El proyecto de almacenamiento de gas de la empresa Gas Natural en Doñana se dirime en una larga e incierta batalla judicial. Está en juego no sólo el plan de almacén de la multinacional energética, que implica una red de gasoductos de 72 kilómetros, sino una reclamación patrimonial de 358,7 millones de euros presentada por la compañía contra la Junta de Andalucía, por considerar que ha cambiado su posición a lo largo de su tramitación. Gas Natural esgrime en defensa del proyecto su carácter estratégico, el impulso otorgado al mismo por el Gobierno central –apoyo que abarca las etapas socialista y del PP– y la "dependencia energética" de España. En su reclamación patrimonial contra la Junta, a la que ha tenido acceso infoLibre, acusa al Gobierno autonómico de obstaculizar el proyecto por motivos "políticos". La Junta lo niega.
Los planes de Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural-Fenosa, consisten en extraer el gas natural que queda en el subsuelo del entorno de Doñana y luego utilizar estos yacimientos para almacenar su propio gas. Ello requiere un red de gasoductos de 72 kilómetros que se adentra en el Espacio Natural de Doñana. Gas Natural lleva extrayendo gas del entorno de Doñana desde hace casi 30 años. Durante este periodo, la compañía multinacional ha extraído gas natural de los yacimientos del subsuelo para producir 13.000 gigavatios/hora (GWh, mil millones de vatios por hora), equivalentes a siete años de consumo convencional de Andalucía.
El proyecto actual pretende ampliar y prolongar indefinidamente en el tiempo la actividad industrial de Gas Natural en Doñana. El plan, que se compone de cuatro subproyectos, tiene las necesarias Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) positivas del Gobierno central. Las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente fueron obtenidas entre 2010 (Marismas Occidental) y 2013 (el resto de proyectos: Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo). Un importante impulso institucional al proyecto lo dio en 2011 el entonces ministro de Industrial, el socialista Miguel Sebastián, al adaptar la autorización para extraer gas para permitir también su almacenamiento.
El proyecto ha encontrado obstáculos en la Junta de Andalucía. De sus cuatro subproyectos, tienen el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente dos de ellos: Marismas Occidental y Aznalcázar. El subproyecto Saladillo, aunque está dentro del Espacio Natural, no necesita la autorización de la Junta porque empezó a tramitarse antes de la entrada en vigor de la Ley de Calidad Ambiental de Andalucía. De lo que sí está pendiente Saladillo es de obtener la autorización del Espacio Natural de Doñana, que es "preceptiva", según la Consejería de Medio Ambiente. "Los requisitos para la obtención de esta autorización se han endurecido con la nueva normativa de la Consejería", señalan fuentes de la Junta. No obstante, donde Gas Natural tiene el principal problema es en el proyecto Marismas Oriental, que se adentra en el Espacio Natural.
Sin evaluación conjunta
Marismas Oriental ha sido el principal caballo de batalla del enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y Gas Natural, según ha comprobado este periódico analizando la tramitación administrativa de los diferentes proyectos. En abril de 2013 la Junta suspendió el plazo de resolución sobre los proyectos Marismas Oriental y Aznalcázar para solicitar al Gobierno central una evaluación conjunta de todos los proyectos. Ahí comienza la batalla judicial. La empresa presentó un recurso de alzada, que fue desestimado, y acudió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en 2015 falló a favor de la Junta sin entrar al fondo del asunto. Como tercera medida, Gas Natural presentó una reclamación patrimonial por vía administrativa contra la Junta de Andalucía.
Dicho expediente sigue pendiente de resolución. La reclamación patrimonial de Gas Natural, presentada en abril de 2014 pero a cuyo expediente abierto se continúa incorporado información, alega que su planificación responde a una "demanda basada en el interés general" y "reiteradamente" avalada por el Gobierno. La empresa subraya la "situación de dependencia energética" de España, "especialmente de gas natural" y más aún ante los posibles problemas de abastecimiento desde Argelia. Esta línea de argumentación de Gas Natural, junto con la inclusión de su proyecto en la planificación estatal del sector del gas, es un punto fuerte de su argumentación, admiten incluso fuentes de la Junta de Andalucía, que son conscientes de que la compañía va a "a por todas" y plantea "una batalla a largo plazo".
Motivos "políticos"
En su reclamación patrimonial, Gas Natural acusa a la Junta de Andalucía de "arbitrariedad" y de actuar de forma "cambiante", "oportunista" y por "mera conveniencia". A juicio de la empresa, la Junta tomó su decisión por motivos "políticos". Consultada por este periódico, Gas Natural no aclara a qué se refiere en este punto. No obstante, fuentes conocedoras del conflicto señalan que el motivo podría ser la mayor dureza de la Junta en relación con el proyecto a raíz de la entrada de IU en el Gobierno regional en 2012 y, fundamentalmente, a partir del cambio de Gobierno central en 2011, con la salida de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y la entrada de Mariano Rajoy (PP).
La multinacional cuantifica el posible perjuicio a la empresa en un máximo de 358,7 millones de euros. Gas Natural considera que su proyecto cobra sentido únicamente cuanto pueden desarrollarse sus cuatro subfases, por lo que una obstaculización de la Junta para una de ellas, o incluso para dos, quitaría sentido al conjunto. No obstante, la compañía no aclara qué haría en caso de no poder desarrollar el proyecto completo. Es un escenario que no contemplan.
"Seguridad jurídica"
El Ministerio de Medio Ambiente rechazó en 2013 la petición de la Junta de Andalucía de realizar una evaluación conjunta de los efectos acumulativos de los cuatro proyectos. En una comunicación de 11 de julio de 2013, Medio Ambiente defiende su evaluación ambiental ya realizada y señala que la Junta de Andalucía "ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre los proyectos a lo largo de todo el procedimiento de evaluación ambiental, sin que haya planteado objeción alguna".
Igual reproche realiza Gas Natural: el Gobierno andaluz no planteó ninguna traba al proyecto hasta la súbita suspensión de 2013. En un determinado momento, la Consejería de Medio Ambiente da un giro de 180 grados", dice la compañía en su reclamación, en lo que considera una "abrupta" renuncia al cumplimiento de "su deber" y una "violación manifiesta de la seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe".
"El Ministerio entiende que se ha realizado una completa valoración de las afecciones acumuladas que la ejecución de los proyectos puede provocar sobre el medio ambiente", señala la comunicación gubernamental, firmada por el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, que luego ocuparía la subsecretaría de Presidencia y acabaría dimitiendo por el caso Acuamed. Ante esta negativa a volver a evaluar el proyecto, la Consejería de Medio Ambiente respondió en noviembre de 2013: "No puede aceptarse que la Junta de Andalucía se haya pronunciado sobre los efectos sinérgicos o acumulativos, entre otros motivos porque no fue así requerido". Y reprochó al Gobierno la superficialidad del análisis de riesgos: "Una cosa es mencionar y describir los posibles efectos acumulativos, y otra muy distinta evaluar sus impactos y pronunciarse expresamente sobre los mismos".
Luz verde a Aznalcázar, freno a Marismas Oriental
En cualquier caso, la Junta tuvo que levantar la suspensión sobre la tramitación autonómica de los proyectos Marismas Oriental y Aznalcázar. Y finalmente se pronunció con una resolución de enero de 2016. Resultado: luz verde a Aznalcázar y denegación de la llamada "Autorización Ambiental Unificada" a Marismas Oriental. Gas Natural ya ha presentado recurso de alzada contra esta denegación. Si no prospera, continuará por la vía judicial. "La compañía acudirá a las instancias que considere apropiadas para defender sus intereses", sentencia la compañía." Se trata de unos proyectos que cuentan con DIA positivas y una tramitación exhaustiva, además de llevar desarrollándose en el entorno desde hace más de 30 años", añade.
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Sustitución del gasoducto en un 25%
Aunque Gas Natural no tiene todos los permisos para terminarlo, el proyecto ya ha echado a andar. La compañía comenzó los trabajos de la primera fase, Marismas Occidental, fuera del Espacio Natural, tras la declaración de esta subfase de "utilidad pública" por el Ministerio de Industria en marzo, con José Manuel Soria como titular. "Ya se ha concluido la ejecución de los prepozos y la sustitución del gasoducto [actualmente existente] se ha realizado en un 25%", informa un portavoz de la compañía sobre la marcha de los trabajos. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, insistía esta semana en que el proyecto "no se va a poder llevar a cabo" en su integridad. Avecina choque de trenes. Numerosos grupos ecologistas se oponen al proyecto, que es objeto de una fuerte controversia política en Andalucía. Partidos políticos como Podemos e IU y asociaciones como Ecologistas en Acción, WWF y Greenpeace exigen a la Junta que paralice los trabajos. El Gobierno andaluz asegura que no es competente para ello.
Además de todas estas incertidumbres, la Comisión Europea "ha requerido información actualizada" al Estado español sobre la tramitación de cada uno de los proyectos, "con el objetivo de confirmar" el cumplimiento de la legislación medioambiental, explica un portavoz de la Comisión en España.
El proyecto de almacenamiento de gas de la empresa Gas Natural en Doñana se dirime en una larga e incierta batalla judicial. Está en juego no sólo el plan de almacén de la multinacional energética, que implica una red de gasoductos de 72 kilómetros, sino una reclamación patrimonial de 358,7 millones de euros presentada por la compañía contra la Junta de Andalucía, por considerar que ha cambiado su posición a lo largo de su tramitación. Gas Natural esgrime en defensa del proyecto su carácter estratégico, el impulso otorgado al mismo por el Gobierno central –apoyo que abarca las etapas socialista y del PP– y la "dependencia energética" de España. En su reclamación patrimonial contra la Junta, a la que ha tenido acceso infoLibre, acusa al Gobierno autonómico de obstaculizar el proyecto por motivos "políticos". La Junta lo niega.