La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) mostró este viernes su satisfacción por la decisión tomada el pasado jueves por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos a los que imputa un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada, poniendo a siete de ellos en situación de busca y captura.
El presidente de Fibgar, Baltasar Garzón, quien inició el procedimiento admitiendo a trámite la querella en el año 2006, considera, según apuntó la fundación en un comunicado hecho público este viernes, que este auto da sentido “y confirma los indicios de que existían presuntos delitos de genocidio sobre españoles”. A partir de ahora se emitirán las pertinentes órdenes de detención a través de Interpol y cualquier país del mundo estará obligado a proceder a estas detenciones si alguna de estas personas pasara por su territorio. Para Garzón, “el simple hecho de que un organismo judicial diga que se ha sido víctima de un genocidio ya es en sí mismo una reparación”.
Ruz propone juzgar a once altos cargos de Marruecos por crímenes en el Sáhara Occidental
La nota de prensa culmina con una reivindicación de la fundación: "Fibgar reivindica una vez más la importancia de la Jurisdicción Universal en la lucha contra la impunidad y rechaza la reforma promovida por el actual Gobierno, que abandona a su suerte a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos por el hecho de no ser españoles".
Según el auto del juez Ruz, desde noviembre de 1975, momento en que Marruecos ocupó el territorio del Sáhara Occidental, y hasta 1991, momento en que se pactó el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, se produjo "un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes" debido precisamente a su origen saharaui y "con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental". Durante esos ataques tuvieron lugar "bombardeos contra campamentos de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas", "encarcelamientos prolongados sin juicio" y "torturas por parte de los funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sáhara Occidental como en Marruecos". Todos ellos "habrían sido impulsados por los altos mandos" de los cuerpos militares del Ejército y la Gendarmería marroquí, "ejecutándose con la finalidad de ocupar el territorio del Sáhara Occidental y tomar posesión del mismo".
El magistrado cursó este viernes una comisión rogatoria a Marruecos para que comunique su procesamiento a los once altos cargos. Ruz, que cursó esta comisión al Ministerio de Justicia para que sea tramitada al reino alauí, quiere que el país vecino remita los datos de filiación de todos los acusados y notifique a los últimos cuatro querellados el escrito presentado por la Fiscalía el pasado diciembre con el objeto de informarles de que pueden personarse en la causa.
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) mostró este viernes su satisfacción por la decisión tomada el pasado jueves por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos a los que imputa un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada, poniendo a siete de ellos en situación de busca y captura.