El Banco de España y la CNMV se unen a la lista de instituciones por renovar tras el bloqueo del PP al CGPJ

El mandato del actual gobernador del Banco de España, Pablo Fernández de Cos, terminó este lunes tras seis años al frente de la institución, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo nombró, pocos días antes de la moción de censura de Pedro Sánchez. Se trata de un mandato que —a diferencia de lo que ocurre en otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado hace más de cinco años y medio— no se puede ampliar. Un cargo que ha asumido este martes la actual subgobernadora, Margarita Delgado, nombrada por la exministra Nadia Calviño en 2018, ya que puede reemplazar a Fernández de Cos de manera interina, aunque lo hará por pocos meses, ya que su mandato concluye en septiembre.

Es la primera vez que la persona que ocupa el segundo puesto en el Banco de España pasa a desempeñar las funciones del gobernador. Sin embargo, no cuenta con los mismos poderes ya que no tiene derecho a voto en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, aunque sí puede asistir. A juicio del director de Economía y Estadística de la institución española, Ángel Gavilán, se trata de una consecuencia "adversa".

La norma no escrita establece que, para la elección de la nueva cúpula, debe haber un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sin embargo, con las relaciones institucionales prácticamente rotas desde hace años y la renovación del CGPJ bloqueada por los de Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno de Pedro Sánchez se da tiempo para nombrar a la persona que sustituya a Fernández de Cos —aunque ya tiene a una lista de candidatos— y asume que Delgado puede estar en el cargo todo el verano. Es más, fuentes gubernamentales vinculaban la renovación del Banco de España y el resto de órganos con la del CGPJ.

Por su parte, el Partido Popular deja en el aire la renovación de estos cargos. Fuentes de la formación aseguran a infoLibre que no negociarán "en pack" como pretende el Ejecutivo y piden a los socialistas que den el primer paso. "Si quieren hablar y saber cuál es nuestra posición, que llamen", resumen. Con todo, evitan confirmar si estarían dispuestos a pactar con el Ejecutivo de Sánchez, ya que desbarataría su estrategia de 'guerra total' que tan buenos resultados dicen que ha cosechado. "No vamos a entrar en ningún escenario hasta que el PSOE proponga una negociación y no lance globos sonda sobre cómo le gustaría negociar", zanjan.

Aunque desde Moncloa insisten en que "no hay prisa" por renovar, en el ministerio de Economía quieren hacerlo cuanto antes —antes de verano, incluso—y de la mano del PP. Fuentes del departamento de Carlos Cuerpo explicaban la pasada semana que manejan una lista con "nombres muy válidos e incontestables" que debería recibir el apoyo del PP. De hecho, remarcaban que el acuerdo con los de Feijóo podría servir de para contribuir a la "normalidad institucional" que normalmente rige en los nombramientos de instituciones económicas.

Las otras renovaciones económicas pendientes: la CNMC, la CNMV y la nueva CNE

En los próximos meses el Ejecutivo de coalición deberá renovar otras instituciones económicas. En diciembre de este año también acaba el mandato del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura y el de su vicepresidenta, Montserrat Martínez. Aunque los nombramientos le competen al ministerio de Economía, el ministro Cuerpo también quiere negociar esos puestos con el PP.

Además, hay cinco vacantes desde el verano pasado en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que abandonaron el cargo tras cumplirse los seis años —aunque los consejeros sí pueden continuar en funciones aunque acabe su mandato—. El Gobierno, sin embargo, no las ocupó a la espera de que terminara el ciclo electoral con las catalanas y las europeas, celebradas el pasado domingo. El en caso de su presidenta, Cani Fernández, su mandato no expira hasta 2026 ya que entró a la dirección del regulador en junio de 2020. Si el pacto con el PP no fructifica, el Ejecutivo podría pactar los nombramientos con sus socios parlamentarios, con el objetivo de que el Congreso no vete los nombramientos.

A ello se le suman los siete puestos de la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE), un órgano que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió extinguir en 2013 y unificarlo en la CNMC. Sin embargo, ahora PSOE y Sumar lo han recuperado por la importancia que ha tomado este sector tras la crisis de precios de la luz y el gas. A las funciones que ya tiene se añadirán otras nuevas relacionadas con la transición verde y se prevé que esté dotado con más presupuesto y personal para mejorar la inspección a las grandes compañías. El Gobierno quería que comenzara a estar en funcionamiento a principios del próximo año.

El PP sigue bloqueando el CGPJ y la designación de los nuevos consejeros de RTVE

El optimismo del ministerio de Economía respecto a los pactos con el PP contrasta con la que ha sido, hasta ahora, su postura en la renovación de otros cargos como el Consejo General del Poder Judicial. La composición del órgano de gobierno de los jueces sigue siendo, en la actualidad, la misma que hace más de una década. Aunque ha habido amagos de pactar en varias ocasiones, el PP lo ha acabado bloqueando con múltiples escusas por bandera. Ahora que no hay citas electorales la vista, el plan del PP sigue siendo el mismo, tal y como confirmó este lunes su portavoz, Borja Sémper. En los últimos meses la dirección de Feijóo se ha distanciado del plan del comisario de Justicia, Didier Reynders, cuya participación en calidad de mediador había sido la condición que el PP impuso para autorizar la reanudación de las conversaciones.

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Los conservadores exigen reformar la ley que regula la elección de los vocales del Consejo para que se adapte a sus preferencias, y, además, la norma que regula la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. "Nuestra posición sigue siendo la misma", admitió Sémper en rueda de prensa y solo se abrió a llegar a un acuerdo "si a la vez también hay garantías para reforzar la independencia de los jueces a través de su libre elección por parte de los mismos". En el PP llevan tiempo advirtiendo de que el pacto solo podría llegar tras las europeas y no antes del mes de julio. Sin embargo, actualmente se oponen al plan de Reynders de renovar conforme a la ley antes de cualquier cambio, que es lo que el Gobierno reclama.

No son los únicos nombramientos que bloquea el PP. El pasado mes de marzo debía haberse producido la renovación de la mitad de los diez consejeros de Radio Televisión Española (RTVE), como marca la ley. Concretamente, establece que los diez integrantes del Consejo de Administración deben ser nombrados por el Congreso y el Senado con un mínimo de dos tercios. Esto implica que para salir adelante debe haber un acuerdo los socialistas y los populares, que suman 258 asientos en la Carrera de San Jerónimo. La norma, además, fija que el órgano debe renovarse parcialmente por mitades cada tres años por cuotas iguales en razón de origen de la propuesta. Los actuales componentes tomaron posesión el 26 de marzo de 2021, por lo que hay cinco de ellos que han excedido el mandato: tres nombrados por el PP (Consuelo Aparicio, Jenaro Castro y Carmen Sastre), uno propuesto por el PSOE (Ramón Colom) y otro por el PNV (Juan José Baños)

Además, hay otro puesto vacante desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero en septiembre de 2022 como presidente de RTVE, una silla a la que llegó gracias al acuerdo que alcanzaron en 2021 el PSOE y el Partido Popular tras arduas negociaciones por parte de Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Los populares, sin embargo, se niegan a pactar nada porque consideran que RTVE está dentro de las instituciones “colonizadas” por Pedro Sánchez como el INE, la Fiscalía, la Agencia EFE y el CIS. La actual presidenta interina, Concepción Cascajosa, obtuvo el cargo gracias a los votos de los vocales del PSOE, Unidas Podemos y PNV, mientras que los tres del PP la rechazaron y la expresidenta Elena Sánchez se abstuvo. Su mandato es, en un principio, por un periodo de seis meses.