La investigación judicial del caso mascarillas se topa con varios obstáculos en sus primeros días de vida. Dos semanas después de que el juez Adolfo Carretero admitiese a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el magistrado y las partes personadas en la causa se han chocado de frente con los dos primeros muros del procedimiento. Por un lado, la imposibilidad de retener a aristócrata y empresario las cantidades que, según las pesquisas del Ministerio Público, se embolsaron al calor de los contratos para la compra de material sanitario suscritos por el Ayuntamiento de Madrid con la firma malaya Leno –solo se ha podido embargar menos de un cuarto de lo que se reclama–. Y, por otro, la falta de colaboración de uno de los testigos clave en el caso, que serviría para arrojar luz sobre el papel real que ambos comisionistas jugaron en todo el proceso de compra del consistorio.
Anticorrupción cifró en 5,56 millones de euros las comisiones cobradas por Medina y Luceño, un dinero que se gastaron en embarcaciones, coches de alta gama, relojes de lujo, propiedades o productos financieros. El primero, se embolsó 4,65 millones. El segundo, 0,91 millones. Son, a ojos de la Fiscalía, las "ganancias del delito". De ahí, que en su querella solicitase al juez "el embargo preventivo" de esos bienes y cuentas bancarias hasta completar la cifra que se llevaron como intermediarios más lo impuesto en concepto de una posible responsabilidad civil. Sin embargo, el primer intento del juez por ejecutar dichas cautelares ha sido infructuoso. El magistrado se ha encontrado con que las cuentas bancarias y bienes que ha podido retener a aristócrata y empresario no cubren, ni de lejos, las cantidades exigidas por Anticorrupción.
Los dos comisionistas se deshicieron de parte del botín. En el caso de Medina, el magistrado se encontró con sus cuentas secas. En concreto, solo tenía 247,26 euros en una de ellas –las otras, según informó la entidad bancaria, se encontraban en números rojos–, a lo que habría que añadir el yate que adquirió por 325.515 euros: Feria. Ni rastro, sin embargo, de los bonos bancarios adquiridos por valor de 400.000 euros poco después de cobrar la comisión. El aristócrata empezó a vender los productos financieros algunas semanas después de comprarlos. Una parte, incluso, cuando Anticorrupción ya le había citado a declarar, según reveló elDiario.es. Ahora, el juez instructor ha imputado al aristócrata un delito de alzamiento de bienes, que se suma a la estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Tampoco el magistrado ha logrado retener a Luceño el total de lo que reclama el Ministerio Público. En sus cuentas bancarias, tanto las que estaban a su nombre como al de su empresa, se ha encontrado con 129.139 euros. A esto se le suma la vivienda que el empresario adquirió con su comisión en una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que pagó 1,1 millones de euros y que ya ha dado orden de bloquear al Registro de la Propiedad. Como ha ocurrido con el caso de Medina, el juez también se ha percatado en sus comprobaciones que Luceño se desprendió hace apenas dos semanas de parte de los coches de lujo que había adquirido con el dinero percibido al calor de los contratos sanitarios. Entre enero y abril, transfirió un Range Rover, un KTM X BOX y un Lamborghini Huracan Eco Spider.
Entre el dinero que se embolsaron y la posible responsabilidad civil, Anticorrupción reclama a ambos 6,78 millones de euros. Sin embargo, hasta el momento de elaboración de esta información solo se ha podido retener bienes por un total de 1,56 millones de euros. Es decir, menos de un cuarto de lo que se busca.
Por ello, el magistrado pidió a las partes que planteasen más cautelares económicas para asegurar las cantidades reclamadas. Más Madrid, Podemos y PSOE exigieron que se iniciasen averiguaciones en ambos casos para determinar qué otros bienes muebles e inmuebles tienen los investigados y proceder así a su embargo. Además, los socialistas también reclamaron, en el caso de Medina, que le embarguen "los derechos que puedan corresponderle" de la herencia de su abuela, quien fuera duquesa de Medinaceli.
El juez ya ha librado un exhorto al Juzgado de Primera Instancia Número 12 de Sevilla para que informe si en el mismo se encuentra abierto un procedimiento judicial por la herencia y, en ese caso, para que aclare si el aristócrata "es parte procesal como demandante y heredero". De ser así, solicita que "se embarguen preventivamente los derechos hereditarios del mismo".
Mientras, tal y como ha adelantado Público, Luceño ha decidido recurrir el embargo de sus bienes. El investigado, explica el citado diario, se ha escudado en la necesidad de hacer frente a algunos gastos personales y profesionales comprometidos. Así, hace referencia a la cuota de autónomos, el alquiler de una oficina y plazas de garaje, el pago de facturas o cuestiones referentes a la educación de sus hijos.
El testigo clave se niega a colaborar
No ha sido el único jarro de agua fría que ha caído sobre el proceso judicial. En estas dos primeras semanas de vida, el magistrado también se ha encontrado con la negativa a colaborar con la justicia española de Dato Sri San Chin Choon. Este empresario es una pieza clave en la causa. Al fin y al cabo, figura en los documentos incluidos en el sumario como director gerente de la empresa Leno, la compañía radicada en el país asiático con la que el consistorio de la capital suscribió los contratos para la compra de material sanitario y de cuya cuenta bancaria salió posteriormente el dinero que llegó a Medina y Luceño.
Anticorrupción llevaba meses intentando dar con San Chin Choon. En mayo de 2021, se remitió una comisión rogatoria a las autoridades de Malasia para que tomasen declaración como testigo del empresario. "La asistencia solicitada tiene por objeto acreditar la comisión de los hechos que están siendo investigados por la justicia española en la presente causa", recogía entonces un escrito del fiscal Luis Rodríguez Sol, quien reclamaba que la solicitud se tramitase "con la mayor urgencia posible" y quien pedía en la misma que se requiriera al representante de Leno para que aportase "copias de los documentos que tenga en su poder y que sirvan para aclarar las siguientes cuestiones". "En particular, las comunicaciones realizadas por correo postal o electrónico, mensajes de telefonía sms, Whatsapp o similares, con Alberto Javier Luceño y Luis Ramón Medina", completaba.
Aquel escrito iba acompañado de 19 preguntas. Así, el Ministerio Público se interesaba por los motivos de las diferentes transferencias, el método para calcular el cobro de las comisiones, cuál habría sido el precio cobrado por los productos sin la intervención de Medina y Luceño, quién firmó diferentes documentos o si el aristócrata y empresario habían sido "los agentes exclusivos" de la firma Leno. Estas dos últimas cuestiones son clave. La primera, porque Anticorrupción cree que los dos comisionistas aportaron documentos falsos a las entidades bancarias cuando les pidieron explicaciones por los fondos millonarios que habían llegado a sus cuentas desde Malasia. Y la segunda, porque Luceño asegura que es agente exclusivo de esa compañía, algo que la Fiscalía rechaza en su querella.
La jefa de compras de Almeida declaró que el otro contrato investigado por estafa llegó por una intermediaria: "Araceli"
Las autoridades malayas consiguieron identificar y localizar a San Chin Choon. Pero no aportará información alguna. "Como se negó a colaborar, lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración", se recoge en un reciente escrito del jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la Fiscalía de ese país, que aclara que "bajo" la legislación malaya "una declaración solo será grabada si la persona accede" a hacerla cuando un caso, como este, se encuentra en fase de investigación.
El desaparecido Mr. Solomon
Otra de las piezas de este gran rompecabezas que continúa atascada es la que tiene que ver con Sinclair&Wilde, consultora afincada en Estados Unidos que está detrás de una segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Si bien el caso se conoció a través del sumario que afecta a Medina y Luceño, lo cierto es que el asunto lleva meses en la mesa de otro juzgado diferente. En concreto, el de Instrucción número 30 de Madrid. Sin embargo, la causa, como contó infoLibre, se encuentra sobreseída provisionalmente desde julio de 2021 ante la imposibilidad de dar con el empresario que negoció directamente con el propio consistorio de la capital. A "Mr. Philippe Solomon", el nombre al que la distinta documentación aportada sitúa al frente de una empresa poco relacionada con el comercio internacional de material sanitario, se lo tragó la tierra.
Aunque el caso siga cerrado de forma provisional, lo cierto es el asunto ha vuelto a reactivarse de nuevo. El impulso, según fuentes jurídicas, ha llegado tras un escrito policial alertando al juez de que el desaparecido consultor podría estar operando con otra identidad diferente. A esto, se suman otras claves aportadas por la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, en su declaración ante el fiscal. "A esa llegamos también a través de una intermediaria llamada Araceli", recalcó la alto cargo del consistorio en su comparecencia como testigo ante Rodríguez Sol, tal y como ha puesto de manifiesto este diario.
La investigación judicial del caso mascarillas se topa con varios obstáculos en sus primeros días de vida. Dos semanas después de que el juez Adolfo Carretero admitiese a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el magistrado y las partes personadas en la causa se han chocado de frente con los dos primeros muros del procedimiento. Por un lado, la imposibilidad de retener a aristócrata y empresario las cantidades que, según las pesquisas del Ministerio Público, se embolsaron al calor de los contratos para la compra de material sanitario suscritos por el Ayuntamiento de Madrid con la firma malaya Leno –solo se ha podido embargar menos de un cuarto de lo que se reclama–. Y, por otro, la falta de colaboración de uno de los testigos clave en el caso, que serviría para arrojar luz sobre el papel real que ambos comisionistas jugaron en todo el proceso de compra del consistorio.