Mientras la mañana de este martes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se negaba a cerrar la investigación del genocidio de Guatemala, siete presuntos narcotraficantes quedaban en libertad gracias al “pasillo de impunidad” creado por la nueva legislación. Reunidos por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el magistrado y presidente de la organización, junto a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, y expertos en derecho penal y reparación de víctimas condenaron la reforma del ministro de Justicia y llamaron a la lucha contra la impunidad.
Desde que en marzo de 2014 entrara en vigor la nueva normativa que regula la justicia universal, el debate sobre la impunidad, los derechos de las víctimas y la justicia en su máxima expresión no ha conocido tregua. ¿Es necesaria la justicia universal? ¿Dónde deberían estar sus límites? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de su extinción? ¿Qué papel jugará la oposición ante la limitación de la jurisdicción universal? ¿Qué opinan magistrados y expertos de la polémica reforma? Cuestiones que ocupan la primera plana mediática, política y social; y sobre las que el Congreso Jurisdicción Universal en el siglo XXI, organizado por FIBGAR, pretende arrojar algo de luz.
¿Por qué se asfixia a la justicia universal?
La causa de la limitación de la justicia universal tiene, para Garzón, “un nombre: se llama Tíbet, se llama China”. El magistrado apuntó que “existe una animadversión enfermiza por parte de algunos responsables hacia la justicia universal, pero no explican por qué”. Esto es “lo que la ciudadanía de este país y del mundo se está preguntando”, recalcó. Para el fundador de FIBGAR, el trasfondo de la reforma del Ejecutivo es que “las cuestiones económicas son sagradas, por lo que no se protege ni la memoria histórica ni la justicia universal”.
La reforma de la normativa llevada a cabo por el Ejecutivo “no es una modificación de la justicia universal, sino la eliminación de la jurisdicción universal en nuestro país", aseguró Soraya Rodríguez, que denunció que "estrangula esta oportunidad”. La portavoz del PSOE en el Congreso recordó las declaraciones con las que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, justificó su polémica reforma: “la jurisdicción universal es perfectamente inútil y sólo ha servido para crear falsas esperanzas sin ningún resultado… Se trata de convertirnos en gendarmes del mundo para ponernos una chapa”.
La portavoz del partido de la oposición recordó, además, que “la modificación de la jurisdicción se presento el 7 de febrero y el 14 de marzo ya estaba publicada en el BOE”. Por lo tanto, “no hubo oportunidad de que se produjera un debate, ni enmiendas, ni modificaciones, a pesar de que todos los grupos de la Cámara nos opusimos”, añadió Rodríguez.
“El gobierno cree que la justicia universal es inútil –apuntó la socialista–; sin embargo no es más que la repuesta a las exigencias de los Estados que querían que se cerraran ciertas investigaciones”. Tras la publicación de la nueva normativa en el Boletín Oficial del Estado, se obliga a los magistrados a cerrar de forma automática todos los casos abiertos bajo el amparo de la justicia universal, exactamente 12 causas. Para Rodríguez, es inaudito que “una decisión del ejecutivo obligue a cerrar un proceso judicial”.
Reparación de víctima y prevención
Existe, entre profesionales y expertos en materia de legislación y derechos humanos, “unanimidad de que esta nueva ley atenta gravemente contra los derechos de las víctimas”, afirmó durante su intervención Baltasar Garzón. A su juicio, este es el motivo por el que “la interpretación que se está llevando a cabo desde la justicia es contraria a la nueva normativa del 14 de marzo de 2014”.
Frente a la “inutilidad” de la justicia universal proclamada por Gallardón, el magistrado español aseguró que “el ministro de Justicia desconoce lo que es la jurisdicción universal y el efecto reparador que tiene sobre las víctimas cuando se inicia un proceso como el Guatemala, Sáhara o Chile”. Para Garzón, “el hecho de que se abre un proceso, el hecho en sí de esa apertura, ya determina el proceso de justicia y reparación a esas víctimas”. Además, el fundador de FIBGAR recalcó que “el porcentaje de impunidad en España es bastante alto, por lo que basándose en ese principio la ley no sería muy útil”.
La justicia universal es una herramienta para reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero también un medio para prevenir futuros crímenes y fortalecer la justicia más allá de nuestras fronteras. “Cuando un Estado actúa en contra de estos crímenes lo hace como garante de la comunidad internacional –explicó Ana Pérez Cepeda, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca–, lo hace para proteger intereses comunes”.
En este sentido, la experta recalcó que “debemos evitar la impunidad de los crímenes internacionales”. Se trata generalmente de crímenes en los que “ha participado un Estado o han sucedido bajo su amparo”, explicó Pérez Cepeda. Por lo tanto, “el principio de justicia universal no constituye una mera extensión de la justicia nacional, el carácter internacional de los derechos protegidos es lo que otorga legitimidad interestatal”. En definitiva, se trata de un “instrumento contra la impunidad, en favor de la tutela y reparación de las víctimas, y en prevención de delitos en el futuro”, concluyó la experta.
“La mejor forma de prevenir un delito es la persuasión de que ningún crímen en la faz de la tierra quede impune”, son las palabras de Cesare Beccaria, uno de los máximos inspiradores del derecho penal del siglo XVIII. La catedrática Pérez Cepeda recurrió al jurista italiano para recalcar la necesidad de “intensificar la lucha contra la impunidad”. La ponente apuntó que “debe procurarse que los delitos sean juzgados en los países donde son cometido, pero si no es posible debe existir la justicia universal”. Pues, “la inseguridad de las sociedades sólo termina cuando se pone fin a las islas de impunidad”, añadió.
Una ley que viola la Constitución y los tratados internacionales
“El Gobierno era consciente de que la justificación de esta reforma no era compartida por nadie, ni por los órganos institucionales, por eso no fue un proyecto de ley, sino una proposición de ley que no necesitaba de un informe preceptivo”, apuntó Soraya Rodríguez. La portavoz socialista aseguró que la nueva legislación “vulnera nuestra propia Constitución”.
Por este motivo, el PSOE “va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional amparándose en el principio de tutela judicial efectiva, y en los artículos 24, 9, 125, 117 de la Constitución”, anunció Rodríguez. La portavoz de la oposición, denunció, además, “las carencias democráticas en el proceso de gestación de la reforma legislativa”.
Pero la polémica normativa no sólo contradice la Constitución, también viola tratados internacionales firmados por España. El ministro de Justicia “trató de oponer los principios de soberanía contra los de justicia universal –remarcó Garzón-, sin embargo, los convenios que hemos ratificado son parte de nuestra soberanía nacional: es nuestro derecho”. El magistrado explicó que la jurisdicción universal “es un principio integrador, hablamos de crímenes transnacionales, de victimas de carácter universal, no estamos hablando de algo ajeno a los países, esa es la conquista de la comunidad internacional”.
Con la reforma impulsada por el Ejecutivo, “no se ha respetado ni un solo tratado, ni sobre la desaparición forzada de personas, ni sobre el genocidio, ni la tortura… no se han respetado ni los propios convenidos que obligan a España”, denunció Garzón. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Hasta dónde hemos retrocedido?, son algunas de las cuestiones que se platearon durante el debate. Los expertos coinciden: se trata de “eliminar la justicia universal y realizar una serie de categoría de victimas que es despreciable”.
La polémica normativa es “una ley de punto y final que limita al máximo el ejercicio de la justicia universal basado en acuerdos y convenciones, que facultan a los países para ejercer el principio de justicia universal”, remarcó la ponente Pérez Cepeda. Para la experta en derecho penal, España “no ha asumido este compromiso, sino que ha mirado para otro lado”. En definitiva, se trata de una “ley anticonstitucional que impide la tutela legislativa y la protección de sus ciudadanos”, explicó la catedrática que, además, clamó por “un principio de justicia universal absoluto, sin límites, que investigue crímenes internacionales en sentido estricto, crímenes internacionales: esclavitud, crímenes de guerra o genocidios”.
Entre la complejidad y la internacionalización de la justicia
“La experiencia argentina demuestra la eficacia de la justicia universal”, aseguró el ponente Luciano Hazan, miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Hazan recalcó que la complejidad de las causas acogidas bajo la justicia universal “está en el paso del tiempo, en la masividad de los crímenes, en la desaparición de los cuerpos de las víctimas y la clandestinidad”.
Garzón: “Ni el PP esperaba estos efectos de la reforma de la justicia universal”
A pesar de los problemas que conlleva investigar crímenes de lesa humanidad, los Estados “están obligados a juzgar estos hechos”, apuntó el miembro de Naciones Unidas. Existe, a su parecer, “la necesidad de democratizar la jurisdicción universal. Uno de los problemas del derecho penal internacional, de la persecución de crímenes que afectan de todas las personas sin distinción de fronteras, es la fuerte discriminación de las víctimas”.
“España pudo ejercer la justicia universal cuando estuvo Garzón –recordó Hazan–, ahora parece que dejó de poder”. Mientras España limita al máximo su justicia universal, otros países como Francia, Alemania o Bélgica amplían su legitimidad para condenar crímenes contra la humanidad más allá de sus fronteras, explicaron los expertos. “De esta manera –recalcó el miembro del Comité de Desapariciones Forzadas–, será más difícil que una potencia pueda presionar a un Estado para que deje de investigar. Es uno de os grandes desafíos que debería afrontar un movimiento de justicia universal: la creación de fiscales internacionales”.
En este mismo sentido, Garzón remarcó que la justicia universal no es una cuestión solo española. “Hay países como Francia que está recorriendo el camino inverso al nuestro, la tendencia es hacia la ampliación, constituyendo la creación de una fiscalía especializada”. Pues, la justicia universal, “aún fracasando, es útil para la lucha contra la impunidad”, así se puso cierre a la primera jornada del Congreso de Jurisdicción Universal en el siglo XXI que tendrá lugar en Madrid a lo largo de esta semana.
Mientras la mañana de este martes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se negaba a cerrar la investigación del genocidio de Guatemala, siete presuntos narcotraficantes quedaban en libertad gracias al “pasillo de impunidad” creado por la nueva legislación. Reunidos por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el magistrado y presidente de la organización, junto a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, y expertos en derecho penal y reparación de víctimas condenaron la reforma del ministro de Justicia y llamaron a la lucha contra la impunidad.