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Besteiro se querella contra la jueza que le imputó y la acusa de “prevaricar”

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El exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro se ha querellado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la jueza Pilar de Lara, instructora de la Operación Pulpo, en la que lo investiga por supuestos cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos.

En la querella, el expresidente de la Diputación de Lugo acusa a De Lara de "prevaricación judicial" y se sitúa como objeto de la "injusta y arbitraria imputación" de varios delitos. En concreto, alude a viajes supuestamente financiados por el ente provincial que la jueza incluye en su auto de investigación pese a conocer "de forma fehaciente" que habrían tenido lugar bajo el mandato del popular Francisco Cacharro, predecesor de Gómez Besteiro al frente de la Diputación de Lugo.

"El auto imputa al señor Besteiro como presunto autor de diversos delitos, en relación, entre otros hechos, con unos viajes a Eurodisney, a la India, un crucero por el Rhin, etc., en unas fechas –como la magistrada conocía– en las que el señor Gómez Besteiro no era presidente de la Diputación ni tenía cargo alguno en la misma", arguye.

En todo el documento se incide reiteradamente en que De Lara, jueza que también investiga a Besteiro por cuatro delitos en la denominada Operación Garañón, "sabía perfectamente lo que hacía" porque "contaba con todos los datos" y, pese a ello, "prefirió imputar falsamente, quién sabe con qué objetivo". De hecho, subraya que "la ocultación de las fechas de las facturas en su auto, no así de los importes, es la mejor prueba de que la resolución es injusta".

"Doblemente injusta" es la resolución, profundiza la querella, si se tiene en cuenta que "al imputar injustamente por unos hechos a quien es inocente", en alusión a Besteiro "y las otras personas mencionadas en el auto", se deja de "imputar, también injustamente, a quien sí debiera ser investigado, corriendo los plazos de prescripción". Y es que, aunque constata que Cacharro ha fallecido, matiza que no se investiga "al equipo anterior".

"Ansia de imputar primero e investigar después"

Besteiro y su defensa explican que la querella es interpuesta ahora, cuando "la víctima ha dejado todos sus cargos públicos" para que este paso no pueda ser objeto de "interpretación" en cualquier otro ámbito ajeno al "jurídico penal" y advierte que la llamada al procedimiento "como presunto autor" solo puede realizarse "si hay indicios".

"Y no puede haber indicios si Gómez Besteiro no tenía cargo alguno en el momento de producirse unos viajes en los que, como decimos, De Lara tenía las facturas con su concreta fecha, habiendo hecho relación en su auto a los importes económicos que constan en dichas facturas, pero habiendo ocultado dolosamente la fecha de las mismas", remarca.

A renglón seguido, censura "el ansia de imputar primero e investigar después" de la jueza que, continúa, "a la vista de otros asuntos que ha tramitado pareciera que fuera su modus operandi habitualmodus operandi" y que le ha llevado "a recorrer el camino que nunca deben recorrer –y no recorren– los miembros de la carrera judicial".

Según el exlíder del PSdeG y su representación legal, De Lara tiene "un empecinamiento" en creer que cualquier actividad política es "per se corrupta", lo que la conduce a dictar en ésta y "otras muchas ocasiones anteriores resoluciones objetivamente injustas". "A ello ha de ponerse coto ya", manifiesta, antes de reprobar también su "actitud ciertamente hostil con los imputados" políticos.

La defensa de Besteiro ya había intentado apartar a De Lara de una causa, para lo que presentó un escrito ante la Audiencia Provincial de Lugo para que declarase la "falta de competencia" de esta jueza para llevar a cabo la investigación sobre la urbanización de O Garañón.

"Nunca antes en la historia"

El escrito de ahora incide en la "filtración" del auto y advierte que "probablemente" la "intención" de la jueza sea "posteriormente" modificar el objeto de la imputación "a la vista de las explicaciones que se le darán y que ella sabe inevitables", pero insiste en que "el hecho notorio" de que Besteiro no fuera presidente de la Diputación en las fechas de los viajes "hace que no haya que esperar".

"No hay excusa, no se trata de que haya que hacer una prueba pericial de voz, por ejemplo, para darse cuenta de que la imputación es falsa", señala, sin aludir a ningún caso concreto, si bien el exalcalde de Ferrol y ahora conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, fue imputado por De Lara por una grabación, pero después se demostró que no era su voz y la imputación le fue retirada.

En la querella, se hace notar que "el enorme daño mediático y reputacional" a Besteiro ya ha sido logrado, además, por lo que cualquier matización de las "imputaciones" solo podría entenderse como una "reparación" posterior a la atribución de los delitos.

Al margen, insiste en que De Lara "imputa por doquier a políticos, empresarios y otros, en instrucciones habitualmente secretas y casi siempre interminables". "Pareciera como si el fin del proceso penal fuese imputar y no juzgar", apunta. "Y pareciera también que desconoce que se debe imputar como presunto autor cuando haya indicios, no imputar para buscar los indicios", apostilla.

Para el exdirigente socialista "nunca antes en la historia judicial desde la Constitución" se había producido "un caso semejante en Galicia" y, "salvo excepciones que precisamente ya han sido apartadas de la carrera judicial", tampoco en España.

Al margen de los viajes

Con independencia de los viajes, en los que se centra sobre todo la querella, en el resto de asuntos, la querella incide en que "el auto hace ver que habría prueba bastante y habla de indicios serios", además de alertar de "coordinación entre los presuntos autores y que, además, se habrían puesto muchísimas dificultades", lo que en el escrito se interpreta como un intento de "magnificar" la investigación.

Además, se señala que se "imputan hechos ya fiscalizados hace años por los órganos administrativos correspondientes –hasta a nivel político–, y que tienen reflejo en la contabilidad".

"Por ejemplo, las imputaciones que se hacen respecto de la marca KM0 y del Proyecto Lugo O2, parecen seguir la misma tónica: ni tales investigaciones guardan relación con lo que fue el origen del proceso, un supuesto acoso laboral, ni parece que, por prudencia, tales cuestiones deban ser iniciadas en vía penal cuando ni los órganos llamados a fiscalizar tales gastos lo han cuestionado", apunta.

Como caso concreto y, en el marco del "afán incriminatorio y la arbitrariedad que rezuma todo el auto", la querella llama la atención sobre el hecho de que "se realce un sumatorio de los dos contratos con Monbus existentes desde el KM0, cuando en concreto, el segundo de ellos, licitado por procedimiento abierto, no ha sido ejecutado, sino en una cifra ínfima, y por lo tanto no ha habido el abono de 800.000 euros que se dice al grupo Monbus".

La UDEF a la Diputación de Lugo

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De Lara, por su parte, ha enviado de nuevo este martes a varios agentes de la UDEF de la Policía a la Diputación de Lugo para recabar más documentación sobre el programa social.

En concreto, los agentes se han llevado facturas –tanto en soporte físico como digital– y toda la documentación relacionada con los pagos, documentos manuscritos y correspondencia electrónica entre los años 2003 y 2014. El programa social de la Diputación de Lugo consiste en subvenciones para servicios médicos, gastos de vivienda y prestaciones por jubilación, entre otros conceptos.

En cuanto al registro, la diputada de Economía de la institución provincial, Pilar García Porto, ha confirmado la entrada de la UDEF en el Registro pero ha señalado que, en tanto que el gobierno no tiene acceso al sumario, desconoce la naturaleza de los documentos solicitados.

El exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro se ha querellado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la jueza Pilar de Lara, instructora de la Operación Pulpo, en la que lo investiga por supuestos cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos.

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