La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiró este miércoles de populismo tributario para publicitar su gestión. Anunció, como un éxito, que "Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios", con la eliminación de dos tasas: una sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y otra sobre el depósito de residuos en vertedero. El gesto, en términos de recaudación, es irrelevante: se trata del 0,02% del total de las arcas madrileñas. También en términos políticos: ambos serán sustituidos por tasas a nivel estatal. Pero la realidad es que, en el caso del segundo de estos gravámenes, la Comunidad de Madrid no solo no va a recaudar menos, sino muchísimo más: hasta 40 veces más por tonelada, en el caso de los residuos urbanos que se abandonan en el basurero.
La maniobra, reconoce la oposición, es inteligente en términos de propaganda: se vende como la más férrea defensora del liberalismo económico mientras, en realidad, cuenta con más (y no menos) dinero público gracias a la iniciativa del Ejecutivo central y su anteproyecto de ley de residuos, en fase de enmiendas en el Congreso. La buena noticia para el medioambiente es que no se producirá un impacto: el anteproyecto del Gobierno está ya en trámite parlamentario, mientras que la iniciativa de Ayuso es, por el momento, solo palabras. Aun así, el diputado autonómico por Más Madrid Alejandro Sánchez lamenta el mensaje que se emite, contrario a cualquier política sensata de gestión de residuos y economía circular. "Todos los organismos medioambientales e internacionales, también la Unión Europea, piden que haya un impuesto al depósito. Vamos en el sentido contrario".
El impuesto aún vigente sobre el depósito de residuos en la Comunidad de Madrid, habilitado también en nueve comunidades más –Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia–, grava con 8 euros la tonelada de residuos peligrosos que se vierten, 5 los no peligrosos y 1 euro por metro cúbico los procedentes de construcción y demolición. Quedan exentos la mayoría: concretamente, los residuos urbanos, procedentes de la actividad de las ciudades. Para los Ayuntamientos, así, existe un incentivo menos para reciclar: si separan correctamente y fomentan la correcta gestión de la basura, pagan en impuestos lo mismo que si no lo hacen. En Cataluña, son 47,10 euros por tonelada de residuos urbanos.
La nueva norma estatal lo armonizará, estableciendo el mismo canon para todas las regiones: los residuos municipales pagarán 40 euros por tonelada (frente a los 0 madrileños). Otro tipo de basura paga menos: por ejemplo, 8 euros en caso de los considerados "peligrosos" o 30 euros en caso de "rechazos de residuos municipales". Así, la Comunidad de Madrid contará con una fuente de ingresos mucho mayor a la anterior mientras la presidenta presume de eliminarlos, aunque son simplemente sustituidos por la norma estatal. Esta última, en todo caso, es aún susceptible de cambiar antes de su publicación definitiva en el BOE, aunque no se esperan modificaciones en este ámbito.
Trump/Ayuso = Trampantojo (Hacer ver lo que no es)
El anteproyecto de ley de residuos deja claro que la recaudación beneficiará a las autonomías, aunque la iniciativa haya partido del Estado. "El uso de este instrumento económico es un mecanismo clave para avanzar en economía circular y en la consecución de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado en materia de residuos; supone un desincentivo para las opciones menos favorables conforme al principio de jerarquía de residuos, favoreciendo el desvío de los residuos hacia opciones más favorables desde el punto de vista ambiental, que puedan contribuir a reintroducir los materiales contenidos en los residuos en la economía, como, por ejemplo, el reciclado", asegura la norma.
En la exposición de motivos, además, la ley celebra que las autonomías tendrán más dinero a su disposición para gestionar correctamente sus residuos: "La cesión de la recaudación de este impuesto puede permitir a las Comunidades Autónomas, en ejercicio de su autonomía financiera, incrementar la financiación destinada a medidas de mejora de la gestión de residuos que refuercen las opciones prioritarias frente a las menos sostenibles". Evidentemente, ninguna de estas circunstancias fue mencionada por la presidenta de la Comunidad de Madrid en su anuncio.
La armonización del impuesto al depósito en vertederos (y su aplicación en las comunidades autónomas que no lo tenían) fue uno de los puntos más celebrados del texto provisional por ecologistas y especialistas en gestión de residuos. La medida, asegura el responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, no estaba presente en el primer borrador y la organización lo consiguió meter, hablando tanto con Transición Ecológica como con otros ministerios, como el de Consumo. Tiene gran potencial para espolear a los ayuntamientos, considera, y que inviertan más en la separación de los residuos. La tasa de reciclaje de los residuos municipales está en el 35%, según los últimos datos, lejos del 50% que la UE exigía para 2020.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiró este miércoles de populismo tributario para publicitar su gestión. Anunció, como un éxito, que "Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios", con la eliminación de dos tasas: una sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y otra sobre el depósito de residuos en vertedero. El gesto, en términos de recaudación, es irrelevante: se trata del 0,02% del total de las arcas madrileñas. También en términos políticos: ambos serán sustituidos por tasas a nivel estatal. Pero la realidad es que, en el caso del segundo de estos gravámenes, la Comunidad de Madrid no solo no va a recaudar menos, sino muchísimo más: hasta 40 veces más por tonelada, en el caso de los residuos urbanos que se abandonan en el basurero.