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Luis Bárcenas ya puede optar a permisos penitenciarios y acaba de obtener el primero, que aún está a la espera de ser confirmado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Al haber cumplido más de la cuarta parte de la pena máxima de doce años fijada por la Audiencia Nacional, el extesorero del PP está en disposición de solicitar permisos por 36 días al año y, de hecho, la prisión de Soto del Real (Madrid), donde cumple su condena por el caso Gürtel, ha dado el visto bueno a dos de seis días cada uno. Pero sus todavía causas pendientes con la justicia, el juicio por la reforma supuestamente con dinero negro de la sede central del partido y la investigación por las presuntas donaciones de empresarios al partido conservador a cambio de contratos públicos, podrían amenazar esta nueva situación penitenciaria que se le presenta favorable tras más de cuatro años encarcelado.
Bárcenas fue condenado en firme el pasado octubre por el Tribunal Supremo a más de 29 años de prisión por la primera época de actividades de la trama liderada por Francisco Correa. Los delitos: blanqueo de capitales y fraude fiscal, ambos tipos penados en el Código Penal con un máximo de cuatro años de cárcel. En virtud del artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, por lo que la Audiencia Nacional, a petición de la defensa del extesorero, hizo el cálculo de cuánto es el tiempo máximo que deberá pasar éste en la cárcel, esto es, doce años.
Tal y como consta en el Reglamento Penitenciario, cualquier preso en segundo grado –como Bárcenas– podrá optar a permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración cada uno, hasta un total de 36 ó 48 días por año, siempre que haya extinguido la cuarta parte de la condena y no se observe mala conducta. El preso hace la solicitud, pero es la Junta de Tratamiento de la prisión correspondiente la que se encarga de analizar, estudiando cada caso concreto, si puede beneficiarse del permiso.
Según la defensa del extesorero del PP, contando el tiempo que éste pasó en prisión preventiva y lo que ha cumplido ya de la condena efectiva por Gürtel –en total más de cuatro años–, ya ha superado con creces la cuarta parte de la pena y, por tanto, presentó su solicitud de primer permiso ordinario antes incluso de que la Audiencia Nacional hiciera el cálculo oficial. Desde Instituciones Penitenciarias aclaran que la situación de cada reo es particular y en el estudio de las solicitudes de permisos influyen muchos condicionantes que no sólo pasan por el cumplimiento del cuarto de la condena. Tal y como explican fuentes de este departamento a infoLibre, las juntas de tratamiento de las prisiones realizan un estudio muy pormenorizado de cada caso que, también en el del extesorero, ha llevado varias semanas.
En todo caso, el horizonte más inmediato no pinta mal para la situación penitenciaria del extesorero del PP, pero hay dos nubarrones que podrían torcer sus planes, pues aún tiene cuentas con la justicia que están pendientes de resolución. Son las dos causas en las que Bárcenas se ha comprometido a colaborar una vez que se constató la sentencia del Supremo y la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, condenada a doce años y once meses de cárcel, de los que se le queda una pena máxima a cumplir de siete años y medio.
Como aperitivo, presentó un escrito en la Fiscalía Anticorrupción que, en realidad, pocas novedades aportaba y las que apuntaba no iban acompañadas de ninguna prueba documental o de referencia a algún testimonio que pueda corroborar sus afirmaciones, tales como que el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" de la existencia de una contabilidad opaca en el partido y que destruyó documentación que lo probaba. Tal y como ha dejado claro el Ministerio Público, lo que pueda decir Bárcenas ha de ser analizado para saber si puede ayudar a esclarecer los hechos investigados.
La causa de la que más pende de un hilo el extesorero del PP es la conocida como caja b o papeles de Bárcenas. Es la que continúa en investigación por posible delito de cohecho, pues de la documentación de la contabilidad en negro del partido que Bárcenas manejó durante casi veinte años, primero como gerente y después como tesorero, se extraen donaciones que habrían hecho empresarios, en su mayoría constructores, a cambio supuestamente de beneficiarse de contratos de obra pública en distintas administraciones del Estado dirigidas por miembros del PP. Son las épocas de José María Aznar y de Mariano Rajoy al frente del PP y el objeto de la instrucción es determinar si esas donaciones fueron finalistas, es decir, si se correspondían con alguna adjudicación en concreto. Una de las revelaciones de Bárcenas en su escrito a Anticorrupción es que algunos de esos pagos tuvieron ese carácter finalista.
Evitar un nuevo cálculo de cumplimiento máximo
El Código Penal establece penas de prisión de entre tres y seis años por cohecho. Una condena máxima por este delito para Bárcenas implicaría complicar de nuevo su situación penitenciaria, pues le devolvería a una casilla inicial, esto es, un nuevo cómputo de la Audiencia Nacional para determinar el cumplimiento máximo, que necesariamente sería mayor que el fijado ahora de doce años, al cambiar el delito de condena más gravoso. Una colaboración activa con esta investigación de la caja b que supusiera el esclarecimiento de los hechos o, al menos, que hiciera avanzar la investigación, podría reducir las opciones de acabar condenado a una pena alta por esta causa.
En cuando al juicio por la reforma con dinero negro de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, en el que Bárcenas está acusado, la Fiscalía Anticorrupción pide para él cinco años de prisión, pero el delito que suma más pena es el de apropiación indebida, por el que solicita dos años. En este caso, una posible condena por lo que pide el Ministerio Público no supondría cambios en la situación penitenciaria del extesorero, pues se le seguiría aplicando el cómputo actual, ya que el delito más grave por el que está condenado continuaría siendo el de blanqueo. Por eso, la expectación máxima reside en lo que pueda contar o aportar a la investigación de la pieza del posible cohecho.
Versiones contradictorias
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A la espera de que Bárcenas acuda a la Audiencia Nacional a ratificar su escrito –la comparecencia estaba prevista para mediados de febrero, pero fue suspendida por la coincidencia de otras declaraciones–, el juez Santiago Pedraz, instructor recién llegado al Juzgado Central número 5 que investiga los papeles de Bárcenas, ha pedido a la defensa que le haga llegar todas las pruebas de que disponga para sustentar sus acusaciones, si es que las tiene, para ir estudiándolas.
Las versiones que ha ido ofreciendo tanto el extesorero como su defensa son contradictorias entre sí y aún no se ha presentado un solo papel en la Audiencia Nacional. Primero, el abogado de Bárcenas dijo en el primer día del juicio por la obra de la sede de Génova que cuenta con un "déficit" de documentación para respaldar sus acusaciones y que hace años contaba con "ingente" información que le fue sustraída en la operación Kitchen, el operativo policial sin control judicial y sufragado con fondos reservados que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación que se hubiera podido llevar del PP cuando fue despedido.
Sin embargo, la semana pasada, en su declaración como testigo en el caso Púnica, concretamente en la pieza que investiga una posible financiación irregular en el PP de Madrid, aseguró que hace años entregó a una persona, de la que no ha desvelado la identidad, tres cajas con diversa documentación sobre sus anotaciones sobre la caja b y que está dispuesto a aportar. Dijo que ya había puesto en conocimiento del órgano judicial correspondiente esta información, en referencia al Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirige Pedraz, pero en dicho órgano judicial no había entrado estos días ninguna comunicación oficial en la que Bárcenas informara de este hecho ni facilitara ningún nombre a quien se pudiera requerir la documentación.
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