Rita Barberá pedirá la baja en el Partido Popular, pero se aferra al Senado, donde ocupa un escaño por designación de las Cortes Valencianas. Fuentes conocedoras de las negociaciones entre la dirección nacional del PP y la exalcaldesa de Valencia para intentar desbloquear la crisis desatada tras la última decisión del Tribunal Supremo aseguran que la exregidora se agarra a que no está imputada formalmente y a los estatutos del partido que fijan la dimisión de los cargos públicos en el momento de la apertura del juicio oral. Además, a que el acta le pertenece. Este paso supone la integración de Barberá en el Grupo Mixto de la cámara Alta.
A las 17.40 horas de este miércoles, la oficina de información del PP difundió un comunicado [aquí, en PDF] de la senadora en el que remarca su voluntad de analizar los hechos con detenimiento, reclama que se inicien pronto las diligencias, manifiesta que no dimitirá y avanza que entregará su carné de militante.
"He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales", escribe. Un párrafo que suena a advertencia a Alfonso Alonso y Alberto Núñez Feijóo, que están de campaña electoral y al propio Mariano Rajoy que sigue asegurando que su intención es formar Gobierno.
La Sala II del Supremo abrió este martes causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se produce a raíz de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, y que recogía indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa, un informe que apoyó la Fiscalía.
"Esta muy dolorosa decisión me permite, por otra parte, actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna para ejercer mi defensa de acuerdo con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 24.2 de la Constitución Española en los tribunales correspondientes contra las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia", añade el comunicado.
La solución adoptada no acaba de convencer a la cúpula del PP. La opinión más extendida en Génova es que lo mejor para el partido hubiese sido que la exalcaldesa dejase el escaño.
Las últimas horas no fueron nada fáciles para la dirección nacional de los conservadores. A Rita, veterana dirigiente y uno de los apoyos de Rajoy en sus momentos más bajos de liderazgo, le costó dar su brazo a torcer. Tanto que el PP tuvo que amenazarla con un expediente del Comité de Derechos y Garantías con el que se le suspendiese de militancia. Las negociaciones, sin la intervención directa de Rajoy, fueron llevadas a cabo por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo.
"Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos", concluye el documento.
Un caso que ha dividido al PP
Cuando estalló el caso, el PP se mostró dividido. De un lado, los vicesecretarios consideraban que la exalcaldesa tenía que dejar su escaño de senadora; de otro, los dirigentes más veteranos señalaban que había que esperar a que hubiese nuevos avances judiciales para no tomar una decisión que fuera injusta.
Este lunes, un día antes de la decisión del Supremo, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, consideró que la exalcaldesa sólo deberá asumir responsabilidades políticas si es procesada y, por tanto, se le abre juicio oral.
"Hay que medir bien las responsabilidades derivadas de los procesos judiciales. En la condición de investigado no hay una presunción de responsabilidad. Entre condición de investigado y de inculpado hay una diferencia sustancial", dijo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.
Esta posición no fue compartida por dirigentes como Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y los candidatos del PP para las autonómicas en Euskadi, Alfonso Alonso, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En sus declaraciones públicas presionaron para que Barberá tomara una decisión por el bien del partido.
Desde la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana también se consideraba que lo mejor para la formación en estos momentos era que dejara el escaño.
Ciudadanos amenaza con romper el pacto
Pero a las presiones internas del PP se sumaron las del partido de Albert Rivera. El pacto para la investidura de Rajoy firmado entre PP y Ciudadanos obliga a ambos partidos a apartar a los cargos públicos investigados (imputados). Nada más conocerse la decisión del Supremo, Ciudadanos exigió a Rajoy que Barberá deje su escaño. Según Albert Rivera, si no lo hacía incumpliría el pacto.
El acuerdo habla literalmente de la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial".
El PP ha señalado que cumplirá lo que ha firmado, pero matizó que ese acuerdo se pondrá en marcha una vez que haya gobierno, objetivo del pacto.
Plantón al Senado
Barberá tenía previsto acudir el martes al Senado, donde se constituirán las comisiones Constitucional y Economía, en las que iba a repetir como vocal. Se trata de un cargo sin remuneración más allá de las dietas. Tras hablar con Génova una vez que el Supremo se había pronunciado, la exregidora volvió para Valencia. En su entorno señalaron que quería estudiar el texto del Supremo con sus abogados.
El auto del Supremo [consúltalo aquí, en PDF] recoge que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos en la exposición razonada pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. "Resulta, pues, imprescindible –añade el auto–continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".
Las actuaciones del PP
Tras estallar el caso en abril, el pasado 15 de marzo, el PP abrió un expediente informativo a los afectados e investigados por el caso Imelsa. Rita Barberá figuraba entre los cargos a los que les afectaba ese expediente.
Trece días después, el Comité de Derechos y Garantís del PP suspendía cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia que estaban siendo investigados. Estos pasaron al grupo de independientes.
El PP designó instructor de este expediente al diputado Francisco Molinero, que ha viajado varias veces a Valencia para interrogar a los afectados. En su declaración del 3 de mayo Barberá negó haber blanqueado dinero.
A continuación, se reproduce el comunicado íntegro:
Ante la notificación en el día de ayer sobre la decisión del Tribunal Supremo de declararse competente para el inicio de la investigación por un presunto blanqueo de capitales atribuido a mi persona, manifiesto:1º) Mi voluntad de analizar los hechos tras el conocimiento del contenido exacto y concreto del auto en cuestión, circunstancia que no se produjo hasta primera hora de la tarde de ayer.2º) Que se trata de una resolución por mi esperada, ya que existe un procedimiento judicial previo en el que se investiga a otras 49 personas por el hecho objetivo de haber realizado una aportación de 1000 euros destinados a la campaña electoral, por lo que resultaría incoherente no llevar a efecto este inicio de investigación pese a no existir contra mí testimonio directo de incriminación, tal y como se refleja y se expresa tanto en el escrito razonado del titular del juzgado nº 18 de Valencia como en el referido auto del Tribunal Supremo.3º) De esta resolución se desprende que mi persona no goza de ningún privilegio, tal y como se ha intentado hacer creer a la opinión pública en burda manipulación, interesada políticamente.4º) Es mi interés y deseo el más pronto inicio de las diligencias que den lugar a mi declaración en el menor tiempo posible para el esclarecimiento definitivo de la inexistencia de ilícito alguno.5º) Expreso mi voluntad de NO DIMITIR del Senado y de permanecer en él, tal como me ampara la Ley porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad.He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales.Esta muy dolorosa decisión me permite, por otra parte, actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna para ejercer mi defensa de acuerdo con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 24.2 de la Constitución Española en los tribunales correspondientes contra las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia.Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos.
Rita Barberá pedirá la baja en el Partido Popular, pero se aferra al Senado, donde ocupa un escaño por designación de las Cortes Valencianas. Fuentes conocedoras de las negociaciones entre la dirección nacional del PP y la exalcaldesa de Valencia para intentar desbloquear la crisis desatada tras la última decisión del Tribunal Supremo aseguran que la exregidora se agarra a que no está imputada formalmente y a los estatutos del partido que fijan la dimisión de los cargos públicos en el momento de la apertura del juicio oral. Además, a que el acta le pertenece. Este paso supone la integración de Barberá en el Grupo Mixto de la cámara Alta.