Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que aplace el juicio de la caja B hasta que el juez José de la Mata concluya la investigación parcial reabierta en febrero de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa sobre cómo los interesados en obtener contratos públicos pagaban mordidas al PP. Dado que el plazo para esa investigación no expira hasta el 31 de diciembre del próximo año, la petición de Bárcenas, de aceptarse, implicaría en la práctica que el segundo gran juicio del caso Gürtel no se celebrase hasta 2020. Es decir, hasta que haya pasado 2019, cuando a los comicios municipales y autonómicos de mayo probablemente se sume la convocatoria de elecciones generales. La vista oral sobre la contabilidad paralela del PP lleva en espera de fecha desde mayo de 2015.
En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, Bárcenas formula su solicitud después de que De la Mata, titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, diera hace dos semanas vía libre al juicio. En su respuesta a la consulta que le había planteado la Sala de lo Penal de la Audiencia, el magistrado recalcó que la "instrucción complementaria" en torno a las donaciones opacas atribuidas a empresarios "en nada afecta" a los hechos por los que el extesorero Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y tres integrantes de la empresa que reformó la sede central del PP, Unifica Servicios Integrales SL, deben sentarse en el banquillo en cuanto la Sección Segunda de la Sala de lo Penal abra hueco en su calendario. El antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, quedó excluido de la lista de acusados por "demencia sobrevenida".
Los abogados del hombre que durante dos décadas, de 1990 a 2008, anotó a mano los movimientos de una caja B donde se acumularon 7,5 millones y desde la que se pagaron desde gastos electorales a sobresueldos exponen así el porqué de su petición de aplazamiento: que no es su propósito "dilatar aún más el enjuiciamiento de unos hechos que vienen provocando de largo una elevada pena de banquillo" sino "garantizar el máximo respeto del derecho de defensa" de Bárcenas.
Y es –alegan los abogados– ese derecho el que "exige adoptar la mayor de las cautelas". ¿Para qué? Para "evitar una encubierta instrucción complementaria que pueda dar lugar a la sucesión de actos de investigación una vez agotado el trámite legal para ello, permitiendo que llegado el día de enjuiciamiento de la presente pieza, o aún celebrándose el juicio, se incorporen elementos traídos de la pieza que ahora se instruye y sobre la que, según el ilustrísimo magistrado instructor, no hay conexión ni afección".
Delitos de corrupción
En el juicio que ya se encuentra solo a falta de fecha, Bárcenas afronta la acusación por una larga ristra de delitos de corrupción que amenazan con añadir años de cárcel a los 33 a que fue condenado en mayo por el primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y cuya sentencia ya certifica la existencia de la caja B. La nómina delictiva que le atribuye la Fiscalía en el juicio de los papeles queda así: organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y apropiación indebida. El PP ocupa solo la posición de responsable civil subsidiario. Pero una eventual condena por delito electoral a Bárcenas o al exgerente Cristóbal Páez colocaría otra pesadísima losa sobre el partido porque demostraría de nuevo que utilizó dinero ilegal en sus campañas.
En esa respuesta, De la Mata detallaba cuáles son los hechos que ya están en espera de juicio: la existencia y funcionamiento de una caja B en el PP; los trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13, ejecutados por Unifica Servicios Integrales SL entre 2005 y 2010 y supuestamente financiados parcialmente con dinero negro; la falta de declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones de Libertad Digital.
Y señalaba también a quiénes afecta la investigación: "Está dirigida –explicaba– contra las personas respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3". Y en ese epígrafe 3 quienes aparecen son los empresarios que ya habían sido investigados una vez los papeles de Bárcenas salieron a la luz en 2013. Pero aparece también el exministro Ángel Acebes, secretario general del PP hasta 2008. La imputación que pesaba sobre todos ellos quedó archivada provisionalmente en marzo de 2015.
El entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, adujo en apoyo del sobreseimiento dos cosas que De la Mata reproduce ahora en su respuesta a la Sala de lo Penal: la primera, "que existían datos para dotar de suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones económicas registradas y atribuidas a las personas indicadas"; la segunda, que pese a ello "no resultaba posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".
La confesión de Correa
El juez de la caja B del PP pide un informe urgente a Interior sobre los pagos de fondos reservados al chófer de Bárcenas
Para la reapertura del caso fue determinante la confesión de Francisco Correa al comienzo del primer gran juicio de Gürtel. A mantener viva la investigación ha contribuido el hecho de que tres empresarios de la lista –Alfonso García Pozuelo, de la antigua Constructora Hispánica; Rafael Palencia, de Degremont; y Vicente Cotino, de Sedesa– admitieran en un momento dado haber hecho pagos al PP, aunque ninguno de los tres ha accedido a declarar ante De la Mata en la nueva investigación sobre las donaciones.
Ahora, tomando como base su razonamiento sobre el derecho a la defensa y a no toparse en el juicio con nuevos e inesperados datos potencialmente incriminatorios, Bárcenas pretende que la Sala de lo Penal requiera a De la Mata y luego se la comunique a su defensa información sobre tres puntos clave: qué diligencias de investigación tiene en marcha y "cuál es el objeto que se persigue"; si existe algún informe policial o tributario por recibir; y "si está pendiente la decisión de imputación respecto de alguna de las personas físicas o jurídicas que ya son objeto de acusación en la pieza pendiente de enjuiciamiento".
Es en previsión de que la Audiencia "no considere procedente" pedirle a De la Mata ese informe aclaratorio –extremo que se perfila como el más probable–, los representantes de Bárcenas piden a la sala "que acuerde no señalar el inicio de las sesiones del juicio oral hasta en tanto no concluya el plazo señalado al juzgado central de instrucción número 5 para concluir la instrucción denominada 'complementaria', fijado para el 31 de diciembre de 2019".
Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que aplace el juicio de la caja B hasta que el juez José de la Mata concluya la investigación parcial reabierta en febrero de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa sobre cómo los interesados en obtener contratos públicos pagaban mordidas al PP. Dado que el plazo para esa investigación no expira hasta el 31 de diciembre del próximo año, la petición de Bárcenas, de aceptarse, implicaría en la práctica que el segundo gran juicio del caso Gürtel no se celebrase hasta 2020. Es decir, hasta que haya pasado 2019, cuando a los comicios municipales y autonómicos de mayo probablemente se sume la convocatoria de elecciones generales. La vista oral sobre la contabilidad paralela del PP lleva en espera de fecha desde mayo de 2015.