El representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, ha defendido este miércoles ante el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción que la entidad no incurrió en ningún tipo de responsabilidad por los contratos que durante más de una década y por importe estimado por encima de 10 millones de euros, suscribió con empresas del comisario José Manuel Villarejo para tareas diversas.
Esta ha sido la tercera sesión a la que se ha sometido la entidad financiera, imputada como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en el contexto de esos contratos. Tras más de 14 horas de comparecencia en tres jornadas diferentes, la Fiscalía Anticorrupción ha completado su interrogatorio esta mañana y la defensa de la entidad ha hecho lo propio al cabo de dos horas por la tarde.
"Fraguas ha respondido extensamente a todas las preguntas planteadas y de nuevo ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para BBVA", ha informado al término de la declaración la entidad financiera. Durante los tres interrogatorios, celebrados el 20, el 28 de noviembre y este miércoles, el juez y los fiscales han repasado uno por uno los roles que jugaron en los distintos contratos con la mercantil Cenyt de Villarejo la decena de ejecutivos y ex ejecutivos investigados en la causa y se han interesado por las medidas que adoptó la entidad al respecto (compliance) en cada uno de los casos.
En este sentido, el último contrato suscrito con Cenyt tiene fecha de junio de 2016 y fue rescindido al entrar Villarejo en prisión en noviembre de 2017, pero el banco no inició auditorías internas sobre sus relaciones con las empresas del comisario hasta que se publicaron en prensa informaciones al respecto en octubre de 2018, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.
Los correos internos del banco
Precisamente, las auditorías internas han sido objeto asimismo del interrogatorio, ya que el mismo despacho que representa al banco, Garrigues, recibió la encomienda de realizar un informe forensic sobre su situaciónforensic , incluyendo entrevistas con distintos ejecutivos que ahora están siendo investigados.
Fraguas ha dicho desconocer varios puntos de ese análisis, incluidos esos testimonios, según las fuentes consultadas, así como se ha desvinculado del detalle de determinados encargos y no ha sabido explicar por qué diversos ejecutivos del banco, incluso algunos no investigados en la causa, parecían tener conocimiento de los mismos a la luz de los correos electrónicos internos que el propio BBVA ha aportado a la Audiencia Nacional.
Corrochano, Béjar, Arbizu
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En todo caso, a lo largo de estas tres sesiones ha eximido de responsabilidad a la entidad financiera de las decisiones que pudieran haber adoptado personas físicas durante la presidencia de Francisco González, a quien no ha llegado a señalar explícitamente pero de quien ha deslizado en varias ocasiones que difícilmente habría desconocido las relaciones del banco con Villarejo.
Sí ha apuntado al ex responsable de Seguridad, Julio Corrochano, el único de la docena de investigados en esta pieza sobre el que pesa fianza –300.000 euros– y del que se presume era interlocutor de Villarejo; al ex responsable de Riesgos Antonio Béjar, quien personalmente reconoció haber firmado contratos en su departamento para localización de morosos; y al responsable del área de Regulación y Control Interno cesado en julio Eduardo Arbizu, que habría estado involucrado en la encomienda de investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda.
Este jueves será el turno de José María García Crespo, que fue citado como investigado por esta causa pero pidió un aplazamiento por razones de agenda. Se trata del que fuera director de servicios jurídicos del BBVA para España y Portugal entre 2006 y 2013 y su declaración marcará un punto de inflexión porque, de acuerdo a las fuentes consultadas, es previsible que se acuerde el levantamiento del secreto de actuaciones una vez pase por el juzgado.
El representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, ha defendido este miércoles ante el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción que la entidad no incurrió en ningún tipo de responsabilidad por los contratos que durante más de una década y por importe estimado por encima de 10 millones de euros, suscribió con empresas del comisario José Manuel Villarejo para tareas diversas.