"Al menos por parte de la Caja, nunca se ha desahuciado ni ejecutado a ningún cliente de cualquier naturaleza por impago o desatención de uno o varios efectos". De esta forma se expresaba en 2005 el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al defender el impago durante siete años por parte del Partido Popular de 35.587 euros que debía por el alquiler de la sede del municipio madrileño de Majadahonda, según consta en el acta de la reunión celebrada por el consejo de administración de Caja Madrid el 20 de junio de 2005, a la que ha tenido acceso infoLibre.
Según el documento, suministrado por la Fundación Montemadrid al juez Fernando Andreu, que ha finalizado la investigación de la pieza separada de las tarjetas black del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Blesa quitó hierro al asunto en la reunión del consejo en la que se discutió la información de "un medio de comunicación" que destapó el impago por parte del PP. En concreto, Blesa aseguró que en ese caso "no han ocurrido cosas muy distintas a las habituales ofertas, contraofertas, silencios y dilaciones propias de cualquier relación entre comprador y vendedor".
Pero los datos oficiales suministrados por el Gobierno muestran que desde el año siguiente, el 2006, las entidades bancarias, entre ellas Caja Madrid-Bankia, protagonizaron miles de ejecuciones hipotecarias: 16.097 en 2006, 17.412 en 2007, 20.549 en 2008, 37.677 en 2009, 54.250 en 2010, 64.770 en 2011 y 75.375 en 2012. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aporta los datos de los dos años siguientes: 82.680 en 2013 y 80.749 en 2014.
El acta del consejo muestra que Blesa reconoció que el inmueble había sido arrendado por el PP en 1993, aunque explicó que la Caja se había hecho con el mismo "en esos años, fechas en las que esos tipos de activos eran muy voluminososos para la Caja y con complicadas negociaciones con los inquilinos y potenciales compradores". Además, el entonces presidente de la entidad financiera madrileña explicó que la deuda de 35.587 euros que se acumuló durante varios años "se procedió a liquidar el pasado mes".
¿Quiénes conocían esta situación?
El consejero a propuesta del PSOE Antonio Romero se dirigió entonces al resto de integrantes de la dirección de la entidad madrileña: "Desde octubre de 1996 hasta el 2003 Caja Madrid dejó de percibir unos ingresos que le correspondían en derecho". ¿Ha ocurrido esto en otras ocasiones? Si es excepcional, ¿a qué se debe el trato diferenciado? ¿Qué medidas se emprendieron? ¿Quiénes eran conocedores de esta situación a lo largo de los cinco años, en la estructura de la Caja y en el consejo de administración?".
Y Romero continuó con sus preguntas, aunque antes citó las palabras de Blesa en las que aseguraba que "apenas hace unos días se pagó": "¿Creen ustedes que después de dos años de haber dejado el local, el PP hubiera abonado esta deuda? ¿O piensan que si no nos hubiéramos enterado a través de las indagaciones de los periodistas no lo habrían pagado nunca?".
Para el consejero a propuesta del PSOE, el impago durante siete años del alquiler de la sede del PP de Majadahonda era de "una tremenda gravedad", para posteriormente reclamar la dimisión como consejero de Caja Madrid del que había sido alcalde de Majadahonda y presidente del PP de este municipio del norte de Madrid, Ricardo Romero de Tejada.
"En este consejo se sienta quien en 1998 hasta 2003, no sólo era vocal del mismo, sino también presidente del PP en Majadahonda, secretario general del PP de Madrid, es decir representante legal de la organización deudora. Por ello, me parece inconcebible que su actuación haya permitido este conflicto entre Caja Madrid y el Partido Popular de la que es partícipe en las más altas instancias en ambas", especificó el entonces consejero, quien aseguró que durante un periodo de más de cinco años "un vocal del consejo de administración y de su comisión ejecutiva se ha encontrado en situación de morosidad con la entidad financiera".
Blesa defendió al PP
Pero entonces Blesa, cuyo despacho había trabajado para el Partido Popular, tal y como confirmó la propia formación política a infoLibre, pidió que se enjuiciara el caso "dentro del contexto en el que se produce". "En 1996 la Caja tenía en su balance activos adjudicados por un valor aproximado de 135.000 millones de pesetas; en el inventario figuraban aproximadamente 14.000 unidades, con situaciones jurídicas bien distintas [...]. Afortunadamente, todo se ha resuelto con el pago íntegro de la deuda pendiente más los intereses de demora, con lo que el perjuicio a la Caja ha quedado reparado".
Y entonces Blesa defendió la actuación en el seno de Caja Madrid, al asegurar que en ningún momento, "puedo asegurarlo, ha habido un comportamiento doloso por parte de las personas de la Caja competentes en la gestión de los activos adjudicados".
Después tomaron la palabra otros consejeros de la Caja. Como por ejemplo Francisco José Moure, quien consideró "exagerados los planteamientos" del consejero del PSOE, "en cuanto a que un tema como éste pueda afectar a los cimientos de la Caja, incluso por su escasa cuantía, ya liquidada, sin perjuicio de que tratándose de un partido político se deben hacer más rigurosos los controles y la transparencia en este tipo de operaciones". Moure defendió a Romero de Tejada al asegurar que "en esas fechas carecía de funciones ejecutivas en el Partido Popular de Majadahonda".
Ciertas singularidades
Otro consejero, Ignacio de Navasqüés, aseguró que después de 25 años trabajando en Caja Madrid afirmaba la existencia de "ciertas singularidades, que no privilegios, en el trato de las deudas con determinadas instituciones, que no siempre son partidos políticos, sino incluso personas físicas".
El representante de CCOO Pedro Bedia también echó un cable a Romero de Tejada (PP) al asegurar en la reunión que en ese caso "no se ha dado un tratamiento privilegiado del que puedan derivarse responsabilidades internas o del consejero".
El consejero socialista José María Arteta, que fue alcalde de Móstoles (Madrid), también tomó la palabra en la reunión, según el acta, para asegurar que durante su mandato como alcalde "por incumplimiento de un solo plazo, se han ejecutado las hipotecas o se han producido desahucios". Y fue en ese momento en el que Blesa afirmó que "al menos por parte de la Caja, nunca se ha desahuciado ni ejecutado a ningún cliente de cualquier naturaleza por impago o desatención de uno o varios efectos".
Mantener el debate en secreto
Aguirre: “A Blesa le mantuvo quien le mantuvo y a Rato le puso quien le puso”
La consejera Mercedes de la Merced tomó por su parte la palabra para reclamar a todos los presentes que el debate interno careciera de repercusión fuera del consejo de administración. Y según confirma el acta, "señaló su acuerdo con lo informado por el presidente respecto a que se trataba solo de una situación de impago de escasa cuantía y dentro de una situación compleja en la adjudicación de un activo a la Caja".
El expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán se sumó a las intervenciones anteriores señalando que en su experiencia empresarial este tipo de situaciones son usuales y las negociaciones llevan tiempo: "Más aún cuando se da, de modo general en las empresas, un trato singular a determinadas personas y organizaciones.
Romero de Tejada terminó las intervenciones señalando que él nunca negoció este tema, que ni siquiera conoció en su época al frente del Partido Popular de Majadahonda, en el que había dejado de tener funciones ejecutivas "hace varios años".
"Al menos por parte de la Caja, nunca se ha desahuciado ni ejecutado a ningún cliente de cualquier naturaleza por impago o desatención de uno o varios efectos". De esta forma se expresaba en 2005 el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al defender el impago durante siete años por parte del Partido Popular de 35.587 euros que debía por el alquiler de la sede del municipio madrileño de Majadahonda, según consta en el acta de la reunión celebrada por el consejo de administración de Caja Madrid el 20 de junio de 2005, a la que ha tenido acceso infoLibre.