La llegada de la crisis del coronavirus a las residencias madrileñas supuso, a su vez, la paralización del servicio sancionador de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Según su propia documentación, a la que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tan sólo impuso 16 sanciones a centros de mayores durante todo el año 2020, pero hay más letra pequeña: ninguna de ellas castigó algo sucedido más allá del 5 de marzo. Dicho de otro modo: el Ejecutivo regional no apreció ningún hecho sancionable durante los primeros meses de pandemia. Y si lo hizo, no lo multó. Desde ese 5 de marzo hasta 2021.
"Madrid encabezó durante todo 2020 los datos de contagios, pero parece que la Comunidad no se quiso enterar de lo que estaba pasando. Todo se resume en una especie de 'aquí no ha pasado nada", lamenta la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales. "Primero abandonó a las residencias a su suerte y luego ni siquiera las supervisó", añade. Fue ella la que consiguió consultar esta información después de meses de espera. Y la que la recopiló, bolígrafo y libreta en mano, de los documentos oficiales del Ejecutivo regional.
Sus fuentes en la Consejería de Familia, en cambio, defienden su actuación. Y explican que si eso ocurrió fue porque "la declaración del estado de alarma restringió la movilidad de todas las personas a excepción de personal de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal sanitario y servicios esenciales, lo que conllevó a la anulación de todas las visitas presenciales", como también publicó infoLibre hace unos meses.
En concreto fue precisamente desde ese 5 de marzo y hasta el 15 de abril, según también un documento oficial de la Comunidad. Es decir: en plena primera ola, el llamado Control de calidad, inspección, registro y autorizaciones (CIRA) no visitó ni uno solo de los 475 geriátricos madrileños. Según aseguran ahora las mismas fuentes, "en esa situación de crisis sanitaria, con un riesgo elevado de contagio para los usuarios de las residencias, que motivó la suspensión del régimen de visitas, se decidió centrar las actuaciones de inspección en labores de asesoramiento, seguimiento y comunicación permanente con los centros para facilitar la coordinación y respuesta a las necesidades de cada momento".
Según añaden, las "actuaciones habituales de inspección" se retomaron el 13 de junio. Pero tampoco hubo sanciones desde ese día hasta 2021. ¿Por qué? La Consejería no lo explica.
Medicaciones caducadas o sobreocupación
Esto supone que, obviamente, ninguna de las sanciones impuestas en 2020 haga mención a un virus que en enero, febrero y marzo era algo todavía lejano. La última sanción impuesta en 2020 a un geriátrico de la Comunidad de Madrid fue por la situación que se encontró en la residencia Ballesol Majadahonda en la inspección realizada el 5 de marzo de 2020. En concreto por administrar insulina caducada desde hacía un mes a una usuaria, un hecho que le costó al centro 6.001 euros reducibles a 3.600,60. Sólo hubo una sanción más ese mismo mes. La destinataria, la Residencia Los Nogales del Paseo Imperial, multada con el mismo importe.
El resto de las sanciones se remontan, siempre según la información extraída por Morales de los documentos oficiales, a lo observado en el mes de enero y de febrero de ese año. En el primero hubo tres inspecciones objeto de sanción —una en el Ensanche de Vallecas, otra en Sanitas La Florida y otra en Nuevo Día—; en el segundo, diez. Y una especialmente grave cuya multa no se firmó hasta meses después.
Fue por lo que se encontraron los inspectores el 6 de febrero en el centro gestionado por Hestia en Colmenar Viejo. Superaba la capacidad permitida, una habitación había sido convertida en despacho, no tenía contratado personal cualificado para programar las actividades dedicadas a los mayores, la medicación estaba almacenada en el pasillo sin ningún tipo de seguridad, había residentes con sujeciones sin prescripción médica, el salón tenía humedades y persianas rotas y los residentes estaban solos.
Todo le costó al centro 78.005 euros, pero no sólo eso. A Hestia se le prohibió prestar servicios sociales durante una década, al director se le inhabilitó durante cinco años y se revocó la autorización administrativa de la residencia. Nada de esto sin embargo fue efectivo hasta el 14 de septiembre, pasado lo peor de la pandemia.
276 contagios o un 36% de fallecidos
En cualquier caso, ¿qué pasaba en las residencias cuando ya no había sanciones? Como confirma la Consejería y ha podido comprobar infoLibre, sí que hubo servicios de inspección oficiales de la Comunidad de Madrid que visitaron los centros de mayores una vez superada la primera ola de la pandemia, durante la que fallecieron 9.470 mayores, 7.291 de los cuales lo hicieron sin ser trasladados a los hospitales en cumplimiento de los Protocolos de la Vergüenza. En las actas que levantaron después, además, se ve que muchas "no hacían las cosas bien", critica Morales. En muchos casos no por dejadez, sino por imposibilidad. "Muchas registraban sobreocupación y otras ni siquiera una sectorización, pero a pesar de ello la Comunidad no cumplió con su obligación de vigilar", lamenta la diputada.
También lo ha podido comprobar después de meses de espera. Por ejemplo, en la inspección realizada el 15 de junio en Orpea Buenavista se dejó constancia que hasta la fecha habían fallecido 71 residentes, el 36% del total de las 196 plazas disponibles en el geriátrico, que se encontraba sin sectorizar, con cuatro trabajadores en su domicilio esperando una prueba PCR y otros tantos con un positivo confirmado.
El mismo día también se visitó la Residencia Santísima Virgen, perteneciente a la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, que fue intervenida en plena pandemia y que en la fecha de la visita no contaba con personal suficiente con la titulación necesaria ni con la atención especializada pautada. Además, en el geriátrico había una usuaria sin la oxigenoterapia pautada y sin los registros de cambios posturales cumplimentados.
En otras tantas se requirieron cosas similares. En Masam Guadarrama también se reclamó "atención pautada y especializada" y una "mejora en la cumplimentación de los registros", además de "mantenimiento y conservación de las instalaciones" o una "mejora en la lencería". Poco se pedía en relación al covid. "Cuando leí las actas me di cuenta de que las inspecciones se seguían realizando igual que en 2019. No parecía que hubiera pandemia", lamenta Morales, que extrajo de otra documentación oficial que sólo en agosto de 2020 había hasta 276 positivos en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. "¿Por qué no cruzaron los datos de sanciones con sus propias inspecciones o cifras?", se pregunta la socialista.
Bomberos y Médicos Sin Fronteras
Madrid suspendió su sistema de control de las residencias de mayores en lo peor de la pandemia
Muy distinto fue en cambio lo que otras organizaciones y organismos registraron en las actas de sus visitas. En las de los Bomberos a las que ha accedido infoLibre se evidenció por ejemplo que en varios centros de mayores había cadáveres que llevaban días a la espera de ser recogidos por los servicios funerarios. Pasaba por ejemplo en Vitalia Las Rozas (donde había dos cuerpos, uno desde hacía tres días), en Sanitas Residencial Getafe (donde se encontró otro), en Vitalia Parla o en Orpea San Fernando de Henares (donde eran cinco los cuerpos pendientes de recogida).
Observaron igualmente que la mayor parte del personal no tenía formación suficiente. Y que actuaba como podía. También sin el material de protección necesario. "Necesitan material", es la frase más empleada en casi todas las visitas a las residencias.
En las que realizó Médicos Sin Fronteras, por su parte, la idea más repetida hace alusión, precisamente, a esos Protocolos que impidieron los traslados a centros sanitarios. "Respecto a las derivaciones al hospital, los no referidos es porque no tenían criterio de derivación en el hospital", recogió la organización en la Residencia de Arganda del Rey. "Hasta la fecha no estaban aceptando derivaciones al hospital de referencia", plasmaron tras visitar Antares, el 11 de abril.
La llegada de la crisis del coronavirus a las residencias madrileñas supuso, a su vez, la paralización del servicio sancionador de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Según su propia documentación, a la que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tan sólo impuso 16 sanciones a centros de mayores durante todo el año 2020, pero hay más letra pequeña: ninguna de ellas castigó algo sucedido más allá del 5 de marzo. Dicho de otro modo: el Ejecutivo regional no apreció ningún hecho sancionable durante los primeros meses de pandemia. Y si lo hizo, no lo multó. Desde ese 5 de marzo hasta 2021.