiera todos estos expedientes que han recibido luz verde están, en la actualidad, a la espera de superar los últimos trámites burocráticos previos a la recepción de la ayuda. De momento, el departamento dirigido por David Pérez ha elaborado un primer listado de admitidos para el cobro. Un total de 265 personas que ya han sido requeridas para que aporten “los recibos de alquiler efectivamente pagados, que son los que dan derecho a ordenar el pago [de la ayuda]”, según explican desde Vivienda. “Pretendemos llegar a superar la fiscalización por intervención, antes del final de año, a unas 1.700. Si superan la fiscalización se ordenarían sus pagos correspondientes”, completan.
“Grandes dificultades” en la “gestión”
Desde el Ejecutivo regional explican que se están encontrando “grandes dificultades” en la “gestión” de las ayudas. Por un lado, dicen, “menor demanda de la esperada” por la “dificultad” de los ciudadanos de “acreditar la vulnerabilidad económica sobrevenida con ocasión del covid”, que a su vez “lleva a una gestión voluminosa de requerimientos y aportaciones documentales para poder acreditarlo”. Además, aseguran, “está siendo complejo” justificar los ingresos de toda la unidad familiar al tenerse en cuenta también en la comprobación “otros datos subjetivos, como nóminas, justificantes bancarios de agua, luz o gas” para “relacionarlo con el esfuerzo que supone en el pago del arrendamiento”. “Asimismo, la información económica objetiva de la que se dispone para contrastar es la declaración del IRPF de 2019, porque la de este año no se realiza hasta 2021”, dicen desde Vivienda. Una maraña burocrática que está provocando un atasco en la consejería.
El Ejecutivo regional señala que no es el único que se está encontrando con estos problemas, si bien reconoce que a pesar de ello en alguna de esas comunidades autónomas ya se han comenzado “a pagar” parte de las ayudas. En el caso de Madrid, no obstante, prevén que se produzca “un gran número de inadmitidos” por no cumplir “los requisitos”. De todos modos, en caso de que eso no fuera así y las más de 20.000 solicitudes recibidas se ajustasen a los criterios establecidos, los 38 millones de euros resultarían insuficientes. En mayo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso calculaba que con los 15,9 millones de euros se podrían atender unas 3.000 solicitudes. Por tanto, con los 38 millones de euros podrían tramitarse poco más de 7.000, lo que equivale al 35% de todas las presentadas. En caso de llegar a ese extremo, habría que priorizar. Para ello, se tendrá en cuenta el orden cronológico de presentación de la solicitud –con toda la documentación requerida y ya subsanada–. “Una vez que se agote el crédito disponible, las solicitudes recibidas con posterioridad serán resueltas desfavorablemente”, establece la Comunidad de Madrid.
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“Algo vital”
Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid señalan que la tardanza a la hora de conceder el respaldo económico para el alquiler supone un “problema” importante para los afectados en una situación como la actual. “La gente cuenta con esa ayuda”, dice Fernando Bardera, uno de sus portavoces. En conversación telefónica con este diario, el activista sostiene que los peticionarios se están encontrando con un procedimiento “opaco”. En algunos casos, cuenta, se ha “descartado a gente” a pesar de que la documentación se había entregado “sin fallos”. “En otros, se les está pidiendo que presenten documentos que ya habían presentado”, apunta Bardera, que si bien sostiene que estas ayudas son importantes en un momento como el actual lo fundamental es meter mano seriamente al mercado del alquiler para proteger a los inquilinos, entre otras cosas, de los “fondos de inversión”. Pero el portavoz del sindicato aclara que no solo están esperando para cobrar las personas que solicitaron este respaldo de la administración con motivo de la crisis sanitaria. También se mantienen a la espera otras que habían pedido las ayudas al alquiler ordinarias. Es decir, las que ya se concedían antes de la pandemia.
Sara Rodríguez, de 38 años, es una de ellas. Actualmente en paro, vive con su madre, quien cobra una pensión no contributiva. “No nos podemos mantener las dos”, explica. En su caso está a la espera de cobrar la ayuda de 2019. Cuenta que se la concedieron en enero, pero que tuvo que subsanar algunos errores. “Decían que me faltaban algunos documentos”, relata. Con todos los escollos superados, a finales de julio ya figuraba en su expediente el aprobado. Pero a día de hoy, no sabe nada de ese respaldo económico. “La excusa que nos ponen es que el retraso se debe a la pandemia”, asegura. Dice que no es la única en esta situación: “Somos muchísimos los que estamos pendientes de cobrar”. Por el momento, cuenta, se han organizado en redes sociales. “Esta ayuda es para mi madre y para mí algo vital”, sentencia. Han mandado cartas. Han llamado. Pero, de momento, solo les queda esperar. Mientras, en la Consejería de Vivienda, tratan de desatascar la situación y de agilizar los trámites. Y para ello, apuntan, se ha dedicado más capital humano a este asunto.