Quince años de gobiernos consecutivos del Partido Popular han dejado tras de sí una ristra de sonados cierres de grandes empresas, crisis sin resolver en compañías emblemáticas, llamativos fracasos en el intento de mantener vivas las entidades financieras propias y rimbombantes promesas que resultaron ser falsas. Todo ello sin mejorar de manera sustancial la producción industria de Galicia.
Si se toma como base el año 2008 para calcular la evolución del índice de producción industrial de Galicia, justo el último año antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta, el resultado en 2022 sería de 80,2. Casi 20 puntos menos. “Este último dato sugiere una caída de la producción industrial gallega, ya que la actividad de 2022 está muy lejos de alcanzar la dimensión existente antes del inicio de la crisis en 2008”, asegura Juan José Ares Fernández, profesor de Fundamentos de Análisis Económico, en A Economía Galega, Informe 2022, el último publicado por la Universidad de Santiago.
“Este freno está motivado, entre otras causas, por las ventajas competitivas de otros territorios que incitan a externalizar procesos productivos”, razona el citado documento. “A medida que transcurren los años, el sector industrial depende cada vez más de la producción y el mercado que se desarrolla en economías alejadas”.
Los últimos quince años de gobiernos del PP, los trece primeros bajo la batuta de Feijóo y los dos últimos responsabilidad de su sucesor, Alfonso Rueda, están sembrados de grandes fracasos. Lo ocurrido con las cajas gallegas es uno de ellos. El 29 de noviembre de 2010 Feijóo apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas y los celebró como un “hecho histórico”, una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.
No había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros de los que el supervisor dio por perdidos 9.178: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros. Y le dio la oportunidad de pagar esa suma en cómodos plazos.
Condenas
Apenas unos meses antes –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcel cada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre del mismo año.
Galicia se quedó sin cajas de ahorros. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad ya no tiene bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de este, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.
En el camino, no solamente se perdieron 9.178 millones de euros de dinero público, sino que se llevaron a cabo cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones —la mitad de la plantilla—, y en el cierre de 300 sucursales. Todo para que la entidad, apenas un año después de ser vendida, empezase a dar beneficios millonarios.
Pescanova es otro buen ejemplo. Con el fin de esquivar los efectos de la crisis de 2008, el presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro asumió su destacado rol político para clamar por el desalojo de la Xunta de PSdeG y BNG detrás del cual se ocultaban los primeros compases de una trama para esconder la millonaria deuda del grupo y engañar a miles de inversores, organismos reguladores y acreedores.
La compañía quedó en manos de la banca hasta que en 2015 se creó el Grupo Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España en ese momento, con 1.000 millones de euros de facturación, la mayor flota pesquera congeladora del mundo y 11.000 empleados.
Venta fallida
Abanca, convertida en su principal accionista, anunció en 2023 el traspaso de la mayoría del capital al grupo canadiense Cooke con el argumento de que no podía mantener tal participación —superaba el 97%— en una compañía que aportaba un importante riesgo en su balance. Su plan era quedarse con el 20% después de que Cooke pagase 100 millones y asumiese alrededor de otros 700 de deuda.
La operación, sin embargo, fracasó el pasado otoño. Abanca renunció a la venta al no llegar a un acuerdo con la canadiense Cooke. “Hemos decidido aparcar el proceso de búsqueda de un socio industrial”, anunció en octubre el presidente del banco, Juan Carlos Escotet. El futuro de la compañía, que no hace tanto tiempo era uno de los emblemas de Galicia, sigue sin estar asegurado.
La central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) agotó sus últimas existencias de carbón y se apagó definitivamente el pasado octubre después de 47 años operando. Se desconectó la caldera para posteriormente desacoplar la instalación de la red eléctrica, poniendo fin a una era desde el punto de vista industrial y económico de la que también formaba parte la central de Meirama (Cerdeda), cerrada por Naturgy en 2020.
La cada vez menor rentabilidad económica de la quema de carbón, el abaratamiento del precio del gas, la mayor producción de energías renovables, la menor demanda y el elevado precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono explican el declive de las centrales térmicas de carbón, impulsado también por las exigencias europeas de descarbonización y de lucha contra el cambio climático. As Pontes y Meirama han cerrado, pero las comarcas afectadas siguen sin alternativa laboral e industrial que compensen el desmantelamiento de ambas centrales.
Hace doce años, en septiembre de 2012, Feijóo protagonizó el que quizá haya sido el mayor fiasco de su carrera. En víspera de las elecciones, la Xunta anunció de urgencia la firma de dos contratos con la petrolera mexicana Pemex: uno con el astillero público Navantia de Ferrol y otro con el privado Barreras, en Vigo. Las promesas anunciadas aquel día incluían miles de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de La Coruña.
Quiebra
Las más de veinte embarcaciones de la cuenta quedaron en la polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la compra por parte de la petrolera mexicana de Barreras, un histórico astillero que acabó quebrado. Barreras ya no existe. Tras 130 años, quedó liquidado en 2012. Diez años antes comenzó el idilio con Pemex, que adquirió el 51% de la empresa viguesa por algo más de 5 millones de euros y con el apoyo de la Xunta.
Un rastro de promesas incumplidas alrededor de Pemex, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sombras y muchas dudas por resolver siguieron a lo largo del tiempo.
Alcoa repite su táctica en Galicia: amenaza con cerrar y pide ayudas públicas poco antes de unas elecciones
Alcoa es el caso más reciente. El complejo, construido en los años 70 en Cervo, sobre 500 hectáreas de la costa de Lugo, con la intención de alimentarlo después con una central nuclear proyectada en Xove y que nunca llegó construirse, creó miles de puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en una zona dominada por la actividad agraria y pesquera.
Fue el Gobierno de José María Aznar el que la privatizó en el año 1998 vendiéndosela a la multinacional americana que hoy le da nombre. Los elevados precios de la electricidad son claves para una industria que depende y mucho de ella, hasta el punto de que sus propietarios llevan cinco años moviéndose entre planes de venta y excusas para un cierre que amenaza el futuro de A Mariña.
Lo último, en estos momentos es el reinicio de las cubas de la empresa en el marco de un plan de viabilidad firmado entre Alcoa y el comité de empresa, un pacto que la empresa advirtió que no cumpliría, después de volver a amenazar con un cierre poco antes de unas elecciones, anunciar el retraso en el reinicio que ahora lleva a cabo y reclamar ayuda a las administraciones, un proceder habitual en las últimas convocatorias electorales en Galicia e incluso a nivel estatal.
Quince años de gobiernos consecutivos del Partido Popular han dejado tras de sí una ristra de sonados cierres de grandes empresas, crisis sin resolver en compañías emblemáticas, llamativos fracasos en el intento de mantener vivas las entidades financieras propias y rimbombantes promesas que resultaron ser falsas. Todo ello sin mejorar de manera sustancial la producción industria de Galicia.