“Humillación insoportable”, “bochorno internacional”, “ignominia”, “vergüenza”... El Partido Popular lleva cargando con dureza contra el Gobierno desde hace semanas con motivo de los pactos del PSOE con Esquerra y Junts para crear mesas de diálogo entre partidos con la participación de mediadores internacionales. Incluso Génova 13 tiene planeada una comisión de investigación en el Senado sobre estos acuerdos con la vista puesta en que comparezca el salvadoreño Francisco Galindo -el puente entre socialistas y poscoverngentes en Ginebra-.
Pero este viernes Alberto Núñez Feijóo sorprendió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión a solas en el Congreso de los Diputados. Sobre la mesa puso una propuesta: un mediador de la Comisión Europea para participar en reuniones a tres con el PSOE y el Partido Popular para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y pactar un cambio en la ley orgánica para la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
Esto supone un giro en la política del Partido Popular, que quiere sentar en la mesa al comisario de Justicia, Didier Reynders, al que considera un aliado para acometer los cambios que quiere. En esas reuniones, aceptadas por Pedro Sánchez, el PP enviará al vicesecretario de Asuntos Institucionales, Esteban González Pons, mientras que La Moncloa estará representada con el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El Gobierno respetará la decisión que tome la Comisión Europea sobre la figura para “mediar y verificar”, como indica el Ejecutivo, aunque cree que hay más opciones que la de Reynders y se apunta también a Vera Jourová, vicepresidenta y responsable de los temas de transparencia. Pero la idea es que los participantes por parte del PP y del PSOE entablen contactos antes de que acabe el año, según fuentes gubernamentales.
Los populares quieren que se pacte de manera simultánea la composición del CGPJ y un nuevo modelo de elección en el que la ley priorice a los propios jueces frente a las Cortes Generales. En cambio, el acuerdo en La Moncloa se interpreta de otra manera: acordar los nuevos componentes sin la necesidad, aunque se hable, de que vaya vinculado a una nueva norma.
"Estamos encantados"
El Gobierno está muy satisfecho con el paso dado y se analiza que Feijóo lo ha propuesto porque está “en un callejón sin salida”, por lo que se aferra a la Unión Europea. Asimismo, en La Moncloa recuerdan que Bruselas ha marcado claramente la línea de renovar de manera urgente el CGPJ y luego cambiar el sistema. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está en esas posiciones que llegan desde las instituciones europeas, por lo que cree que esa presencia de la Comisión remará a su favor. Además, como comentan fuentes del Gobierno y del PSOE, la propuesta hecha por Feijóo para que la UE supervise la negociación sirve para avalar los pasos dados por el PSOE con Junts y Esquerra. "Estamos encantados", deslizan en el círculo del presidente. Con otra lectura por parte de los socialistas: Feijóo empieza a asimilar que habrá una legislatura larga.
Fue el Partido Popular, que lleva días trabajando en secreto esta fórmula, el que contactó con Bruselas para ver si había agua en la piscina. El propio Feijóo lo ha reconocido: "Hemos hecho un sondeo discreto en la Comisión y nos han dicho que estarían dispuestos a supervisar. No le voy a presentar una propuesta al presidente que la Comisión luego rechace, pero sí están de acuerdo a monitorizar y seguir las negociaciones".
¿Y cómo justifica el PP ahora esta mediación de la UE en un asunto interno español y lo diferencia de los verificadores con Junts y ERC? Feijóo respondió así: “Comprendo que hagan similitudes de esta naturaleza. Pero a fuerza de ser sincero: si los socios del Gobierno no se fían del Gobierno, entenderá que la oposición tiene muy difícil fiarse del Gobierno cuyos socios no lo hacen. Por lo tanto, entiendo la suspicacia. Pero pido respeto por la Comisión Europea. Primero: es una institución española a la que hemos transferido buena parte de nuestra soberanía. Y segundo: equiparar la Comisión a un mediador salvadoreño especializado en bandas armadas me parece una falta de respeto que los políticos y los medios de comunicación españoles no podemos caer en ello”.
“La supervisión de la Unión Europea se hace con toda la transparencia, es una institución española y europea. A la Comisión le corresponde supervisar que en España se cumple el Estado de Derecho, que hay independencia judicial y que el órgano de gobierno de los jueces es independiente. Como le corresponde supervisar todo esto, lo está supervisando y está mirando de reojo el proyecto de ley de amnistía, ¡qué mejor que sea la Comisión sea la que supervise el Estado de Derecho en España!”, argumentó el líder de los populares.
El paso dado por Génova 13 va a ser aprovechado por la ultraderecha en su particular batalla con el PP en la oposición. Fuentes de Vox indicaron, tras conocerse el acuerdo, que estaban “muy preocupados por la normalización que el señor Feijóo y el Partido Popular han plasmado en esta reunión con Sánchez”. “Estamos perplejos por la propuesta de que la renovación de la justicia española se haga con la mediación de Europa. No podemos entregar las cuestiones nacionales a organismos supranacionales. Ha sido una reunión que solo sirve para que Sánchez consiga blanquear su golpe de estado; blanquear sus relaciones con golpistas y que evidencia que el señor Feijóo no se cree lo que dice en la calle”.
División en el Poder Judicial
Dentro del propio Consejo General del Poder Judicial ha sorprendido la propuesta, donde unos ven razonable la mediación de la Comisión Europea y otros consideran que se trata de una medida que no desencallará la situación, según fuentes citadas del órgano de gobierno de los jueces citadas por Europa Press. Muchos de los miembros esperan conocer la “letra pequeña” y consideran que a lo mejor puede servir para desencallar la situación.
No obstante, ya ha habido intentos de mediación entre el PSOE y el PP para lograr esa renovación. El expresidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes movió ficha con Pablo Casado y Félix Bolaños en el verano de 2021 para desatascar la situación, pero el Partido Popular se negó a pactar. En octubre del año pasado llegó a dimitir para forzar un acuerdo, pero tampoco sirvió por el rechazo a última hora de Alberto Núñez Feijóo. Ahora se encara una nueva fase para tratar de salir del bloqueo por parte del PP que ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a estar cinco años en funciones.
“Humillación insoportable”, “bochorno internacional”, “ignominia”, “vergüenza”... El Partido Popular lleva cargando con dureza contra el Gobierno desde hace semanas con motivo de los pactos del PSOE con Esquerra y Junts para crear mesas de diálogo entre partidos con la participación de mediadores internacionales. Incluso Génova 13 tiene planeada una comisión de investigación en el Senado sobre estos acuerdos con la vista puesta en que comparezca el salvadoreño Francisco Galindo -el puente entre socialistas y poscoverngentes en Ginebra-.